LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEGENERAN EN UN SIMPLE IMPUESTO A LOS TRABAJADORES

En España, el modelo de financiación de las pensiones públicas está basado en lo que se denomina el sistema de reparto, por el que de forma solidaria entre generaciones, los trabajadores en activo realizan aportaciones obligatorias para sufragar las pensiones de los trabajadores retirados. En una palabra: “yo pago la pensión de mi padre ya jubilado y mis hijos me pagarán la mía cuando yo me jubile”

 

Hasta ahora, las cotizaciones a la Seguridad Social eran aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones por el que el cotizante esperaba recuperar el dinero aportado. Si bien es cierto que con una rentabilidad incierta, ya que el número de años de vida como pensionista es una incógnita a nivel personal, pero la “vida de pensionista” en España es de unos 20 años de media (algo superior en el caso de las mujeres)

 

Realmente, pese a las críticas que pueda recibir, el sistema ha venido siendo una buena forma de previsión obligatoria que, contando con una esperanza de vida dentro de la media española, resultaba muy rentable a nivel personal. El Banco de España ha calculado una rentabilidad por aportación del 3,5% que es muy alta si además tenemos en cuenta que en los últimos años la rentabilidad por la compra de bonos ha sido incluso negativa.

 

Sin embargo, las expectativas del sistema para los próximos años no hacen previsible que esto continue siendo así y, de hecho, la Seguridad Social española lleva pagando las pensiones con cargo a deuda pública desde el año 2017 y hace ya dos ejercicios que combina el endeudamiento con aportaciones directas de los Presupuestos Generales del Estado (los denominados “gastos impropios de la SS”, que se elevan a casi 23.000 millones en 2022) y en puridad el Sistema de Pensiones está en quiebra técnica.

 

Así, en estos momentos la financiación del sistema es triple: las aportaciones de los trabajadores, la aportación del Estado vía impuestos reflejado en ellos PGE y un endeudamiento constante de la Seguridad Social que ya eleva la cifra de deuda a los 100.000 millones y que se traslada al Estado que lo financia emitiendo deuda pública. Para incrementar el problema financiero adicionalmente, el gasto en pensiones aumentará en 2023 en más de 13.000 millones al estar vinculadas al IPC, que el año 2022 se espera alcance el 8,5%.

 

Para resolver el problema cabe elevar las cotizaciones de los trabajadores en activo, lo que resolverá el problema de los trabajadores retirados, que podrán seguir percibiendo unas retribuciones estables, pero evidentemente se reduce el dinero disponible de los que aún son cotizantes y que, a su vez, se barruntan que el incremento de aportación que realizan no servirá para garantizar su propia pensión.

 

La otra posibilidad de equilibrio consiste en rebajar la cuantía de las pensiones, lo que disgustará a los trabajadores retirados (¡que son muchos votantes!: más de 6,2 millones de pensionistas de jubilación con un gasto más de 7.800 millones mensuales). Además, esta opción advertirá también a los trabajadores en activo de que el sistema “no va bien” y que no va a garantizar una pensión suficiente para su vida una vez que deje de trabajar.

 

Los gestores de la Seguridad Social niegan por activa y por pasiva que vayan a poner en marcha ninguna de las dos opciones, pero ya se ha modificado las cotizaciones con la aprobación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que aumentará un 0,6% las cuotas de las cotizaciones y la reforma de las cuotas de los trabajadores autónomos (RETA) que será en función de sus ingresos y no elegida voluntariamente como hasta ahora. De esta forma los trabajadores en activo están interiorizando una sustancial bajada de sus pensiones al mismo tiempo que se elevan sus cotizaciones al sistema.

 

Por todo ello, las cotizaciones a la Seguridad Social, que tendrían que entenderse como aportaciones a un fondo de pensiones que se recuperará a partir del momento de la jubilación, empiezan a ser entendidas como una carga económica sobre los salarios (otro impuesto más, al fin y al cabo) que no tendrá compensación suficiente en el futuro. Si eso se produce, y nada parece que pueda evitarlo, las cotizaciones de los trabajadores pasarán de ser aportaciones a un sistema de pensiones a ser un impuesto sobre los trabajadores: aportaciones para pagar retribuciones a los ya jubilados, pero que no servirán para garantizarse una pensión acorde a sus esfuerzos.

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