Las cotizaciones a la Seguridad Social abren un nuevo frente en el campo

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Los pequeños agricultores piden una bonificación total en las cuotas que pagan por sus trabajadores. Seguridad Social no quiere asumir esta factura y la pelota cae sobre Trabajo

La formación de precios y la retribución de los distintos eslabones de la cadena es el principal problema que atraviesa el campo en la actualidad. Sin embargo, su solución no se espera en el corto plazo, ya que exige un reequilibrio de fuerzas y un proceso de aumento de la transparencia de los precios intermedios y el valor añadido. Mientras el Ministerio de Agricultura sigue estudiando cómo resolver este rompecabezas, los pequeños agricultores y asalariados del campo quieren abrir un nuevo frente que amenaza con poner contra las cuerdas al Gobierno: las cotizaciones a la Seguridad Social.

Las asociaciones de agricultores y ganaderos quieren que el Gobierno les perdone las cotizaciones a la Seguridad Social por sus trabajadores, esto es, que bonifique al 100% la cuota empresarial. De esta forma se aliviaría una parte de los costes laborales asumidos por el sector con la subida del salario mínimo interprofesional. Una demanda que añadiría más presión sobre las maltrechas cuentas públicas de España.

Por su parte, los sindicatos de asalariados del campo demandan un mayor control de la Inspección de Trabajo de Andalucía y Extremadura para perseguir a los pequeños agricultores que defraudan a la Seguridad Social con trabajo en negro y jornadas sin declarar. El endurecimiento de la inspección supondría un problema añadido para los pequeños productores del campo, que consideran que la prioridad ahora no es combatir el fraude, sino buscar fórmulas para ayudar a las explotaciones que son deficitarias.

Las dos partes han trasladado al Gobierno sus exigencias, pero, de momento, los distintos ministerios echan balones fuera. Nadie quiere asumir el coste que supondría perder una buena parte de los ingresos por cotizaciones del campo. El Ministerio de Seguridad Social tiene claro que cualquier medida en este camino se tiene que financiar con impuestos, al tratarse de una política activa. En ningún caso está dispuesto a perder recursos en un momento en que el sistema público de pensiones tiene un agujero de 17.000 millones de euros.

Tampoco los sindicatos ven con buenos ojos que las ayudas en las cotizaciones del campo se financien con cargo a la Seguridad Social. Tendría que ser el Ministerio de Trabajo quien financiara estas cotizaciones a través de bonificaciones. O lo que es lo mismo, que sea el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) quien pague esas cuotas empresariales a la Seguridad Social. Sin embargo, Trabajo no ha dado todavía respuesta a esta demanda del campo y guarda silencio.

Sin duda esta medida compensaría el aumento de costes laborales producido por el incremento del salario mínimo interprofesional. Pero también generaría efectos negativos, como la pérdida de los recursos generados por las cotizaciones del sector, que tendría que ser asumida por alguno de los ministerios, probablemente el de Trabajo. Y también sería necesario diseñar concretamente a qué actividades afectaría y a qué parte del territorio nacional.

La solución rápida

Las asociaciones de agricultores y ganaderos consideran que la bonificación en las cotizaciones es una solución rápida que no afectaría ni al precio de los productos ni al resto de la cadena de producción, por lo que es una de las medidas idóneas. El único que saldría perdiendo sería el presupuesto público. O lo que es lo mismo, el resto de sectores y ciudadanos contribuirían a la mejora de la situación en el campo a través de los impuestos.

“El salario mínimo es un coste de producción más, pero ha supuesto un encarecimiento importante por las subidas de los dos últimos años”, señala Miguel Blanco, secretario general de COAG. De ahí que solicite “una bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para los profesionales empleadores del campo”.

En la misma línea se pronuncia UPA, que reclama una bonificación al 100% de la cuota empresarial. Esto es, que los agricultores y ganaderos no tengan que cotizar por sus asalariados. Una medida que compensaría los sobrecostes del SMI. Así se lo han trasladado al Ministerio de Trabajo, que es quien tiene la pelota en su tejado.

Por el contrario, los sindicatos consideran que es necesario endurecer la Inspección de Trabajo en el campo y las condiciones de la cotización. “Actualmente, existe mucho fraude en las cotizaciones para las peonadas”, denuncia Emilio Terrón, secretario del sector agrario de UGT. Para combatir este fraude, el sindicato demanda rebajar a tres los días que puede pasar un trabajador de alta en la Seguridad Social sin que su empleador declare las jornadas de trabajo.

“Así podremos ver qué empresarios declaran peonadas cada tres días y será señal indudable de un fraude a la Seguridad Social”, explica Terrón. “Entiendo que los agricultores pidan bonificaciones por el desajuste entre costes e ingresos, pero también es urgente que se garantice el pago del salario mínimo y que se declaren las peonadas”, declara el sindicalista, “el problema es que hay algunos empresarios del campo que son ‘piratillas’ y se están saltando la regulación laboral”.

Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, recuerda que desde el año 2016 está pendiente la conversión de las reducciones de cuota (las que aminoran los ingresos de la Seguridad Social) en bonificaciones (pagadas por el Estado), pero todavía no se han ejecutado. De ahí que el sindicato no quiera más ayudas con cargo a la Seguridad Social.

“No tenemos problemas en que se aprueben políticas de apoyo al sector agrario, pero no se tienen que pagar con cotizaciones, bastantes problemas tenemos ya en la Seguridad Social”, explica Bravo. Además, también recuerda que el mundo del campo ya goza de una reducción en las cuotas: “Cualquier empresario cotiza al 23,6% por contingencias comunes, pero en el campo se cotiza al 12,64% y llegará hasta el 15,5% en 2031”.

Esta reducción se introdujo en el año 2011, cuando se integró el Régimen Especial Agrario en el Régimen General. En ese momento, se acordó esta reducción para favorecer el empleo estable en el sector y, aunque la cotización subirá progresivamente hasta 2031, siempre contará con una ayuda pública.

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