La UE carga contra el ineficaz servicio de empleo español

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La Comisión Europea critica el desbarajuste autonómico, la falta de claridad en la financiación y la ausencia de resultados de los cursos de formación para los parados

La Comisión Europea (CE) lo tiene claro: las oficinas del SEPE –el Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo INEM– no funcionan. Al menos, con el objetivo con el que fueron concebidas: un servicio de recolocación y formación para trabajadores desempleados. El Ejecutivo comunitario no deja en buen lugar el trabajo que se hace desde el Gobierno, y en su último listado de recomendaciones relativas al Programa de Estabilidad presentado en Bruselas advierte de que algo no marcha bien, y no lo achaca precisamente a la falta de inversión destinada a políticas de inserción laboral.

Los fondos comunitarios puestos a disposición del Ejecutivo español para protección social –a través de la Política de Cohesión para el período 2021-2027– sumarán 38.100 millones de euros, de los cuales una buena parte irán destinados a políticas de empleo, que la UE cree que deben emplearse en mejorar los deficientes resultados arrojados por los servicios de protección para los desempleados.

En concreto, la institución comunitaria critica duramente al SEPE porque su capacidad de colocación para nuevos parados es prácticamente residual. Y cifra en el 3% la tramitación efectiva de vacantes de empleo, una de las más bajas de la Unión Europea y a años luz de otros países europeos, donde la capacidad de empleabilidad de sus oficinas supera el 80% en casos como, por ejemplo, Alemania u Holanda. El asesoramiento y la orientación laboral son también deficientes en nuestro país, y aunque la inversión en formación es significativa, el esfuerzo no se ve recompensado con cifras altas de reinserción laboral.

«Es necesario realizar más esfuerzos para mejorar los procesos de búsqueda de empleo y colocación por parte de los servicios públicos», con el objetivo de que el SEPE sirva «de verdad» como puente entre los solicitantes de empleo y las empresas empleadoras. Para ello, los servicios públicos de empleo deben «buscar la implicación de las empresas, así como mejorar los instrumentos públicos necesarios para ponerlo en marcha», critica el estamento continental.

Asimismo, siembra dudas sobre la eficiencia de algunas comunidades autónomas en materia de empleo. El SEPE financia las políticas activas públicas, cuyos fondos se transfieren a las regiones y entidades locales encargadas de su gestión. La UE critica que los entes autonómicos no logran mejorar las cifras estatales, además de que la información aportada sobre en qué gastan dichos fondos resulta «insuficiente y poco clara», por lo que no puede saberse el coste de estas oficinas públicas de empleo ni cuál es el destino final de buena parte de los fondos.

Esta misma semana, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) puso en duda el Plan Prepara, al que tacha de incapaz para que los participantes «tengan una salida al mercado laboral durante los seis meses que dura la prestación». Este plan ha tenido un coste para el erario de 1.432 millones de euros entre los años 2012 y 2017, y ha contado con más de 850.000 beneficiarios. De estos, apenas un 3% ha conseguido una salida profesional segura, según los datos que obran en poder de la UE. Resulta más contradictorio aún –y habla por sí solo de la mala gestión que se hace de los fondos destinados a los servicios públicos de empleo– que España gaste hasta 6.500 millones de euros anuales en políticas activas de empleo –de los cuales alrededor del 40% se destina a incentivos a la contratación, porcentaje situado muy por encima del de otros países como Alemania o Finlandia–y los resultados sean tan pobres, por no decir diametralmente opuestos.

Nuevas especificaciones

La autoridad comunitaria pide la modernización de estos servicios, que se adapten a las nuevas especificaciones del mercado, «con medidas de apoyo a la movilidad laboral, la mejora de la empleabilidad y la adaptabilidad de los trabajadores para suavizar las transiciones al mercado laboral, todo ello en base de la mejora de la productividad y el crecimiento inclusivo a largo plazo», explica el organismo en sus recomendaciones.

En España existen actualmente 709 oficinas de empleo, que generan un gasto anual en operatividad de 251 millones de euros, y más de 14.000 centros habilitados para la formación de desempleados. Éstos también producen dudas en el Ejecutivo comunitario, cuyo funcionamiento actual cuestiona precisamente por la falta de resultados de sus programas.

En conclusión, la Comisión Europea denuncia asimismo que las prestaciones sociales por desempleo se encuentran muy fragmentadas, son poco eficaces, con un bajo nivel de cobertura y con unos periodos demasiado amplios en los que los trabajadores no reciben ningún tipo de prestación.

Todo ello agravado por la disparidad de criterios entre las comunidades autónomas, incapaces de configurar una política de empleo común, que provoca la imposibilidad para el desempleado de cambiar de región en busca de trabajo sin perder sus prestaciones sociales.

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