El Gobierno ha anunciado una oferta de más de 30.000 plazas, convirtiéndose en la mayor de la historia. Los sindicatos lo rechazan y dicen que en “diez años” han perdido “50.000 empleos” en la Administración.
Este martes, e27 de julio, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la que ha sido bendecida como la “mayor oferta de empleo público de la historia“. Esto último se debe a que el Estado demandará más de 30.000 puestos de trabajo, un 8,5% más que en el año anterior. Además, del total, poco más de 9.000 serán mediante promoción interna y casi 7.000 plazas irán destinadas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército). La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que es “muy buena noticia para el país”. Una declaración que ha chocado con la de sus socios de coalición electoral -Izquierda Unida- que la han catalogado de ser “muy pobre”.
Sin embargo, este anuncio ‘magnánimo’ del Gobierno esconde una trampa. Es necesario saber diferenciar dos conceptos: convocatoria y oferta pública. Lo que ha anunciado el Gobierno es una oferta pública, que ésta es “un anuncio que se hace de las plazas que se cubrirán en un futuro“. Mientras que la convocatoria es “el plazo de inscripción que hay para apuntarse y poder examinarse”. En el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público se sostiene que “la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”. Por lo que estas plazas no son inminentes y podrían retrasarse hasta más de mil días. Desde el ministerio de Hacienda dicen que el proceso “va a ir rápido” y que “se quiere acumular a ofertas de empleo público anteriores”, pero sobre esto último no dan más detalles porque “no pueden precisar más“.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) “rechazan” la oferta de empleo público para 2021 porque “las cifras son insuficientes”. Fuentes del sindicato aseguran que “en los últimos 10 años se han perdido aproximadamente 50.000 empleos y en el último año han sido 9.120 “. Por otro lado, denuncian que “las plantillas están muy envejecidas y en menos de nueve años se jubilará el 56,30% de nuestros trabajadores“. CSIF culpa al Gobierno de “maquillar las cifras” y le pide que “aparque la propaganda” y que diseñe “una oferta de empleo público a varios años con objetivos concretos”.
En todas las legislaturas se ha comprobado una correlación entre la OPE y las estrategias políticas, ya sea ésta para ganar votantes o para no perderlos. Así, los dos presidentes que precedieron a Sánchez aplicaron la misma táctica con la OPE: Mariano Rajoy congeló la oferta en 2012 justo después de haber ganado las elecciones (año 2011) y José Luis Rodríguez Zapatero esperó a que pasasen las elecciones (de 2008) para llevar a cabo una reducción de ésta del 70%. El hecho de que miles de puestos de trabajo de la Administración estén siempre bajo la endeble decisión del marketing político hace que la situación sea “insostenible” y que vaya camino del “colapso”.
