LA SOLIDARIDAD, EL SEGURO SOCIAL Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Día Internacional de la Solidaridad: El 31 de agosto, por decreto de la Asamblea General de las Naciones Unidas y coincidiendo con el aniversario del inicio del movimiento ‘Solidarnosc’, fundado por el premio Nobel de la Paz Lech Walesa en el año 1983, se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad, con el objetivo de promover la necesidad vital de realizar esfuerzos internacionales basados en ese valor fundamental.

En este día se busca crear conciencia sobre la importancia de ayudar al prójimo, al tiempo que se brinda la oportunidad a todos los organismos gubernamentales de implementar acciones favorables para apoyar las necesidades sociales. La solidaridad, según la ONU, “no sólo es un requisito de carácter moral, sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de los países y los pueblos“. Es, en definitiva, “una de las garantías de la paz mundial

A menudo las palabras crean confusión y dicha confusión es mantenida por aquellos que tienen intereses en ello. Una confusión generalizada entre los ciudadanos y los políticos es la diferencia entre lo que es el Seguro Social y lo que es la Seguridad Social. Los políticos y gobernantes de turno (tanto tirios como troyanos) lo confunden intencionada y demagógicamente para obtener votos y la confianza de sus votantes.

El Seguro Social, como derecho humano fundamental, es tarea predominante del Estado como política pública, universal y no contributiva. Es la plasmación de la Solidaridad dentro de cada Estado: “el Estado del Bienestar” que debería cubrir las necesidades básicas de todos ciudadanos (tengan o no una relación laboral): sanidad y salud, alimentación, vivienda,…

Sin embargo, la protección de la Seguridad Social es un derecho económicamente generado por la actividad laboral de las personas laboralmente “activas” ya sea por cuenta ajena en dependencia de un empleador o por cuenta propia, es decir, de todos los sectores laborales afiliados activos y contribuyentes (cotizantes) al sistema de la Seguridad Social. A cambio de sus cotizaciones se genera el derecho a recibir diferentes prestaciones fundamentalmente para cubrir la falta de ingresos del trabajo por diferentes causas: incapacidades laborales, prestaciones de maternidad/paternidad, prestaciones de desempleo, pensiones de jubilación,…

En relación con estas definiciones tan claras, a los menores de edad y a los no afiliados y por lo tanto no contribuyentes, es el Gobierno, como administrador del propio Estado, el que debe otorgarles el Seguro Social al que tienen derecho y no la Seguridad Social que como sistema sale perjudicado en cantidades inconmensurables con pagos que no son de su competencia (pensiones no contributivas, complemento a mínimos de las pensiones contributivas, pensiones de viudedad y orfandad, subsidios y ayudas de desempleo,….) y que deberían ser financiadas por los Presupuestos Generales del Estado y no sólo por las cotizaciones de los trabajadores.

Para evitar estas confusiones hay que educar y orientar a los ciudadanos para que conozcan a quién le corresponde garantizar esos derechos y que no se perjudique una vez más a los afiliados activos que contribuyen a financiar la Seguridad Social y esperan, en justa correspondencia, que se cumplan cuando se precisen, todas las prestaciones que han financiado, tanto para ellos mismos como para el resto de cotizantes que pertenecen al Sistema por haber contribuido a él.

Una forma internacionalmente reconocida para medir el grado de “solidaridad interna” de los Estados es el índice o coeficiente de Gini  que mide la desigualdad de cada país. Creado por el estadístico italiano Corrado Gini, el coeficiente de Gini se expresa como un valor entre cero y uno, siendo cero igualdad máxima ―todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos― y uno desigualdad máxima ―un solo ciudadano concentra todos los ingresos y el resto no tiene nada―.

Cabe aclarar que este índice no mide la riqueza, es decir, un país podría tener una desigualdad baja pero ser la mayoría de sus habitantes muy pobres, pues todos ellos tienen unos bajos pero similares ingresos, es decir, todos son igual de pobres.

Así, el papel del Estado es luchar por que el coeficiente de Gini sea lo más próximo posible a cero, ya sea a través de impuestos aplicados a las rentas más altas o subvenciones destinadas a los más pobres.

En ese contexto, se muestran diferencias importantes a la hora de lidiar con la desigualdad en el mundo. Así, en Chile el índice de Gini tras la intervención estatal se reduce en sólo en 0,04 puntos, pero en los principales países de Europa cuyo índice Gini antes de impuestos y subvenciones en casi idéntico de 0,51 se reduce dicho índice el 0,23 en Francia, el 0,21 en Alemania, 0,19 en Italia, 0,18 en España y el 0,15 en el Reino Unido. En EEUU el índice se reduce en 0,12 puntos

Fuente del gráfico: EON

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