El régimen de pensiones públicas, en la configuración actual, no puede ser viable
Desde cualquier aspecto que se pretenda analizar la situación actual del estado en que se encuentra el sistema público de pensiones, saltará inmediatamente el estupor y el desánimo, al comprobar la no muy lejana quiebra de dicho sistema provocada por la permanente y endémica imprevisibilidad del Gobierno.
La configuración del denominado Estado del Bienestar debe tener ciertos límites, así como la variante del mismo conocida con la denominación de Estado Asegurador, al que le será imposible mantener el importe general de las pensiones públicas, ante la posible quiebra del sistema de Seguridad Social. No es casualidad que en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de PGE para el año 2022, se haya aprobado una partida presupuestaria por importe de 171.139.653,11 millones de euros en concepto de pensiones con lo que fácilmente se puede llegar a la conclusión de que el régimen de pensiones públicas, en la configuración actual, no puede ser viable.
El régimen público de pensiones se basa en España en el sistema de reparto, en el que se pretende garantizar la estabilidad financiera en la relación proporcional de beneficiarios y cotizantes al sistema de la Seguridad Social. Lo que es evidente, por mucha propaganda que se vierta en contra, que son las cotizaciones de los empleados en activo las que financian las prestaciones económicas y asistenciales existentes en cada momento. Dichas cotizaciones al sistema de pensiones son de carácter obligatorio y con dichas aportaciones se forma un fondo para atender al pago de las pensiones.
En ocasiones el buen deseo del gobierno de turno aparece enmascarado por la discusión política permanente, lo que supone cambios políticos continuos, lo que constituye un mal endémico en el sistema, creando inseguridad jurídica, pues en ocasiones no hay tiempo para una reforma legislativa produzca sus efectos financieros que se esperaban de ella.
Aparece también una falta de previsibilidad en el futuro, debido a la debilidad estructural de la economía española, tan propensa a quedar afectada por cualquier crisis, de la naturaleza que sea, que, como se ha demostrado, produce efectos devastadores en la economía y también en lo que ahora nos ocupa, en el sistema público de pensiones al afectar gravemente a su auto financiación. Además, debido al déficit público, a la existencia de una deuda pública insoportable, se aprecia una tendencia a la baja en el importe de las cuantías de las pensiones, como se ha demostrado recientemente en este 2022, pues la Seguridad Social aumenta en un 2’5% el importe de las pensiones contributivas, pero luego la Hacienda Pública sube el porcentaje aplicable a las mismas con su reducción correspondiente.
Aparte de los esfuerzos del Gobierno para mantener la capacidad de adquisición de los pensionistas, que parece una quimera inalcanzable, es necesario, absolutamente necesario, el aumento progresivo de la participación del futuro pensionista en la contribución a aumentar el importe de su pensión y no queda más remedio que defender a ultranza, como ha ocurrido en otros países, la coexistencia de un régimen privado para que el futuro pensionista pueda completar la disminución progresiva del importe de las pensiones.
El tratamiento fiscal en el que la Hacienda Pública considera que la pensión es erróneamente un rendimiento o renta del trabajo (“demorado”) a efectos de su debida fiscalización en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Conviene recordar que un pensionista no es un trabajador y que no obtiene rendimientos ni rentas, sino simplemente una pensión fruto de sus cotizaciones cuando se encontraba en activo. El pensionista no es encuentra en servicio activo, pues su relación de servicios se ha extinguido. ¿Cómo se puede afirmar que, en la reciente reforma de pensiones, se garantiza el poder adquisitivo del pensionista, cuando en virtud del IRPF su cuantía disminuye al aplicar sus porcentajes correspondientes?
La situación actual, por mucho que la propaganda afirme lo contrario, es insostenible ¿De dónde saldrán los recursos necesarios para ello? La solución típica española es acudir a la subida de impuestos, que no solucionará el problema, sino que lo agravará, por afectar gravemente a la economía en general.
LA DEUDA DEL SISTEMA
La Seguridad Social está a punto de alcanzar, y superar, la cifra inédita de 100.000 millones de euros de deuda, un umbral impensable hace solo cinco años, cuando al cierre de 2016 el endeudamiento del sistema público que paga las pensiones se situaba en 17.173 millones. Desde esa fecha, el volumen de deuda ha ido engordando año tras año, hasta alcanzar los 99.185 millones en diciembre de 2021, según constatan las estadísticas del Banco de España.
Los datos publicados por la autoridad monetaria no dejan lugar a dudas sobre la magnitud del problema: la Seguridad Social ha disparado su deuda en un 477,5% en cinco años (diciembre de 2021-diciembre 2016) y, de ese porcentaje, un 80% del agujero se ha originado durante la pandemia (diciembre de 2021-diciembre de 2019). En cifras absolutas, significa que el sistema público ha amasado 44.161 millones de deuda fresca en tan solo dos años.
En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado en relación con el proyecto de PGE para 2022, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, recalcó la vulnerabilidad que supone mantener elevados niveles de deuda durante un tiempo prolongado, pues impacta en la salud de las finanzas públicas y pone a prueba la capacidad de resistencia de España ante eventos adversos.
Tanto el Gobierno como los analistas, el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) coinciden en que el pago de las pensiones está garantizado, ya que desde el punto de vista agregado de las Administraciones Públicas, es prácticamente indiferente en qué organismo (Administración central, autonomías, Seguridad Social…) esté concentrada la deuda. Aunque, sin duda, mete presión al Gobierno para que elabore un plan de reducción de deuda a medio plazo que sea fiable y factible, que es lo que le han reclamado en varias ocasiones el Banco de España y la AIREF (de la que el propio Escrivá era presidente antes de ser nombrado ministro).
Hay que recordar que el Gobierno se ha comprometido, y así consta en la primera parte de la reforma de las pensiones ya aprobada, a realizar una auditoría de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, que deberá estar lista en un plazo máximo de seis meses (junio de 2022 es la fecha límite que se baraja) y que analizará el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.
A finales de febrero, el ministro Escrivá rechazó que sea el Tribunal de Cuentas quien haga la auditoría, y afeó a ERC que «desconfíe» de la Intervención de la Seguridad Social y de la Intervención General del Estado (IAGE) para fiscalizar las cuentas del sistema. El ministro respondía así a la petición realizada por el partido catalán junto a Unidas Podemos, Bildu, Más País-Equo, BNG y Compromís.
La Seguridad Social recaudó 132.000 millones de euros en 2021, un 10% más que en 2020 y un 6% por encima de lo que ingresó en 2019 (antes de la llegada del COVID), gracias al crecimiento del empleo y al sostenimiento de las rentas salariales durante la pandemia, según anunció el ministro Escrivá a finales de enero, lo que redunda en una rebaja del déficit del sistema, que cierra 2021 en el 1% del PIB y seguirá reduciéndose hasta llegar al 0,5% a finales de 2022.
Pero, sin duda, el elemento que más influye en el borrado del déficit de la Seguridad Social es el traspaso de gastos impropios, que ahora asume el Estado: desde el Ministerio se han trasvasado 13.800 millones de euros en 2021 y se hará lo mismo con 18.300 millones en 2022. De este modo, el Estado absorberá este año el 80% de los gastos impropios del sistema, cifra que alcanzará el 100% en 2023. El ministro Escrivá asegura que cuando culmine el proceso de separación de fuentes, a final de legislatura, la Seguridad Social habrá eliminado su déficit y recuperado el equilibrio presupuestario.
LOS ORGANISMOS EXPERTOS
En síntesis, la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, sustituye la reforma de 2013 por una nueva fórmula de revalorización de las pensiones y crea el conocido como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este se basa en la adopción de un incremento en la cotización para integrar el fondo de reserva y la programación de medidas a medio plazo en función de la evolución financiera del sistema. Aunque su adopción es relativamente reciente, ya contamos con alguna valoración preliminar.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mostrado su preocupación por la sostenibilidad del sistema público de pensiones, al tiempo que apremia al Gobierno español a reformar dicho sistema para garantizar su estabilidad financiera. El FMI en su Staff Country Report 2021 apunta en una dirección muy parecida y apuesta decididamente por adoptar medidas por el lado del gasto aunque ello suponga adoptar «decisiones sociales difíciles» (p. 62). Esta postura se sustenta en dos argumentos básicos: por una parte, porque considera que las reformas adoptadas no serán suficiente para contener el gasto y por lo que respecta al MEI (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional) que sustituye al Facto de Equidad Intergeneracional (FEI) de la reforma de las pensiones de 2013, se dice que está integrado por medidas que no están especificadas y que deberán negociarse en su momento con los interlocutores sociales, y por otra parte, porque el margen para subir cotizaciones sociales es reducido. A partir de ahí se deja expedita la vía de la contención del gasto a través de medidas transparentes y previsibles que «den tiempo a los trabajadores a adaptarse». Tales medidas deben centrarse en reducir la generosidad del sistema, pues es uno de los que gozan de una tasa de sustitución más elevada. En este sentido se sugiere incrementar el período de carencia genérica, adoptar el sistema de cuentas nocionales e incrementar la edad legal de jubilación en consonancia con la evolución demográfica (p. 65).
La OCDE, por su parte, en su informe Pensions at Glance 2021 ha señalado que no le parecen suficientes las medidas adoptadas por la vía de los ingresos, reclamando ajustes por la vía del gasto y calificado el MEI como un instrumento «vago» (pp. 50 y 51).
A lo anterior se puede añadir la tímida reforma, el MEI, que ha introducido un incremento temporal de cotizaciones sociales de las empresas, del 0’6%, de las que, al parecer, el 0’4% será a cargo de las empresas y el 0’2 será imputable al trabajador o empleado. Ello es ridículamente insuficiente, pues con dicho incremento apenas de podrá cubrir un 2’8% del PIB, es decir, unos 2.800 millones de euros, que apenas permitirá cubrir una semana de pago de las pensiones, que en nuestros días ya supera el gasto de 10.700 millones mensuales.
Por su parte, ya en el ámbito nacional, aunque el último informe emitido por la AIReF (Opinión sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social) es anterior a la Ley 21/2021, lo cierto es que permite calibrar cómo evolucionaría el sistema al eliminar la reforma de 2013, aunque sin incluir las compensaciones que las reformas adoptadas más recientemente implican. El gráfico siguiente muestra la situación actual y perspectivas del gasto en pensiones como porcentaje del PIB desde la perspectiva comparada.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estos cálculos se basaban no solamente en los cambios introducidos en 2011, sino también en la incorporación del factor de sostenibilidad hoy derogado. De ahí la importancia que las medidas adoptadas en 2021 sean capaces de sustituir, aunque sea parcialmente, el impacto que a este se le había atribuido. La combinación nuevas fuentes de financiación y la racionalización del gasto que las últimas reformas representan parecen conducir a resultados más equilibrados que los explorados años atrás.
En definitiva, el Gobierno no ha hecho caso del contenido de numerosos informes oficiales, entre ellos los procedentes del Banco de España, de la OCDE, del FMI y también de la Unión Europea, en el sentido de que era apremiante la introducción de mejoras que restableciesen el equilibrio entre ingresos y gastos del sistema.
Precisamente el importe de las pensiones, tanto contributivas como no contributivas y pensiones mínimas, constituye una de las preocupaciones permanentes de todo Gobierno, desde el momento en que los recursos económicos siempre son escasos y al constituir la carga presupuestaria, anteriormente indicada, representa un límite difícil de superar en los PGE, pues la factura del gasto en pensiones se dispara todos los años. Una economía general debilitada por crisis económicas y especialmente por la epidemia de Covid-19, durante la cual desaparecieron 80.000 empresas, es muy difícil o imposible que pueda soportar dicho gasto durante algún tiempo. El déficit de la Seguridad Social cifrado en los últimos diez años en 150.000 millones de euros, no hace más que avalar lo que se ha expuesto anteriormente.
LA INFLACIÓN
Con el estallido de la guerra en Ucrania se abren distintos escenarios de previsiones del IPC que se mueven entre la horquilla del 5,6% y el 6,5% en una coyuntura de crisis por la tensión geopolítica y económica global. Con la reforma de José Luis Escrivá la revalorización del año próximo toma como referencia el IPC medio entre diciembre de 2021 y noviembre del 2022, la factura de la Seguridad Social aumentará en, al menos, 10.800 millones de euros, que casi duplica el incremento del año anterior -en torno a 6.000 millones- y supondría restar como mínimo un 0,6% al PIB español.
La inflación desbocada actúa como un arma de doble filo para el Gobierno. Por una parte, ingresará muchos más por los impuestos especiales que gravan los carburantes, así como por el IVA. En contrapartida, el gasto público se irá a las nubes por la imprudencia del ministro se Seguridad Social, José Luis Escrivá, y de los agentes sociales de vincular salarios y pensiones a la evolución de la inflación.
En medios del Ejecutivo se reconoce que, aunque el presidente no lo expuso abiertamente, su intención es extender el “plan de rentas” a las pensiones pues una subida del 6,5 por ciento para igualar la inflación en las pensiones destroza los planes de cualquier Gobierno. El déficit de la Seguridad Social, puede duplicarse hasta cerca de dos puntos del PIB.
Para colmo de males, la presidente del BCE, Christine Lagarde, amenaza que retirar las compras de deuda y los mercados anticipan ya un alza de tipos en octubre. La guerra, como las grande tempestades, sembrará el caos, provocará desabastecimientos y agravará la fragilidad de la economía española y de sus maltrechas cuentas públicas, que el Gobierno había tapado con ayudas europeas.
LA DEUDA PÚBLICA
Trasladar el problema de la sostenibilidad del sistema público de pensiones al futuro es lo que se está haciendo en la actualidad. Se está garantizando la suficiencia del sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y todos los años se dedican 28.000 millones de euros a hacerlo, e decir, se traslada la carga del déficit a los contribuyentes.
Una grave consideración que limitará cualquier reforma especulativa sobre las pensiones, es la urgentísima necesidad de reducir la deuda pública, que aumenta de forma escandalosa cada mes, impidiendo la reducción del déficit de la Seguridad Social. No hay que olvidar que, en toda reforma de las pensiones, el objetivo prioritario es asegurar la sostenibilidad de dicho sistema, garantizando su autofinanciación y asegurando la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Ello no es posible, con un nivel de deuda pública incontrolable, que aumentó en 81.000 millones en 2021 para alcanzar un límite máximo e histórico de 1.428 billones de euros, así como una tasa de paro del 14% en la actualidad y una inflación promedio del 3’5% para este año.
Una mejor política de empleo, acompañada una reducción del gasto estatal, así como de bonificaciones para los contratos de larga duración, y la esperada reforma fiscal que considere a las pensiones en su justa medida, pues es escandaloso que al jubilado, que pierde su puesto de trabajo y ya no se encuentre en situación de servicio activo, se le considere que el importe de la pensión que recibe, es un rendimiento del trabajo o renta y por lo tanto se le grave con el porcentaje correspondiente como si fuese un asalariado más. Y lo que es peor, no es admisible que para el año 2022 el importe de las pensiones contributivas tenga un incremento del 2’5%, si luego el porcentaje aplicable a dicho importe en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, absorbe el incremento aplicado a las pensiones.
LOS IMPUESTOS
La solución que el Gobierno pretende aplicar como medicina salvadora, es la subida de impuestos, lo que contribuirá todavía más a hundir cualquier previsión y reforma de estabilidad. Es un axioma en cualquiera reforma llevada a cabo por el Gobierno de turno, que toda reforma de pensiones que no vaya precedida de la adecuada reforma fiscal del importe de aquellas, está condenada al fracaso. Los tributos no pueden solucionarlo todo, máxime, cuando la economía no podrá crecer al ritmo esperado por el Gobierno. Una economía tan débil y afectada como la española, no precisa de una subida de impuestos al ser una medida política que no la salvará, sino todo lo contrario.
Todo ello nos lleva a la conclusión de que el actual sistema o régimen jurídico de pensiones públicas, no puede autofinanciarse y es imposible que se pueda mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, por más propaganda y buenos deseos gubernamentales. Asimismo, no es posible en la situación actual, mantener esos dos grandes principios que configuran cualquier régimen de pensiones. Si no se suben las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas y empleados, si no se reduce la velocidad de crecimiento de la deuda pública (que aumentó en 80.000 millones sólo en el año 2021), la reforma de ese régimen público de pensiones estará condenada al fracaso.
