La Tesorería General de la Seguridad Social demandó a la compañía tras el acta de Inspección de Trabajo en Madrid que concluyó que los repartidores de la compañía eran falsos autónomos. La Administración exige a la empresa «algo más de 1,2 millones de euros» en cotizaciones sociales, afirman en Deliveroo. El proceso judicial afecta a 532 trabajadores.
Fuentes de la empresa responden a este medio que «Deliveroo va a defender la verdadera naturaleza de la relación entre los riders y la compañía: una relación mercantil, no laboral».
