La que se nos avecina: ¿ Impuestos o Pensiones ?

El Gobierno acusa a los españoles de pagar poco y promete a Bruselas incrementar los impuestos en 26.000 millones acumulados en los próximos cuatro años. Argumenta que eso le permitirá garantizar el Estado de Bienestar: subida de las pensiones de un 1,6%, además de un 3% para las pensiones mínimas, el aumento de la base reguladora de la prestación por viudedad del 56 al 60%, incrementar los salarios de los funcionarios, subsidiar el paro a mayores de 52 años o aumentar el permiso de paternidad, entre otras medidas sociales.

En nuestro país casi el 40% de los trabajadores no debe pagar en la declaración anual del IRPF, mientras que el 4% está pagando casi el 40% de todo lo recaudado. Al gobierno le parece poco y va a intentar subir específicamente a este 4% de los trabajadores la presión fiscal. Con eso consigue muy poco, pues el mayor problema al que se enfrenta nuestra economía es el creciente agujero de las pensiones.

Con ya 10 millones de pensionistas, en 2019 este agujero (más de 17.500 millones) representa ya el 70% de todo el déficit público. En los próximos años el agujero se va a incrementar, y mucho, porque la población envejece.

España envejece, no nacen niños y cada nuevo día hay que pagar más pensiones. Como no hay voluntad de reducir los gastos públicos (sino al contrario), nuestro país está abocado a no ser capaz de pagar su deuda pública, es decir, está abocado a la quiebra. Los inversores internacionales nos cortarán el crédito porque entenderán que este círculo vicioso es imparable, que España no va a ser capaz de devolverles su dinero y que acabará pidiéndoles una quita a ellos, a sus acreedores.

El problema es que la deuda pública real (incluyendo los pasivos emitidos por las Administraciones Públicas, según el Banco de España) ya es brutal: 1,2 BILLONES € y crece a diario.

Para recaudar más, los presupuestos contemplan subir a los que ingresan rentas altas el tipo marginal hasta el 49% (en muchas Comunidades Autónomas hasta el 52%), incrementar las rentas del ahorro hasta el 27% y que las grandes fortunas paguen además un 1% cada año sobre su patrimonio. Todo esto asusta a muchos, pero la realidad es que son medidas que sólo afectarán al 0,5% de los contribuyentes, que además no van a cubrir ese aumento de gasto y, por supuesto, ni de lejos van a servir para acercar a España al objetivo de déficit del 1,3% prometido a Bruselas para el 2019.

Consideremos ahora la afirmación de que “los ricos pagan pocos impuestos”. Pues resulta que sí que pagan, y significativamente más, tanto en términos absolutos y relativos (no estamos hablando ni de empresas ni de fraude, sino de ciudadanos). Por ejemplo, tomando como referencia los datos medios de recaudación tributaria de los últimos 5 años, el número de declarantes de rentas superiores a 600.000€ era de unos 6.000, y contribuyeron (cuota líquida) más de 4.000 millones €, es decir, el 0,028% más rico aportó el 4,5% de la recaudación por IRPF.

Si consideramos “ricos” a los declarantes con rentas superiores a 150.000€, fueron unos 70.000 contribuyendo con unos 9.000 millones: el 0,35% de declarantes aportaron el casi el 13% de las cuotas líquidas. Y si bajamos el umbral a 60.000€, tenemos a un 3% de los declarantes, contribuyendo con el 33% del total. Con estas cifras parece quedar más que claro que los ricos pagan significativamente más impuestos sobre la renta, se mida como se mida.

Pero volviendo al argumento del “realismo recaudatorio”, los “números” indican también que, si subiéramos los impuestos en un 50% adicional a “los más ricos”, la recaudación adicional sería de solo unos 1.500 millones € (un 2,25% más), y si además subimos un 25% adicional los impuestos a las rentas entre 150.000 y 600.000€, la recaudación aumentaría en otros 1.500 millones, (acumulando a la subida de los “super ricos”, 3.000 millones). Subidas que además de plantear problemas evidentes de constitucionalidad (por confiscatoriedad manifiesta), generarían efectos perversos previsiblemente contraproducentes (desincentivos, traslaciones del coste a las empresas –con la consecuente compensación en el Impuesto sobre Sociedades–, deslocalizaciones…).

Se siguen manejando con gran soltura dos conocidos y viejos mantras, que se refieren a la posición de los ricos en el sistema tributario. Uno es que “los ricos pagan menos impuestos” y, el otro, que los problemas recaudatorios se arreglan subiendo los impuestos a “los ricos.

El problema de partida para hacer una valoración es la propia definición del concepto de “ricos”. Es evidente que habrá menos ricos, cuando más alto se ponga el listón, y por lo tanto, si se utiliza una delimitación de “rico” muy exigente, se reduce el potencial de recaudación que es pueda obtener de ellos. La única solución matemática es ampliar progresivamente la definición de “rico”, rebajando el umbral para que quepan más, y con ello ampliar la base recaudatoria. Y así, hasta cubrir las “necesidades” presupuestarias creadas, a costa de considerar ricos a quienes quizás no lo sean tanto. Esto es lo que se denomina “necesidad expansiva del concepto de rico”.

Puede ser pedagógico en este momento mencionar la llamada “Metáfora del pescado”:

«Según los últimos datos disponibles en el mundo entero se consumen 170 millones de toneladas anuales de pescado. Es sabido que el animal marino de mayor tamaño es la ballena azul, cuyo peso medio se puede establecer en 180 toneladas. Como se estima que existen entre 10.000 y 25.000 ballenas azules en el mundo su captura total podría proporcionar unos 3 millones de toneladas (menos del 2% del consumo anual), y sin contar con el absurdo de que dicha captura extinguiría la especie –pan para hoy, hambre para mañana–. La realidad es que la mayoría de las capturas y del consumo se compone de variedades de tamaño mediano (atún, bacalao, caballa, merluza…) e incluso pequeño (anchoa, arenque…). La explicación es evidente, a pesar de su menor peso unitario, existen muchísimas más unidades. Y también es cierto que son más fáciles de capturar…»

En definitiva, la teoría podrá ser muy bonita y sencilla, pero la realidad tiende a imponerse tozudamente: se recauda –y se incrementa la recaudación–, donde hay y donde se puede (no donde se quiere porque parece que hay y porque tiene menos coste político).En consecuencia, cuando un político diga que van a aumentar la recaudación subiendo los impuestos a los ricos… no te quepa duda de que se los van a subir a TÍ, que tienes una renta media esencialmente compuesta por salarios, y consumes toda clase de bienes en una proporción significativa de su renta. ¡Y claro, a la contra, cuando digan que van a bajar los impuestos, NO se están refiriendo a TÍ!

Por otra parte, no olvidemos que el Gobierno en 2018 gastó 31.800 millones más de lo recaudado, lo que nos convierte en el país con mayor porcentaje de déficit público de la Unión Europea. Evidentemente este déficit incrementa más nuestra deuda, ya colosal, dejando un grave problema a nuestros hijos. Ya se ve que vivirán peor que la anterior generación y además deberán pagar la deuda de sus padres.

Si contamos todas las deudas de las Administraciones Públicas, cada uno de los contribuyentes españoles (Usted también) tiene hoy una deuda de unos 70.000 €. Haga cálculos de sus ahorros y reste esta cantidad porque usted, o sus hijos, los van a tener que pagar. Los acreedores internacionales no perdonan. Es como si usted debiera a su vecino 70.000 € ¿cree que se lo perdonaría?

En España las familias tienen una riqueza (patrimonio) acumulada elevada y sensiblemente superior a su nivel de renta (o ingresos), este fenómeno se debe a la alta proporción de viviendas en propiedad sin deuda (con la hipoteca ya pagada) que a su vez tienen un precio mayor que el que cabría esperar a la vista de los ingresos reales de los españoles.

Pese a haber sufrido una burbuja inmobiliaria el ahorro en vivienda se ha mantenido sólido aunque se observa un cambio en las preferencias de los más jóvenes que compran vivienda en una proporción muy inferior a la de décadas pasadas, lo que se puede explicar por el endurecimiento de las condiciones de crédito, la experiencia vivida entre 2008 y 2014 y el nivel de renta de los jóvenes de hoy.

LA LONGEVIDAD CUESTA. Vivimos más y queremos vivir mejor. Nada es gratis, tampoco este logro que habrá que sufragar. La riqueza (los patrimonios) y la renta (los ingresos) tanto de recursos privados como públicos serán las fuentes de financiación para pagar el coste de las pensiones, la salud y la dependencia.

El peso de estos costes viene soportado principalmente a día de hoy por las cotizaciones sociales de trabajadores, un impuesto que incrementa los costes laborales (y por tanto lastra la competitividad).

En los próximos años si se quiere mantener (o mejorar) los recursos habrá que encontrar nuevas fórmulas, por ejemplo hacer más líquida la riqueza inmobiliaria puede ser una opción.

Somos un país rico, viejo y propietario pero con problemas para aumentar la renta, disminuir la desigualdad y generar empleo (y financiar impuestos con ella).

Quizá más pronto que tarde sea hora de pensar en priorizar la actividad y el ahorro productivo en lugar de la acumulación improductiva del ladrillo.

El Gobierno actual se está tapando los ojos y ha decidido subir las pensiones, porque da votos. Para cubrir ese coste extra probablemente subirá las cotizaciones de las empresas a la seguridad social. Así, provocará que los productos españoles sean menos competitivos porque ese incremento repercute en el coste del producto. A su vez, esto provocará menos exportaciones y generará más paro. También es probable que tendrá que emitir aún más deuda pública, incumpliendo todavía más los objetivos de déficit.

Es de esperar que el nuevo gobierno socialista, ya ganadas las elecciones, haga números y entre en razón pues de lo contrario tendremos un problema muy grave. Las alternativas para evitar el colapso de deuda al que vamos abocados podrían ser, entre otras, retrasar más la edad de jubilación (como ya hizo Zapatero en la reforma de 2011) y seguir recortando las pensiones más altas (“la reforma silenciosa de las pensiones”).

¿Cuándo se atreverán a hacerlo? Probablemente cuando la Unión Europea les obligue (algunos nos acordamos de Zapatero en el Congreso y los “Dos minutos que cambiaron España” el 12 de mayo de 2010).

Parece evidente que, con el incremento de gastos que inevitablemente y por razones demográficas nos viene encima, tampoco es viable bajar impuestos como proponían en sus programas los partidos conservadores, pero lo que es una sinrazón es aumentar las otras partidas de gastos. O ajustamos nuestro Estado de Bienestar, o estamos abocados a la quiebra. La retórica lo permite todo, pero las matemáticas son implacables.

A todos los representantes públicos se les llena la boca predicando contra el fraude fiscal pareciendo que tal fraude es un problema de los demás. “El pueblo”, hace seguidismo de la idea, pero adaptándola a sus circunstancias e intereses.

La cuestión del “fraude fiscal” aparece como causa de todos los males que nos asolan, y la “lucha” contra él como solución mágica a la situación económica, pero el primer problema es llamar fraude a lo que no lo es. El fraude es fraude, y para serlo requiere engaño o vulneración de la ley. Si algo es legal y su resultado no gusta, cabe si acaso la crítica al legislador, pero no al contribuyente que legal, y legítimamente, minimiza en lo que puede su carga fiscal.

Esto nos lleva a la manifestación de la demagogia en la lucha contra el fraude que consiste en la constante convicción y difusión de que “SON LOS DEMÁS QUIENES DEBEN PAGAR MÁS IMPUESTOS. Y esos “otros” se categorizan además, en cumplimiento de los mejores manuales de demagogia social, en grupos escogidos: “los ricos”, “los bancos”, “las multinacionales”, “los autónomos”,….

Y al fin la demagogia deviene en hipocresía, puesto que mientras muchos reclaman el cumplimiento escrupuloso de los impuestos “por parte de los demás”, resultan particularmente laxos en relación con sus propias obligaciones. La economía sumergida sí es una forma real y concreta de fraude, que se estima que puede alcanzar casi una cuarta parte del PIB, pero eso no quiere decir que solo una cuarta parte de la población esté “implicada”, se podría asegurar que la implicación se extiende a la mayoría de la población ya que tan importante proporción de la economía no puede generarse de manera cerrada en un segmento de población. Se puede decir, y suele ser la “excusa” que cada uno de esos fraudes aisladamente son cuantitativamente insignificantes pero la suma es ciertamente significativa. Con todo, podríamos sintetizar que una verdadera y eficaz lucha contra el fraude pasa más por “predicar con el ejemplo” (empezando por el propio Estado), que por una fatua “guerra total”

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y sin marcas de agua

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