El Pacto de Toledo aboga en sus recomendaciones por “acomodar” la viudedad a las nuevas realidades sociales y a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios y propone mejorar la pensión para los que, con 65 o más años, la tienen como principal fuente de ingresos.
Así lo recoge el último borrador de recomendaciones que será revisado en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo el próximo martes, a fin de votarse un texto definitivo.
La décimo tercera recomendación se dedica a la viudedad y la orfandad y se propone reformular de manera gradual estas pensiones, particularmente las de viudedad.
Si bien considera que deben seguir formando parte de las pensiones contributivas, aboga por una “reforma integral” de la viudedad que permita “acomodar” su alcance a las nuevas realidades sociales y a las circunstancias socioeconómicas de quienes las perciben, respondiendo así al debate que se ha situado en los últimos años ante los cambios sociales que se han producido.
El Pacto de Toledo llama a tener muy en cuenta la baja proporción de mujeres que acceden a la pensión de jubilación, la brecha existente en la cuantía y la elevada edad de acceso a la pensión de viudedad.
Los últimos datos disponibles sobre pensiones corresponden a septiembre y muestran que las mujeres cobraban 2.376.812 pensiones de jubilación y 2.158.809 de viudedad, teniendo en cuenta que ambas se pueden compatibilizar. La pensión media de jubilación de las mujeres se sitúa a 1 de septiembre en 889,83 euros y la de viudedad, en 746,59 euros. El conjunto de pensiones de viudedad supusieron un gasto mensual en septiembre de 1.709 millones, un 17,2% del coste total.
El Pacto de Toledo señala que las pensiones de viudedad deben concentrarse en quienes tienen 65 o más años y esta prestación sea su principal fuente de ingresos. Para estos casos apunta a “garantizar una situación de renta equiparable a la existente antes del fallecimiento del cónyuge o conviviente”, para lo que postula elevar el porcentaje de la base reguladora que se usa para calcular la pensión y que es del 52% con carácter general, aunque puede elevarse al 70% en determinadas circunstancias.
La comisión también recomienda “estudiar los efectos” que puede tener sobre la cuantía de la pensión considerar para su cálculo la carrera de cotización del fallecido con una fórmula similar a la que se utiliza para la pensión de jubilación.
Por otra parte, aboga por eliminar la discriminación que supone para los beneficiarios de la pensión de viudedad el no tener un vínculo matrimonial previo en cuanto a que eso supone en la legislación actual que el perceptor acredite unos ingresos inferiores a los del fallecido durante el último año.
Precisamente, el programa de gobierno de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos hace referencia a las pensiones de viudedad para comprometer una revisión de las mismas “garantizando la igualdad de trato en los casos de parejas sin vínculo matrimonial”.
El Pacto de Toledo también reclama analizar la “eficacia protectora” de las pensiones de muerte y supervivencia que se establecieron cuando no existían las no contributivas, de manera que “se libere al sistema contributivo de coberturas que deben tener su acomodo en los niveles no contributivos o asistenciales”.
Fuente: Expansión