Independientemente de los lógicos y esperables encontronazos en el Parlamento entre los partidos políticos tanto de la oposición como incluso dentro del propio Gobierno de coalición y de sus “aliados”, existe un clamor generalizado de todos los Organismos expertos demandando medidas concretas por parte del Gobierno para hacer frente a una inflación desbocada que está afectado directamente en el día a día a todos los sectores económicos y a todos los ciudadanos “de a pie”
Estas peticiones se produce pocos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzara la aprobación el próximo 29 de marzo en Consejo de Ministros del Plan nacional de respuesta al impacto de la guerra, que incluirá rebaja de impuestos a sectores y productos afectados por la inflación derivada del conflicto, como los carburantes. El Plan inicial incluía la extensión de la reducción de las rebajas fiscales en la luz, por importe mínimo de entre 10.000 y 12.000 millones este año. Se prorroga la bajada del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%, así como la ampliación del bono social y del recorte temporal a los beneficios extraordinarios de las centrales de generación de gas no emisoras, y una reducción del 80% durante 2022 a más de 600 consumidores electrointensivos, entre otras. El coste mínimo es de entre 10.000 y 12.000 millones de euros.
Lo cierto es que la inflación acumulada, según un estudio del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense José Félix Sanz, cuesta 700 euros extra a cada español en el IRPF este año, ya que Hacienda no ha ajustado la tarifa del IRPF desde 2008 y, en consecuencia, las cuotas del IRPF que pagaremos en 2021 tendrán un origen puramente nominal no sólo por la inflación de 2021 sino también por la inflación acumulada entre 2008 y 2020
Ahora Sánchez se deja hacer, finge que cede a los presidentes autonómicos y se coloca por encima de ellos. Su rúbrica sobre un acuerdo general de intenciones deja a su voluntad la decisión final, dándole poder y autoridad ante la opinión pública. No es tonto. Nadie se acordará de lo que propuso tal o cual presidente autonómico. Nadie se acordará después de la comisión de expertos que pedía tasas verdes, subir los impuestos a los combustibles, ajustar cuentas con las grandes fortunas y una armonización fiscal al alza para recaudar 15.000 millones de euros. Lo hará Sánchez,
Lo que quedará es que gracias a Sánchez se bajan los impuestos y además dirá que tiene el respaldo de la Unión Europea, con lo cual se presentará como la única solución posible. El sanchismo pedirá “sentido de Estado” para reforzar su posición y deslegitimar al resto de partidos (incluidos sus socios de Gobierno y sus aliados)
El presidente aparecerá como el guardián del bienestar de los españoles, atento a las voces que vienen desde abajo, incluidos los presidentes regionales y las oposiciones. Sánchez se presentará como el salvador, el hombre con sensibilidad social capaz de congelar su programa ideológico para salir de “la crisis provocada por Putin”. No subestimen nunca a un actor disfrazado de político.
LA AIREF (AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL)
Subraya que la inflación está reduciendo la deuda pública y aumentando la recaudación, y denuncia el «claro retraso» en los fondos europeos, por lo que volverá a revisar a la baja su impacto en la economía
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que la inflación está suponiendo unos mayores ingresos para el Estado que reportarán entre 3.000 y 3.500 millones más de recaudación al año solo por IVA para las arcas públicas, por lo que ve «margen» suficiente para que el Gobierno apruebe rebajas de impuestos y ayudas directas a los sectores afectados por el conflicto bélico, y ha indicado que España tiene una menor exposición al conflicto que otros países y ha explicado que las cuentas públicas pueden verse favorecidas porque el efecto de la inflación reduce la ratio de deuda pública y aumenta la recaudación de determinados impuestos.
El repunte de los precios energéticos como consecuencia de la subida del precio del gas derivada de la guerra está tirando aún más al alza la inflación, que en febrero ya alcanzó el 7,6%, lo que está provocando un notable aumento de la recaudación, ya que se trata de un impuesto que afecta a todos los ciudadanos por igual con independencia del poder adquisitivo del consumidor.
A ello también se suma el aumento de la recaudación previsto en otros impuestos, como en el IRPF, que dependerá de cómo se acabe trasladando la inflación a los salarios y las cotizaciones (podría superar los 4.000 millones), por lo que ve claramente «cierto margen» para que el Gobierno pueda adoptar rebajas de impuestos y ayudas directas a los sectores más afectados.
La inflación está afectando fundamentalmente a bienes que tienen elevada inelasticidad de la demanda, es decir, productos que no presentan caída de la demanda pese a aumentar su precio, como los productos energéticos (gas, petróleo y electricidad), lo que se traduce de manera directa en un aumento de la recaudación vía IVA. Lo que está claro es que las finanzas públicas se están viendo favorecidas por la «sorpresa» de su mejora, lo que lleva a la AIReF a situar el déficit público de 2021 incluso por debajo del 7% del PIB que estimaba hasta ahora, frente al 8,4% de la previsión oficial del Gobierno.
CÍRCULO DE EMPRESARIOS
El esfuerzo fiscal de los españoles supera la media europea: la presión fiscal sube 5,5 puntos en una década
España presenta una menor presión fiscal que la media europea pero se ha elevado el doble que lo que lo ha hecho en el resto de países europeos en la última década y presenta un mayor esfuerzo fiscal al tener un menor número de contribuyentes y más paro
El Círculo de Empresarios refuta la propuesta del comité de expertos de Hacienda de subir impuestos al advertir de que los españoles ya realizan un mayor esfuerzo fiscal que la media de la Unión Europea por el menor número de contribuyentes, el mayor paro y la mayor economía sumergida, y aunque presenta tipos impositivos inferiores la presión fiscal se ha elevado en 5,5 puntos en la última década, el doble que en la UE.
El análisis del Círculo de Empresarios explica que la razón del diferencial en recaudación sobre PIB de España respecto a la UE-27 no es resultado de tipos impositivos inferiores, sino que responde al «menor número de contribuyentes, por una elevada tasa de paro, la existencia de un nivel de economía sumergida elevado y una progresividad del sistema por encima de la de países del entorno«.
En concreto, el esfuerzo fiscal es del 0,18% de la renta disponible per cápita en cuanto a paridad de poder de compra en España, superior al 0,17% de la media europea, y supera a países como Francia, Suecia, Finlandia, Bélgica, Países Bajos, Alemania y, sobre todo, Irlanda (0,09%), aunque es inferior al esfuerzo de países como Portugal, Dinamarca, o Bulgaria (0,28%). Además, el esfuerzo fiscal efectivo, es decir, sobre el porcentaje de la renta disponible per cápita respecto a la población ocupada, es del 0,59% en la UE-27, mientras que en el caso de España alcanza el 0,68%.
A ello se suma que las cotizaciones sociales a cargo de la empresa están muy por encima de las existentes en la UE-27, al superar en 2,61 puntos la media europea (10,02% sobre PIB frente al 7,41% europeo), lo que «resta competitividad y actúan como barrera de entrada a la incorporación de nuevos empleados».
GESTHA (SINDICATO DE TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA)
Reclama ayudas a los sectores más afectados por la guerra en Ucrania, como el agropecuario y de transportes, e incentivos fiscales para sustituir el gas y los derivados del petróleo
Gestha propone atacar la raíz de la dependencia energética española y reclama la aprobación de incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF a la producción y uso de energías sustitutivas del gas y combustibles derivados del petróleo. En particular, sugiere ampliar hasta el 31 de diciembre de 2023 la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas en el IRPF.
Además, los técnicos defienden la aprobación de ayudas directas a los sectores agropecuarios más afectados por el aumento de costes y demás consecuencias de la guerra en Ucrania, de forma que estuviesen vinculadas directamente a compensar gastos extraordinarios e inversiones destinadas exclusivamente a facilitar las compras de materias primas y las ventas en otros países.
EL BANCO DE ESPAÑA
Pide medidas temporales para no aumentar el déficit y un pacto de rentas con moderación de los márgenes empresariales y que no indexe salarios a la inflación
Hernández de Cos ha subrayado la necesidad de minimizar el impacto sobre los desequilibrios presupuestarios en un escenario en que estos han aumentado de manera muy significativa durante la crisis. Asimismo, considera que el contexto de elevada inflación actual es un argumento adicional para justificar que «el apoyo debe ser selectivo y que debe evitarse un impulso fiscal generalizado», puesto que, en caso de producirse, advierte de que este podría traducirse en un aumento de los cuellos de botella ya existentes en los sectores más tensionados que se terminara por filtrar a los precios.
En este contexto, aboga porque el eventual pacto de rentas entre trabajadores y empresas facilite el grado de coordinación de la negociación colectiva en los ámbitos de negociación pero evitando adoptar medidas cuya implementación sea «excesivamente general». Así, pide evitar fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguardia, e insta a fijar compromisos plurianuales de incrementos salariales y protección del empleo.
Eso sí, defiende que las referencias nominales de la negociación salarial deberían excluir los componentes asociados a los productos energéticos, cuyas dinámicas de precios muestran una considerable volatilidad y, en la coyuntura actual, previsiblemente no sean duraderas, de forma que se liguen a la inflación subyacente (excluye precios energéticos y alimentación no elaborada), tanto alzas salariales como posibles cláusulas de garantía salarial.
Estas directrices sobre la evolución salarial deberían acompañarse con compromisos explícitos de moderación de los márgenes empresariales: «Solo de esta manera se puede asegurar que la moderación salarial se traslada de forma efectiva a la competitividad empresarial, a la vez que se limita la traslación de los aumentos de los costes de los insumos energéticos al resto de bienes y servicios de la economía»,
LOS SINDICATOS
CCOO, UGT, Facua, CEAV, UPTA y Uatae se movilizarán el 23 de marzo para exigir al Gobierno medidas ante la crisis energética y el alza de precios por la guerra de Ucrania
Bajo el lema «contener los precios, proteger el empleo, frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida», los dos sindicatos mayoritarios, junto a Facua, CEAV, UPTA y Uatae llamarán a la movilización para reclamar al Ejecutivo la adopción de medidas que mitiguen los efectos de la crisis energética.
Los convocantes reclaman al Gobierno medidas urgentes ante la creciente escalada del precio de la energía y otros bienes básicos, que se han intensificado por el conflicto bélico en Ucrania y están impactando significativamente en la economía y la sociedad españolas, sobre todo en los hogares más vulnerables.
Aunque la ofensiva sindical para forzar al Gobierno a adoptar medidas coincide de lleno con la negociación del pacto salarial, los líderes sindicales ya han dejado claro estos días que una actuación para la contención de los precios energéticos podría incluso facilitar el acuerdo salarial con la patronal en materia de convenios colectivos.
LAS 10 MEDIDAS CLAVES SOBRE IMPUESTOS
Pese a que el Presidente del Gobierno no ha dado más pistas de la rebaja impositiva ni del resto de medidas con la que prevé aliviar la factura energética de ciudadanos y los sectores productivos más afectados, analizamos, en 10 claves, qué margen tienen y por dónde podrían pasar las medidas.
- IVA AL 10%
La primera vía fiscal para rebajar el precio de los carburantes es bajar el IVA, actualmente en el 21%, hasta el 10%. Ahora bien, para esto, España necesitaría el permiso de Europa. Ni la gasolina ni el gasóleo forman parte del listado de bienes a los que los gobiernos pueden aplicar tipos reducidos en este impuesto, por lo que habría que esperar a que Bruselas de su brazo a torcer. Los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ven poco viable esta rebaja, teniendo en cuenta su «enorme coste» asociado. Con una opinión comletamente contraria, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), asegura que “se tiene que impulsar un IVA superreducido, de forma temporal, para los carburantes”.
- IMPUESTO DE HIDROCARBUROS, AL MÍNIMO EUROPEO
Junto al IVA, el otro gran impuesto que grava los carburantes es el Impuesto especial sobre los hidrocarburos. Se trata de una cuota fija que se aplica a cada litro de combustible. En estos momentos, para la gasolina sin plomo de 97 octanos o superior el impuesto alcanza los 431,92 euros, o 43 céntimos de euro por litro. Para las demás gasolinas sin plomo, como la de 95 octanos, Hacienda recauda 400,69 euros por cada 1.000 litros, es decir, 40 céntimos por litro. Por último, en el caso del gasóleo de automoción, el impusto alcanza los 307 euros por cada 1.000 litros o, lo que es lo mismo, 31 céntimos por cada litro.
Ahora bien, existe una directiva comunitaria que establece unos límites. De manera que el Gobierno solo podría bajar este impuesto hasta el mínimo establecido por Bruselas. El gravamen de la gasolina podría bajar de 40 céntimos el litro a 36 céntimos el litro. En el caso del gasoil el margen es más estrecho. Frente a los 307 euros de España, la directiva comunitaria fija el mínimo en 302 euros por cada 1.000 litros, es decir, 30 céntimos.
“Se trata de la opción más factible” según los expertos, aunque es un recorte limitado. “Por sí solo, sería insuficiente”, añaden.
- SOLO PARA TRANSPORTISTAS Y AGRICULTORES
Más allá del margen que tiene el Gobierno respecto al impuesto de hidrocarburos, que no es muy amplio, Hacienda podría poner el foco en que la rebaja sea para los sectores más afectados, como los transportistas y los agricultores.
Ahora mismo los transportistas ya tributan al mínimo europeo de 33 céntimos por litro. La medida podría articularse mediante devoluciones del impuesto a estos colectivos. Los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, consideran que sí hay margen para aumentar la devolución del gasóleo bonificado empleado en la agricultura y ganadería.
- REBAJA MÁS ALLÁ DEL MÍNIMO
Existe otra opción y es que el Gobierno baje el impuesto de hidrocarburos más allá del umbral mínimo establecido por la Comisión Europea. Tendría que negociarlo en Europa, eso sí. Atravesamos una situación extraordinaria y Bruselas podría estar dispuesto a abrir la mano con medidas excepcionales para rebajar los precios energéticos.
- DESCUENTOS DIRECTOS SUFRAGADOS CON DINERO PÚBLICO
Para evitar tocar la fiscalidad, sobre la que Europa tiene normativa de aplicación para los Veintesiete, existe la posibilidad de que el Estado sufrague con dinero público parte de la factura.
No en vano, Unidas Podemos ha propuesto crear un bono energético de 300 euros para las familias que estén acogidas a la tarifa regulada de electricidad, que son unos 19 millones de familias, lo que tendría un coste de 5.700 millones de euros.
Algunos países europeos han adoptado medidas similares. Francia pagará un cheque de 100 euros a los franceses que ganen menos de 2.000 euros netos al mes (unos 38 millones de personas) y, además, ha anunciado un descuento de 15 céntimos por litro de gasolina, que pagará con dinero público. Alemania estaría estudiando medidas similares.
- IMPUESTO SOBRE VENTAS MINORISTAS
Aunque sea insignificante si lo comparamos con el IVA y con el de hidrocarburos, gasolina y diésel también está gravado con el denominado impuesto sobre ventas minoristas. En su origen era estatal, pero ahora está cedido a las Comunidades Autónomas. La rebaja sería pequeña, pero es otra opción de donde arañar unos céntimos a la factura.
- FACTURA DEL GAS
Del lado de la electricidad, el Gobierno considera que tiene los deberes hechos. Ya ha ampliado hasta el 30 de junio el tipo reducido del IVA al 10%, así como la suspensión del Impuesto al Valor de la Producción de Electricidad y la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5% al 0,5%. Sin embargo, la factura del gas sigue gravada con un 21% de IVA.
Esquerra Republicana ha registrado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno rebajar al 10% el IVA aplicado sobre la factura del gas para los hogares vulnerables.
- BUTANO
Y si hablamos de precios energéticos disparados, no hay que olvidar la bombona de butano. En estos momentos cuesta un 33,5% más que hace un año. Desde este martes, su precio ha subido un 4,96%, situándose así la bombona de 12,5 kg en los 18,63 euros. Se trata de un nuevo máximo histórico. Facua-Consumidores en Acción pide al Gobierno que modifique los instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas, a fin de que “aseguren la protección de los intereses económicos de los consumidores”. Se trata de un combustible que no está liberalizado y cuyos precios máximos son actualizados de manera bimensual.
- BONO SOCIAL TÉRMICO
Durante su entrevista en La Sexta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez insitía este pasado lunes en la necesidad de buscar el consenso en torno a las medidas para «amortiguar» las consecuencias de la guerra y proteger a los colectivos más vulnerables. En este sentido su Plan Nacional podría introducir también cambios en el bono social térmico, la ayuda que reciben los consumidores más vulnerables y las familias numerosas y en su modelo de financiación.
Ya en octubre del año pasado, y para compensar la subida de precios, el Gobierno aprobó una mejora de este este bono con cargo a los Presupuestos Generales.
- CARÁCTER TEMPORAL
Sea como sea, ya sea el IVA, el impuesto de hidrocarburos, devoluciones subvencionadas para los sectores más afectados o cheques de dinero público, hay consenso en torno a que serán medidas extraordinarias con carácter temporal. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha abogado por que la política fiscal nacional actúe «de forma muy granular y focalizada» en hogares, empresas y sectores afectados. Incluso representantes de estos sectores, como la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) han instado al Gobierno por que la reducción de los impuestos y tasas que soportan los carburantes, sea temporal y extraordinaria, pero urgente.
