La inflación es un elemento que tiene un enorme impacto en las cuestiones económicas, tanto en ingresos como en gastos, especialmente en el medio y largo plazo.
Se habla de inflación cuando se produce un aumento generalizado de los precios y por lo tanto pueden adquirirse menos bienes y servicios por cada euro, es decir, cada euro vale menos que antes: el efecto de la inflación nos va “empobreciendo” paulatinamente.
En España la referencia principal a la hora de medir la inflación es el conocido como Índice de Precios al Consumo (IPC) que es una medida estadística de la evolución de los precios de los bienes y servicios que consume la población residente en España. El conjunto de bienes y servicios, que conforman la cesta de la compra, se obtiene básicamente del consumo de las familias y la importancia de cada uno de ellos en el cálculo del IPC está en función de su consumo.
El impacto de la inflación en las pensiones
El aumento de los precios que se registra anualmente puede hacer perder poder adquisitivo a las pensiones si la revalorización anual que experimentan las pensiones es inferior al IPC.
Históricamente la revalorización de las pensiones estaba ligada a la evolución del IPC. La reforma de 2013 cambió la manera de calcular la revalorización de las pensiones introduciendo variables relacionadas con la salud de las cuentas de la propia Seguridad Social, tratando así de garantizar el equilibrio presupuestario de dichas cuentas de la SS. La nueva fórmula se denominó Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y arrojará todos los años un resultado comprendido entre el 0,25% (mínimo asegurado independientemente del resultado real de la fórmula) y el IPC + 0,50%.
De forma excepcional, y según lo acordado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, las pensiones se revalorizarán en los años 2018 y 2019 en línea con el IPC, pero queda por ver si para el año 2020 se retoma el IRP, se mantiene el IPC como referencia o bien se recurre a otra fórmula mixta.
¿Qué va a suceder en los próximos años?
Las proyecciones sobre ingresos y gastos de la Seguridad Social, evolución demográfica, cuantía media de la pensión del sistema y evolución del número de pensionistas arrojan un claro resultado: la situación en los próximos años no va a permitir revalorizaciones anuales de las pensiones superiores al mínimo del 0,25% que marca la ley. Esto quiere decir que los jubilados verán caer el poder de compra de sus pensiones en tanto en cuanto la inflación exceda el 0,25% anual. Esto ya ha sucedido: la inflación de 2017 cerró en el 1,1%, mientras que la revalorización de las pensiones se limitó al 0,25%. Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo asciende al 0,85%.
Teniendo en cuenta que una tasa de inflación normalizada según criterios del Banco Central Europeo se sitúa en el 2%, la pérdida de poder adquisitivo anual de los pensionistas a lo largo de los próximos años sería del 1,75% si se aplica el IRP, y demás esta pérdida es acumulativa año tras año con lo que sus efectos son demoledores en la capacidad de compra de los pensionistas.
IPC Senior
El consumo del colectivo de pensionistas se basa fundamentalmente en la alimentación y en el transporte. La alimentación supone un 22 % del presupuesto de los hogares seniors y especialmente productos como patatas, aceite, pescado o fruta, hablamos de alimentos básicos en la compra de las personas mayores. Destaca además el impacto del IVA, un impuesto que supone el tercer mayor gasto para los seniors detrás de la alimentación y los gastos del hogar. El IPC Senior sería una buena herramienta para revalorizar las pensiones, e incluso la inflación subyacente [que excluye los productos energéticos y alimentos no elaborados] podría ajustarse más a la realidad de estos colectivos.
En los últimos años el IPC Senior ha sido de media 5 unidades superior al IPC general.
En la mayoría de los países europeos se utiliza una fórmula de revisión anual de las pensiones en las que se incluye, además del propio IPC, el crecimiento del PIB nacional y la subida media de los salarios.
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