LA “INDEMNIZACIÓN” POR LOS RECORTES DE LA PENSIÓN A LOS JUBILADOS FORZOSAMENTE ANTES DE LA EDAD LEGAL SE ELEVARÍA COMO MÍNIMO A 2.300 MILLONES DE EUROS.

Entre las recientes recomendaciones del Pacto de Toledo se incluía la necesidad de un análisis de determinados aspectos del régimen de jubilación anticipada, entre los que se incluía la posibilidad de aumentar la penalización al acceso a la misma de las rentas más altas cuando dicha anticipación fuese voluntaria, y la realización en un plazo máximo de tres meses de un informe para aproximar el coste que tendría para el sistema público de pensiones la ‘despenalización’ de la jubilación anticipada involuntaria para trabajadores por largas carreras de cotización (más de 40 años), así como la posible fijación de algún tipo de compensación para los trabajadores expulsados forzosamente de sus empresas como consecuencia de regulaciones de empleo y que por esta misma circunstancia vieron reducida su pensión de jubilación de manera permanente por la operativa de los coeficientes reductores previstos en la ley.

La Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social ya ha realizado un informe evaluando el potencial impacto presupuestario de establecer algún tipo indemnización legal a los trabajadores jubilados anticipadamente de manera involuntaria (“forzosa” económicamente, por estar en desempleo) y concluye que suspender con carácter retroactivo los coeficientes reductores aplicados en su día tendría un coste muy elevado, que se situaría en el mejor de los casos en 2.300 millones de euros.

El informe elevado por la DGOSS al ministro Escrivá advierte de que la supresión del coeficiente reductor por anticipo de la edad de jubilación no se puede aplicar solo a un colectivo  sino a todos aquellos pensionistas o trabajadores que estén en análoga situación, lo que situaría en condición de reclamar ese mismo trato y de poder exigir la desactivación de los coeficientes reductores aplicados en su día a 2.143.000 pensionistas, lo que al menos multiplicaría por cuatro el coste presupuestario estimado.

Señala además una importante objeción a la posible suspensión de estos coeficientes reductores pues se da la circunstancia de que la pensión media de los trabajadores con jubilación anticipada involuntaria es superior a la de los trabajadores que se jubilan a la edad ordinaria.

Grupos de pensionistas como la Asociación de Prejubilados por Reconversión Industrial (APRI), la Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensiones (Fevaas) o Asjuvi40 reivindican la despenalización de la  jubilación anticipada para trabajadores con carreras de cotización de más de 40 años y solicitan una reparación retroactiva en estos casos. Por su parte el sindicato UGT ha reafirmado su voluntad de defender la aprobación de una compensación a pasado para los pensionistas que accedieron a la jubilación anticipada involuntaria (JAI) pues cuantifica que 532.000 jubilados anticipadamente procedían del desempleo

El informe interno de la Seguridad Social recuerda a este respecto que el problema ya se abordó en el año 2007, durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el Ejecutivo decidió aprobar un complemento de pensión de entre 63 y 18 euros mensuales (en función del coeficiente reductor que se les aplicó en su día) pensado para los prejubilados de la reconversión industrial y de la privatización de empresas públicas, a modo de compensación por los recortes en su pensión. Una compensación que las asociaciones de prejubilados han considerado siempre como insuficiente.

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