El Gobierno entiende que en España, ante crisis económicas, las empresas han recurrido tradicionalmente a los ajustes externos, a través de la finalización de contratos temporales y de despidos. Esto ha supuesto un coste muy alto tanto para las empresas, por el desembolso en despidos y el posterior gasto en contratación y formación, como para los trabajadores, al romperse el vínculo con la empresa y convertirse en muchos casos en paro de larga duración, como para el Estado, que lleva financiando desde mediados de los setenta una tasa media de paro de en torno al 15%. La idea ahora es introducir un mecanismo de carácter permanente que evite que las empresas recurran al despido ante situaciones de crisis y apuesten por los ERTE.
El Gobierno quiere convertir los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en un sistema estructural de ajuste de la economía frente los mecanismos tradicionales de despido y contratación temporal y así lo ha trasladado a Bruselas, en el marco de las reformas necesarias para el acceso a los fondos de recuperación. El diseño del futuro esquema de ERTE está todavía en una fase inicial y ni siquiera se ha presentado a los agentes sociales, pero el elevado coste de la medida es el punto más crítico para su implantación.
Una de las vías para financiar este sistema permanente de ERTE sería utilizar la diferencia entre lo recaudado por cotizaciones de desempleo y los gastos en prestaciones tanto a nivel contributivo (la prestación contributiva de desempleo, “el paro”) como a nivel no contributivo (los subsidios de desempleo), el denominado remanente del sistema de protección por desempleo (“la hucha del paro”). Además el SEPE abona las ayudas asistenciales de desempleo (fundamentalmente la RAI y ayudas para parados de larga duración, bonificaciones a la contratación con cargo a la cuota por desempleo,…) que ascendían a más de 18.000 millones de euros en términos de derechos de cobro acumulados a finales de 2019. Lo que serían “los gastos impropios de desempleo” abonados con cotizaciones por desempleo de empresarios y trabajadores para cuestiones ajenas a la cobertura contributiva. En cualquier caso, el Gobierno ya se ha gastado 40.000 millones de euros por este concepto (incluyendo las ayudas a autónomos), de los cuales 13.900 millones han sido financiados con el programa SURE de la Comisión Europea (que contempla en total 21.300 millones de euros para España) y el SEPE tras la Covid, ha realizado gasto récord en prestaciones de 36.400 millones de euros en 2020.
El recurso a la ‘hucha del paro’ para financiar el nuevo sistema de ERTE estructurales es un asunto es espinoso porque los sindicatos han exigido que se emplee para mejorar las prestaciones de los desempleados y la CEOE ha planteado que se dedique a reducir la contribución de las empresas vía cotizaciones al desempleo. Además, el ministro de Seguridad Social ha planteado que parte del histórico superávit del SEPE se desvíe a la Seguridad Social para aportar al abono de las pensiones.
Por su parte el Ministerio de Asuntos Económicos tiene en mente un modelo basado en el sistema alemán, en el que las empresas que se vean obligadas a procesos de reestructuración ante desplomes de la actividad puedan hibernar a sus trabajadores, con apoyo económico público, de manera que estos tengan la posibilidad de formarse en nuevas capacidades y moverse a otros sectores más productivos. En este sentido, otra de las vías de financiación que se abren, en este caso señalada desde el Ministerio de Seguridad Social son los fondos de Recuperación europeos (Next Generation UE) y el Gobierno introdujo en la reforma enviada a Bruselas la creación de un fondo tripartito para costear las prestaciones y la compensación de las cotizaciones sociales en este modelo de ERTE.
Tanto los Ministerios de Seguridad Social como de Trabajo se han mostrado partidarios de que todos estos cambios se debatan con la patronal y los sindicatos y establecer un modelo para ligar los nuevos ERTE a la negociación colectiva, que se antoja difícil en pequeños negocios donde no existe representación legal de los trabajadores.
