Las cifras de afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en España y cuántos de ellos han podido cobrar ya la prestación de paro son otros de los datos que cuestan de dilucidar. El Gobierno se resiste a actualizarlos porque quien tramita los expedientes son las comunidades autónomas y, además, hay dos ministerios implicados. Solo Pedro Sánchez desgrana la cifra de vez en cuando, pero sus cálculos se pueden quedar cortos. Hasta 700.000 afectados por ERTE pueden no haber cobrado todavía en mayo.
os últimos datos de cuántos españoles han sufrido un despido temporal como consecuencia de la crisis del coronavirus es de 4,1 millones, si bien la cifra es de finales de abril y nadie ha facilitado una nueva. El Ministerio de Trabajo no lo ha hecho y el Ministerio de Seguridad Social sí dio una, si bien está muy por debajo de las últimas que habían facilitado el presidente del Gobierno y las fuentes del Ejecutivo, esos más de cuatro millones.
La Seguridad Social tenía constancia, a cierre de abril, de 3,39 millones de trabajadores afectados por un ERTE, de los que 3,07 millones lo eran por un expediente por causas de fuerza mayor. Esta es la modalidad aprobada en marzo por Trabajo para paliar la crisis de la Covid-19, y el Gobierno, junto con los sindicatos UGT y CCOO y el apoyo a regañadientes de CEOE y Cepyme, ha acordado prorrogar más allá del estado de alarma.
Pedro Sánchez admitió que 300.000 personas no han cobrado todavía el paro, pero sus cálculos se quedan cortos
Las cifras de la Seguridad Social, que se basan en las prestaciones que han podido ser tramitadas, dejan la incógnita de qué pasa con unos 700.000 empleados que, según el propio Ejecutivo, están en un proceso de ERTE y no aparecen en las estadísticas. Fuentes sindicales hablan de que, según sus propios cálculos, aproximadamente un 20% de los afectados no cobrarán todavía, lo que da una cifra parecida, sobre los 800.000.
El presidente del Gobierno admitió esta semana que no todos los afectados por los expedientes temporales habrán cobrado el 10 de mayo, la fecha en la que suele pagarse la prestación de paro, y que es precisamente este domingo. Sánchez dijo que serían 300.000 los que no habrán percibido el subsidio por desempleo, pero como vemos, pudo haberse quedado muy corto. La misma cifra dijo el mismo 5 de mayo Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Retrasos en la tramitación de los ERTE
Sea cual sea la cifra, lo que es evidente es que la saturación de los servicios de empleo de las CCAA ha provocado que no se hayan podido reconocer todas las prestaciones a tiempo para su pago. El 10 de abril solo se pagaron una pequeña parte y el Gobierno admitió que no sería hasta mayo cuando se satisfarían la gran mayoría, si bien también reconoció que probablemente también quedarían pendientes, como ha pasado. Para paliar este efecto, Trabajo habló con los bancos para que abonaran la prestación de paro antes del día 10.
El alud de ERTEs cogió a las comunidades autónomas, que son las que los gestionan porque tienen transferidas las políticas activas de empleo, con el pie cambiado. Como ejemplo, Baleares solo tenía un funcionario destinado a ello, y tuvo que dedicar de golpe a más de 100, todos teletrabajando por las restricciones del estado de alarma. Lo mismo ocurrió en todas las CCAA pero no evitó que se colapsaran. El periodo máximo de tramitación, de cinco días, se duplicó.
Los datos del paro excluyen a los afectados por ERTE
Los datos del paro que conocimos la semana pasada no incluyen a los afectados por ERTEs; tampoco la encuesta de población activa (EPA), que el INE publicó a finales de abril, pese a que mientras cobran la prestación, están dados de alta como desempleados. Esta cuestión estadística provoca que las subidas del paro, pese a ser históricas, no sean nada en comparación a lo que podrían ser si se incluyeran estos más de cuatro millones de personas.
Los datos no se incluyen porque se trata de un mecanismo temporal. Cuando pase, se espera que vuelvan a sus puestos de trabajo. La herramienta del ERTE se potenció con esta crisis del coronavirus como una manera de evitar despidos y está funcionando, según el criterio de los agentes sociales. Por ello tanto los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme pidieron que se prorrogue más allá del estado de alarma y Trabajo aceptó, aunque impuso que no se pueda despedir hasta 2021.
Fuente: Economía Digital