La deuda bate récords mientras el BdE o la AIReF advierten al Gobierno sobre el gasto estructural y Bruselas prepara las nuevas reglas fiscales, que darán más margen a los Estados
El Gobierno ha aprovechado que las reglas fiscales europeas siguen suspendidas para elaborar los presupuestos más expansivos de la historia, apoyados en una recaudación inédita como consecuencia de la inflación. Sin embargo, esta situación no va a durar para siempre, como la Airef o el propio Banco de España, durante sus comparecencias parlamentarias.
La gran preocupación es que las medidas temporales para luchar contra la crisis energética se cronifiquen, sin que ocurra lo mismo con el espectacular aumento de los ingresos públicos —un 18% en lo que llevamos del año, según la Agencia Tributaria. El resultado sería un incremento del déficit estructural —el que no tiene que ver con el ciclo—, como ocurrió después de la burbuja inmobiliaria, cuando la recaudación bajó bruscamente sin que lo hiciesen los gastos del Estado.
Cuando a las medidas anticrisis hay que añadir el incremento de las pensiones y del sueldo de los funcionarios, que se consolidarán durante los próximos años la preocupación aumenta. La propia Comisión Europea sabe que tras la suspensión de las reglas fiscales —sin efecto desde 2020, ante el estallido de la pandemia— habrá resaca, y aunque las normas se mantendrán suspendidas también durante 2023, el Ejecutivo comunitario ha comenzado a mover un mensaje muy claro y ha pedido que los Estados miembros fiscal empiecen a controlar el gasto público.
Es un mensaje compartido por los principales organismos de la gobernanza económica global, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pasando por el Banco Central Europeo (BCE). Todos ellos han pedido que los impresionantes paquetes fiscales que han puesto en marcha los Gobiernos para hacer frente a las consecuencias de la crisis de Ucrania tengan carácter temporal y se centren en los vulnerables. En el centro de las preocupaciones se halla solamente la sostenibilidad de las cuentas públicas. Sin ir más lejos, el Gobierno presume de haber dedicado ya 35.000 millones contra la inflación, el 2,9% del PIB.
El Ejecutivo prevé que España cierre 2022 con un déficit público del 5%, que se reduciría hasta el 3,9% en 2023 y el 3,3% en 2024, según recoge en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, estas previsiones han quedado desacreditadas la AIReF estima que, de prolongarse las medidas energéticas, España no solo no reduciría su déficit en 2023, sino que lo aumentaría en dos décimas, hasta llegar al 4,6%. El FMI también le ha enmendado la plana al Gobierno, al prever que no bajará del 4% de aquí a 2027. Con el permiso del presidente de Rusia, Vladímir Putin, todo apunta a que 2024 será el año que marque el punto de inflexión entre la borrachera y la resaca.
El objetivo de la Comisión es que las nuevas reglas fiscales sean más sencillas y fáciles de cumplir por parte de los Estados miembros, y se espera que el Ejecutivo comunitario haga una propuesta en las próximas semanas
Hasta ahora, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (1997) exigía a los países miembros mantener déficits inferiores al 3% y deudas que no llegasen al 60% si no querían entrar en el protocolo de déficit excesivo, que les obligaba a aplicar una serie de reformas dictadas por Bruselas para estabilizar sus cuentas. Pero las sanciones por incumplir las reglas fiscales nunca se han aplicado: ni a la propia Italia, ni a Francia y Alemania en 2005, ni a España durante los sucesivos incumplimientos de los Gobiernos del popular Mariano Rajoy.
Sea cual fuere la letra pequeña del acuerdo que finalmente se alcance, lo cierto es que se aprecia una corriente de fondo: el regreso de la preocupación por la sostenibilidad de las cuentas públicas (si es que en algún momento se había ido). Así, en Londres, donde una primera ministra ha caído por presentar una rebaja fiscal que llevaría a su país a la ruina, como en Madrid, donde cada vez son más los que sintonizan con la Airef. La deuda pública regresa a todos los debates después de tres años de barra libre.
