El fiscal, que pide para cada acusado una pena de tres años de prisión, considera que las cuotas impagadas ascienden entre 2014 a 2017 a 185.823 euros
Tres personas se sentarán este martes, 16 de enero, en el banquillo de la Audiencia Provincial de León por un delito de fraude a la Seguridad Social por el que el fiscal pide para cada uno de los acusados una pena de tres años de cárcel. En su escrito de acusación señala que un padre y su hija, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, y una tercera persona con antecedentes penales susceptibles de cancelación, constituyeron el 15 de febrero de 2013 una sociedad limitada en la que la hija y el otro socio eran administradores solidarios.
El objeto social principal de esta sociedad era «el transporte de mercancías de cualquier género y el almacenaje y distribución de mercancías», tal y como detalla el escrito, en el que se remarca que los acusados «con la finalidad de eludir las obligaciones que en materia de Seguridad Social corresponden al empresario, obrando con el propósito de obtener un beneficio económico y siguiendo un plan preordenado» llevaron a cabo una serie de acciones.
Según explica, cursaron el alta del primer trabajador en fecha de 1 de marzo de 2013 y la baja del último el 23 de marzo de 2018 «comenzando el impago sistemático de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social desde mayo de 2013» y, además, «no realizando ningún ingreso de forma voluntaria en vía ejecutiva desde principios de 2016, creando un perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social y a los trabajadores a su cargo».
Con anterioridad, explica el fiscal, se había creado otra empresa. En concreto, en 1985, de la que eran administradores y socios únicos el padre y la hija y su objeto social «el transporte de mercancías». Como consecuencia de una actuación de la Inspección de Trabajo, dice el fiscal, se constata que el domicilio de la empresa está situado en un polígono industrial, mismo lugar del domicilio social de la primera empresa. En este caso expone que «con la finalidad de eludir las obligaciones que en materia de Seguridad Social corresponden al empresario, obrando con el propósito de obtener un beneficio económico, y siguiendo un plan preordenado, ha generado desde el año 2010 impagos de cotizaciones de forma sistemática».
Posteriormente, se comprobó la creación de una nueva empresa que a partir de enero de 2017 cambió su objeto social a transporte de mercancías por carretera y se nombró como administradora única de la sociedad a la hija, si bien nunca ejerció como tal. La empresa tenía su domicilio en un polígono industrial en el que «se ha constatado», dice el fiscal, que «en dicha ubicación no existe ninguna nave de la empresa». Del mismo modo, se señala que carece de trabajadores y no figura inscrita en ningún régimen de la Seguridad Social, si bien tiene «un elevado volumen de ingresos» y se ha probado «que se le han derivado facturaciones de empresas que antes facturaban» a otra.
«Todas las sociedades se suceden en el tiempo con una única dirección y actividad, comparten servicios y parte de sus trabajadores» y, además, dos de ellas fueron constituidas con la intención de continuar la actividad de otra, «eludiendo así sus obligaciones de pago», explica la Fiscalía, que pone cifra, a 25 de febrero de 2020, a las cuotas impagadas a la Seguridad Social por el entramado de sociedades en el periodo comprendido desde 2014 a 2017: 185.823,28 euros.
Para el fiscal los hechos son constitutivos de un delito de fraude a la Seguridad Social por el que considera que procede imponer a cada uno de los acusados una pena de tres años de cárcel y multa de 557.469,84 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada mil euros impagados, así como la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un plazo de seis años.
Además, solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad de 185.823,28 euros por el dinero defraudado, cantidad que explica que se verá incrementada por el interés legalmente aplicable y siendo responsables civiles subsidiarios las tres empresas citadas.
Fuente: La Nueva Crónica La Audiencia de León juzga a tres personas por un delito de fraude a la Seguridad Social (lanuevacronica.com)
