El INE acaba de confirmar que la tasa anual del IPC cerró el pasado mes de noviembre en el 1,7%. El dato no es baladí, pues, de tenerse en cuenta a la hora de calcular la ‘paguilla‘ compensatoria que se abonará en 2019 para aliviar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, dejaría la factura en un máximo de 260 millones de euros, cifra bastante inferior a la inicialmente estimada por los responsables de la Seguridad Social.
El Ejecutivo se comprometió a compensar a los pensionistas en una paga extraordinaria a principios del año que viene si el IPC se desviaba sobre el 1,6% que subieron las prestaciones este año, pero el Ministerio de Trabajo todavía no ha decidido si tendrá en cuenta el dato del mes de noviembre (referencia habitual, de acuerdo con la legislación anterior) o el de diciembre para calcular esa ‘paguilla’.
Cada décima de desviación de los precios tiene un coste para la Seguridad Social de 128,6 millones de euros. Por eso, cuanto más se acerque a ese porcentaje el dato elegido para el cálculo, menor será el desembolso para las arcas públicas, incluso, la factura podría reducirse a cero si la cifra es igual o menor a ese 1,6%. A la espera de lo que suceda en diciembre, si finalmente se decide tomar como referencia el dato del penúltimo mes del ejercicio, la Seguridad Social tendrá que abonar solo la diferencia por una décima, es decir, 128,6 millones de euros, cantidad que se eleva hasta 257 millones en caso de consolidarse en la nómina, como suele ser habitual.
El problema es que los Presupuestos de 2018 no incluían esta partida y ahora, el Gobierno tiene que tirar de “imaginación contable” para subir las pensiones. También son declaraciones de Granado, quien destapaba recientemente en una comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados la ausencia de este reflejo contable.