Las pensiones son una de las grandes preocupaciones de los españoles. Tanto para los actuales pensionistas, porque quieren saber qué pasará con su pensión, y sobre todo para quienes ahora cotizan, porque quieren saber cuánto llegarán a cobrar en algún momento. La reforma de las pensiones es un clamor popular y amenaza con ser un gran bache para el partido que se oponga a su reforma.
Las negociaciones en el seno del Pacto de Toledo están ya encaminadas a falta de los últimos flecos, que podrían cerrarse este mismo viernes, explican fuentes de la comisión. De esta forma, la política española podría volver a lanzar un mensaje de optimismo en los grandes acuerdos de Estado en las materias clave después de los últimos meses de dura confrontación.
La comisión del Pacto de Toledo celebra este viernes 23 de octubre la reunión clave para desbloquear el acuerdo. Todavía es pronto para ‘cantar victoria’, ya que en febrero de 2019, las recomendaciones también estaban casi cerradas y finalmente saltaron por los aires cuando Unidas Podemos se levantó de la mesa pues la fase final de las negociaciones coincidió con la convocatoria de elecciones, lo que complicó el acuerdo.
La comisión está ahora ante una segunda oportunidad y esta vez podría ser la definitiva. En esta ocasión, no hay ninguna previsión que apunte a unas elecciones pronto, sobre todo después de que el Gobierno pasara con holgura la votación de la moción de censura el jueves e incluso el presidente del PP, Pablo Casado, en su réplica al líder de Vox, ya insinuó los avances conseguidos por su partido en el Pacto de Toledo: “Hemos liderado la rebelión de los alcaldes, un plan de choque económico, un pacto de Estado sanitario o la renovación del de pensiones”
Los partidos presentes en la comisión del Pacto de Toledo pretenden limar este viernes las últimas discrepancias y lograr así un consenso mayoritario, aunque parece difícil que sea unánime. Los votos de Vox, Bildu y ERC están en el aire, pero lo que parece factible es un gran acuerdo que concite los votos de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV. La comisión ha citado a sus miembros para el próximo martes 27 de octubre, para realizar la votación definitiva sobre el borrador acordado. Una vez que el acuerdo cuente con el visto bueno del Pacto de Toledo, se elevará al pleno del Congreso para que se incorporen los votos particulares de los grupos y se pueda dar su aprobación definitiva.
Para el Partido Popular, se trata de un pacto de Estado asumible, por la demanda social y porque las recomendaciones irán descargadas de contenido ideológico. La clave ahora es garantizar la renta de los pensionistas (revalorización periódica con el IPC), eliminar el déficit del sistema profundizando en la separación de fuentes y promover la sostenibilidad del sistema. Cuestiones técnicas en las que es posible alcanzar un acuerdo de contenido sin luchas partidistas.
Los grupos acordaron al inicio de las negociaciones descargar las recomendaciones de contenidos ideológicos para facilitar el acuerdo, explican fuentes del Pacto de Toledo. De esta forma, ha sido posible avanzar en las conversaciones. No solo eso, la comisión ha sido capaz de mantenerse al margen de las luchas políticas en el pleno. Lo ha conseguido huyendo de los focos mediáticos y realizando una negociación discreta en la que los grupos han mantenido una posición constructiva. Otra política ha sido posible en mitad de la confrontación.
Entre las principales aportaciones del Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas.
Este consistiría en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social.
Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.
Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión –hasta 25 años en 2022– pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.
Finalmente, además respaldar medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización, emplazando al Gobierno a identificar en tres meses qué excepciones podrían darse para esas penalizaciones, especialmente cuando la jubilación hubiera sido forzosa por la crisis.
Los 10 acuerdos/recomendaciones
Hasta la fecha, estas son las medidas clave de reforma del sistema público de pensiones que están sobre la mesa de los negociadores del Pacto de Toledo:
1.- Revalorizar las pensiones con el IPC. Este año 2020 la subida ha sido del 0,9% para todas las pensiones (contributivas y no contributivas). Y para 2021, el Gobierno calcula que el deflactor del PIB –cifra que se aproxima a la previsión de inflación– será el 0,9%, por lo que eso subirían las pensiones el próximo año.
2.- Elegir los mejores años de cotización para calcular la pensión. Con el objetivo de que el trabajador pueda compensar periodos laborales en los que ingresen salarios más bajos o sufran baches profesionales, desempleo, sufrir ERTE, ERE, etc. En principio, se trataría de elegir los mejores 25 años (esta es la cifra que será preceptiva para hallar el importe de la pensión en 2022), aunque no se descarta analizar las implicaciones de una ampliación de este período de cálculo.
3.- Pensión de viudedad. Se elevará al Gobierno la propuesta de igualar el acceso a las pensiones de viudedad entre parejas de hecho y casadas. Se daría así cumplimiento a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que el año pasado reclamó a España que acabe con la discriminación legal que sufren las viudas y viudos de parejas de hecho.
4.- Eliminar el déficit de la Seguridad Social y separar las fuentes de financiación. Para lo cual la principal medida será reordenar y sacar los gastos impropios del presupuesto de la Seguridad Social y traspasarlos al Estado. El déficit del sistema este año puede superar los 25.000 millones de euros (en torno al 2% de PIB). Estos gastos impropios se deben a gastos de funcionamiento (3.911 millones), gastos en políticas no contributivas por 11.305 millones; deducciones en cotizaciones por 1.818 millones; prestación por nacimiento y cuidado de hijos, de unos 2.953 millones. Además del complemento de maternidad (1.082 millones), las subvenciones a regímenes especiales (1.014 millones), complemento de lagunas para calcular la pensión (788 millones), etc. En total, suman más de 22.800 millones que si se sacaran de la Seguridad Social “equilibrarían las cuentas del sistema”.
5.-Acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Para ello, se retocarán las jubilaciones anticipadas. Dentro de ese retoque, figurarán posibles excepciones a las penalizaciones existentes en la pensión para las jubilaciones anticipadas. También se incentivará el retraso voluntario de la jubilación y se reforzarán las fórmulas para compatibilizar la pensión con el trabajo (jubilación activa).
6.- Incentivar los planes de pensiones de empleo. Este era un punto recogido en el borrador de recomendaciones del Pacto de Toledo que naufragó en febrero de 2019, y que se mantiene en el texto final. Con ello, tanto el Pacto de Toledo como el Gobierno pretenden impulsar la utilización de los planes de pensiones de empresa (o de empleo) en el entorno laboral, poniendo en marcha medidas para que accedan a ellos las rentas bajas y medias.
7.- Cotización de autónomos por ingresos reales. Tanto el Pacto de Toledo como el ministro Escrivá creen conveniente que el régimen de autónomos se vaya acercando al régimen general, de modo que los trabajadores por cuenta propia coticen por sus ingresos reales y tengan una pensión mayor y mejores coberturas.
8. Fondo de Reserva: Restablecer un mecanismo de dotación del Fondo de Reserva, la denominada hucha de las pensiones, que está prácticamente vacía.
9.- Mantener la jubilación de empleados públicos de Clases Pasivas a los 60 años. De ser así, podrán cobrar la pensión los empleados públicos pertenecientes a las clases pasivas de jubilación que hayan cotizado más de 30 años.
10. Mantener y mejorar el sistema público. El Pacto de Toledo instará a garantizar el sistema público de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional. Debe haber prestaciones suficientes, equidad en el reparto de las cargas y responsabilidad en la gestión del sistema. También incluirá probablemente la posibilidad de que se financie con impuestos.
Reivindicaciones no contempladas en el borrador de recomendaciones
Algunos pensionistas exigen mucho más de la reforma de las pensiones que está en marcha y consideran que “blindar las pensiones en la Constitución es una cuestión de razón social y humanitaria”. Aseguran que “prohibir de forma explícita la privatización de las pensiones en la Carta Magna es un seguro de futuro, una garantía de estabilidad, equilibrio social y económico”.
También exigen una auditoría pública para conocer la situación financiera de la Seguridad Social, las políticas fiscales y de préstamos que han ido aplicando los distintos gobiernos y que generan cada día más inseguridad y piden analizar “a dónde han ido a parar los más de 103.690 millones de euros que entre 1989 y 2013 pertenecían a la hucha de las pensiones y que se destinaron a otras cuestiones. Fue una práctica aparentemente legal pero incorrecta que hizo desaparecer los excedentes de cotizaciones que hoy debían nutrir esa hucha de las pensiones tan esquilmada en épocas de paro y crisis como la que hoy vivimos”
Otra de las constantes es pedir la derogación de las reformas de 2011 y 2013, que en su opinión están recortando las pensiones y erosionando el sistema público de reparto, y que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros mejorando de forma sustancial las pensiones no contributivas y la pensión de viudedad.
Las asociaciones de pensionistas van más allá, y piden que se reintegren en las cuentas de la Seguridad Social, o que el sistema sea compensado, por los más de 100.000 millones de euros en gastos impropios generados durante años, debido a que el Estado recurrió a la Seguridad Social para poder hacer frente a gastos que no le correspondía atender, tal y como el Tribunal de Cuentas indicó en agosto, en su Informe de Fiscalización sobre la Evolución económico-financiera de la Seguridad Social.
Otra de las reclamaciones de las asociaciones de pensionistas es que las aportaciones puntuales de fondos a la Seguridad Social se hagan mediante transferencias, y no mediante préstamos, para que se deje de asignar un déficit a la Seguridad Social, que entienden que en realidad debería de asumir el Estado y recuerdan que la propia Ley General de la Seguridad Social (art. 109) establece que, si para atender las pensiones faltan cotizaciones sociales, el Estado hará las aportaciones que sean necesarias.
