- Este mecanismo de revalorización aumenta el gasto en 2.500 millones
- Bruselas estudia cómo forzar las reformas recomendadas por la Comisión
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha apresurado en los últimos meses a alejar la sombra de la sospecha sobre cualquier actuación en materia de pensiones descartando recortes a causa del impacto de la pandemia. De hecho, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha reiterado que las pagas de jubilación y demás pensiones del sistema serán revalorizadas con el IPC el próximo ejercicio, despejando los rumores de recortes en el Sistema para los próximos ejercicios. Ahora, si bien es cierto que el Ejecutivo mantiene esta constante, tras el acuerdo alcanzado en la Unión Europea para el fondo de reconstrucción, las reglas que se impongan finalmente para el mantenimiento de las ayudas pueden poner en entredicho algunos aspectos concretos del sistema de pensiones español como es el aumento de las pagas con el IPC, el alargamiento del cómputo de vida laboral para el cálculo de las pagas o el endurecimiento en el acceso al retiro anticipado.
La clave, cuentan fuentes conocedoras de la negociación europea a elEconomista, es que desde Bruselas se está elaborando un reglamento sobre el funcionamiento de las ayudas que pretende poner negro sobre blanco y con acuse de recibo los deberes para los países receptores de los fondos para la reconstrucción aprobado recientemente. Un fondo que ya se sabe condicionará la política de gasto de los países miembros más afectados por la pandemia y que necesitarán el socorro financiero comunitario, pero que en dicho reglamento se pondría nombre y apellido a las medidas que se deberán abordar en el futuro en materia de pensiones y de mercado laboral.
Freno de emergencia
En este sentido, como ya avanzó este diario jornadas antes del final de la negociación, el cuadro de condiciones colgará de las recomendaciones específicas que elabora la Comisión para cada Estado miembro y se le pondrá un nombre más taxativo, ya que supondrá el justificante de los conocidos como países frugales para poner en marcha el denominado freno de emergencia de las ayudas.
Sin embargo, en lo que se refiere a la materia de pensiones ese documento de Bruselas abandona viejas recetas ya expedidas que siempre iban en la línea de ahondar en los principios fundamentales de la reforma impulsada por el PP en 2013, cuando introdujo el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que funcionaba como un piloto automático que llevaría al sistema al equilibrio presupuestario y el factor de sostenibilidad que aplicaba el efecto del alargamiento de la esperanza de vida.
Ahora bien, la Comisión ya no alude a estas concreciones -cabe recordar que la reforma de pensiones del PP de 2013 fue derogada de facto por el propio Mariano Rajoy en el pacto presupuestario alcanzado en 2018 con el PNV y aún vigente- y en las últimas recomendaciones del semestre europeo la referencia sobre pensiones se ciñe a un mandato para el Gobierno de lograr el equilibrio presupuestario del Sistema sin especificar líneas de actuación.
Este es precisamente el as bajo la manga con el que cuenta el ministro Escrivá para abordar la reforma del Sistema. De hecho, más allá de las demandas de la Comisión sobre reforma de las pensiones, cabe recordar que este era uno de los dos primeros compromisos que adoptó el ministro de Seguridad Social tras acceder al cargo. Pero las líneas que prevé transitar se centran principalmente en ajustar la edad real de jubilación (en torno a 64 años) a la edad legal (ya casi 66 años y 67 años a partir de 2027) porque, según los cálculos actuariales elaborados por el Gabinete técnico de la Seguridad Social, por cada año que se gane de edad real de jubilación se recortaría un 25% el déficit de la Seguridad Social (actualmente en 18.000 millones de euros aunque podría ascender a los 60.000 millones en 2020 por la pandemia), es decir, se recaudarían 4.500 millones de euros más al año. De hecho, si lo miramos con la perspectiva inversa, el no cumplimiento de la edad legal de jubilación entre los españoles resta a la Seguridad Social cerca de 8.000 millones de euros.
En este punto, cabe recordar que, según cálculos elaborados por Fedea, la subida de las pensiones en función del IPC en condiciones normales de crecimiento económico supondría incrementar el tamaño de la partida en 2.500 millones de euros cada año. Se trata así de un elemento elevador del gasto que sitúa un horizonte ambicioso en términos presupuestarios para un gasto que ya supera los 10 puntos de PIB y que registra desde hace unos años un déficit estructural de 18.000 millones de euros. Además, en este punto uno de los elementos que podrían aparecer, si bien en España la asunción de estas eventuales condiciones las asumiría en primera instancia el Pacto de Toledo, la alteración de la subida con el IPC de modo que esté condicionada por el crecimiento económico u otros correctores como ocurre por ejemplo en Holanda que utiliza los precios como base para la subida pero que está condicionada a la situación financiera del sistema público.
El profesor del Instituto para la Formación del Trabajo Autónomo, Sebastián Reyna, recuerda que en los últimos cinco años se ha incrementado el número de jubilaciones anticipadas “y en total son ya el 16% del total de las jubilaciones reconocidas en el último año” por la Seguridad Social. Lo pernicioso de esta tendencia está en que son los propios beneficiarios del Sistema los que complican su salud financiera con estas anticipaciones que implican el cese de las cotizaciones. Por ello, este es uno de los grandes caballos de batalla del ministro Escrivá, que al comienzo de la Legislatura marcó como reto la eliminación del déficit de la Seguridad Social en los próximos cuatro años. Un objetivo que, si bien ya era complejo pero asumible con un déficit del 1,3% del PIB, tras el esfuerzo de este año para afrontar la pandemia se irá hasta el 5% triplicando el de 2019.
