ESPAÑA, CON EL GASTO PÚBLICO AL LÍMITE: LA NECESIDAD DE CREAR UN PRESUPUESTO BASE CERO

España no puede seguir instalada en el nivel de gasto desmedido en el que vive desde hace muchos años. Sánchez ha intensificado el gasto público de manera desorbitada, pero más allá de hablar de gastos superfluos no suele ser la parte del presupuesto en la que se enfocan los políticos. La izquierda aumenta el gasto y sube los impuestos, que hunde la economía.

 

El liberal-conservadurismo aplica la eficiencia en la gestión y logra ahorros en el gasto, que junto a la eliminación de algunos gastos menores le permite bajar impuestos para incentivar la actividad económica, pero no llega a reducir de verdad el gasto, porque piensa en las elecciones y la sociedad tiene muy interiorizado que los servicios que le ofrecen han de ser lo más variados posibles y muchos no terminan de asimilar que eso sale de los impuestos de todo, porque obra la ilusión fiscal y terminan pensando que lo pagan otros.

Es más, en ocasiones, cuando la actividad económica parece que va bien y los ingresos crecen temporalmente, algunos políticos liberal-conservadores incrementan el gasto y presumen de ello, sin darse cuenta de que se adentran en el camino peligroso del desequilibrio. Es humano que piensen en las elecciones, pero peor reaccionará el ciudadano si, finalmente, todo estalla y hay que aplicar entonces intensos recortes.

Así, el Gobierno de Sánchez ha llevado el gasto a unos niveles insoportables, que están aumentando la deuda de manera exponencial y que van a suponer una losa importante para las generaciones actuales y futuras, habida cuenta de que el incremento ha sido muy cuantioso.

Si mes tras mes vemos cómo la deuda la ha aumentado sin parar -en más de 400.000 millones de euros desde que llegó al Gobierno- podemos comparar la situación con el presupuesto que él heredó en 2018 para comprobar cómo el gasto se ha disparado en los últimos cuatro años.

De esa forma, según el techo de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el gasto pasa de 119.834 millones de euros en 2018 a 199.120 millones en 2023.

Eso supone un aumento de 2023 a 2024 del 0,5% incluyendo fondos europeos y del 9,3% sin incluirlos. Es decir, se está acelerando el gasto estructural sin financiación europea.

Es decir, se ha incrementado en 79.286 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, puesto que el PIB nominal, en ese período, y si se cumplen las estimaciones de crecimiento del PIB en términos corrientes para 2024, habrá aumentado en 338.334 millones de euros, con lo que de ese aumento del PIB, el incremento del gasto supondrá un 23,43% del mismo. O lo que es lo mismo: de cada nuevo euro de actividad económica generada en España, 23,43 céntimos se habrán dedicado al gasto público.

Es cierto que en esos 199.120 millones de euros se encuentra gasto financiado en exclusiva con los fondos de recuperación europeos, de forma que el gasto sin ellos se queda en 189.215 millones de euros, pero aun así el aumento de gasto desde 2018 es de 69.381 millones.

Por tanto, aunque los 9.905 millones de euros de fondos europeos que elevan el techo de gasto y que se reciben vía ingresos de la UE no se consoliden en el tiempo y desaparezcan cuando finalice el programa de recuperación -que es mucho suponer, pues vemos que lo financiado con fondos de recuperación pasa de 25.156 millones en 2023 a 9.905 millones en 2024, pero el presupuesto no se reduce en esa diferencia, sino que aumenta sin incluir los fondos en 16.150 millones, un 9,3%-, los otros 69.381 millones de euros de incremento desde 2018 los ha dejado Sánchez como estructurales, que merman las posibilidades de crecimiento de la economía española por el lastre que suponen para ella.

Y ese gasto estructural acelera su crecimiento en 2024, pues de 2023 a 2024 crece más el gasto que no cuenta con financiación europea, con lo que el desequilibrio es todavía mayor, ya que el financiado con fondos europeos es neutro desde el punto de vista del saldo presupuestario.

Todo ello, lo hace con la recuperación de las reglas fiscales, cuya suspensión ha constituido un elemento negativo para la disciplina presupuestaria en el caso de que los gobiernos nacionales, como el del presidente Sánchez, incrementen el gasto sin medida, que está aumentando peligrosamente la deuda y dificultando su sostenibilidad, además de provocar un encarecimiento de su financiación, tanto por la subida de tipos que afecta a las nuevas emisiones -deuda nueva y refinanciaciones- como por el mayor diferencial que habrá que pagar por el mayor riesgo que supone el país al estar más endeudado -y que ya está pagando-, como hemos contado en anteriores artículos.

Eso hace que la deuda aumente sin cesar, como venimos viendo todos los meses, con más de 400.000 millones de euros más de endeudamiento desde que gobierna, que genera graves desequilibrios.

No podemos seguir así. Hay que recortar gasto de manera importante. No es viable que toda necesidad termine convertida en gasto financiado. Hay que reducir el peso del sector público, eliminar mucho gasto clientelar y recortar el gasto de lo que no sea esencial para poder preservar los servicios fundamentales. Por ello, hay que hacer un presupuesto base cero, que se replantee absolutamente todo, para poder valorar bien de qué se puede prescindir y de qué no. España no puede seguir acumulando gasto; es más, debe reducirlo de manera intensa si no quiere tener un grave problema de equilibrio presupuestario en el medio plazo.

Fedea y los economistas reclaman un plan urgente para reducir el déficit y la deuda

Apuestan por medidas de control de gasto centradas en las pensiones  y por el lado de los ingresos por eliminar los tipos reducidos de IVA, el sistema de módulos, los impuestos medioambientales y la lucha contra el fraude

La recuperación de las reglas fiscales a nivel europeo desde principios de este año y el fuerte incremento de la deuda pública española, que se ha disparado prácticamente 76 puntos entre 2007 y 2022 -muy por encima de los 25 puntos de media en la Eurozona- obligan a España a poner en marcha un plan de consolidación “urgente y convincente”. La advertencia la han lanzado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) que instan al Gobierno a aplicar medidas de control del gasto público, con las pensiones en el foco, y para mejorar la eficiencia en la gestión de las administraciones públicas.

Por el lado de los ingresos, donde ven menos margen de actuación por la elevada presión fiscal que ya soporta, a su juicio, la economía española, sí que apuestan por abordar una reforma fiscal integral. Esta debería centrarse en ampliar las bases tributarias, eliminar los tipos reducidos de IVA y el sistema de módulos por el que tributan los autónomos y pymes, por primar aquellos impuestos medioambientales que contribuyan a la transición energética y por intensificar, además, la lucha contra el fraude fiscal.

Existe una “evidencia demoledora” en la economía española y es comparar cómo han evolucionado entre 2008 y 2023 el PIB per cápita (un indicador muy fiel de la productividad y del desarrollo económico) y el gasto per cápita corriente. Fedea, explica que mientras que los ingresos per cápita apenas ha avanzado un 3,8% acumulado en ese periodo, el crecimiento del gasto per cápita corriente -que excluye los intereses de la deuda y la inversión- se ha disparado un 24,6%.

Desde su punto de vista, es “insostenible” financiar todo ese incremento del gasto vía deuda. En economías como la española, la consolidación fiscal debería llevarse a cabo con medidas sobre los ingresos y gastos públicos “que no dañen el tejido productivo”, aplicándolas al mismo tiempo que se acometen reformas estructurales y de mejora de la eficiencia de las administraciones públicas que permitan incrementar el crecimiento potencial de la economía.

El desafío de los nuevos presupuestos 

El CGE ha puesto el foco en los Presupuestos Generales del Estado de 2024, actualmente en elaboración. Así, ha puesto en valor su importancia desde el punto de vista político, al ser los primeros presupuestos de la legislatura. Advierte de que “la presión para su aprobación va a ser más elevada” y, a la vez, están las tensiones que se producen hacia la sostenibilidad a medio plazo de las finanzas públicas. Estas vienen dadas por las tensiones que sobre el gasto se derivarán del envejecimiento de la población, así como por un gasto en pensiones asociado a un sistema de reparto ante la jubilación de la generación del ‘baby boom’ las próximas décadas.

Está, además, el incremento del coste de la deuda derivado de la subida de los tipos de interés con un nivel de deuda pública que habría despedido el año pasado en el entorno del 108,1% PIB; así como que la presión fiscal que ya soporta la economía española le deja un nulo margen de maniobra debido a la mayor presencia de la economía sumergida. Por último Guillermo apunta a la necesidad de mejorar la eficiencia en la gestión del gasto público, siendo esta “la asignatura pendiente en la gestión del presupuesto público en los próximos años”.

Los expertos de Fedea y del CGE consideran que España debe aprovechar el nuevo diseño de las reglas fiscales europeas para devolver las cuentas públicas a una senda sostenible. Sólo así será posible un crecimiento más vigoroso y sano en el largo plazo. El presidente del Consejo, Valentín Pich, ha puesto el foco en la necesaria revisión del déficit estructural, más aún ante las previsiones que enfrenta la economía española y el punto de partida desde el que las abordará: un desequilibrio en las cuentas públicas que se situará en el entorno del 3% del PIB a cierre de este ejercicio y una deuda pública que debe reconducirse en función de lo que marque el nuevo diseño del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

La demanda de la deuda publica, ¿un espejismo o una “huida hacia delante?

Lo cierto es que la prima de riesgo de la deuda pública del Reino de España siga impertérrita, oscilando entre los 90 y los 100 puntos básicos, pese a muchas de las decisiones que toma el Gobierno, desde el impuesto a la banca y a las eléctricas, hasta la negativa a deflactar el IRPF, o desde los aumentos año tras año del salario mínimo, hasta la indexación de las pensiones al IPC del año anterior.

También es cierto que las leyes de la naturaleza son muy salomónicas y nunca han discriminado en función de los programas políticos. Al fin y al cabo todo el mundo desea y reacciona de la misma manera pero lo que sorprende es que los políticos normalmente se expresan en público solo preocupados por el bienestar del país, y en casos de toda la humanidad.

La emisión de bonos a 10 años con la que el Tesoro español pretendía captar la semana pasada 15.000 millones de euros, atrajo nada más y nada menos que peticiones de suscripción presentadas por más de nueve veces esa cifra: 138.000 millones. Es, según el Financial Times, la mayor desproporción conocida entre el montante anunciado de una emisión de deuda pública y la respuesta entusiasta de los mercados.

¿Cómo es posible con un Gobierno tan anti-empresarial como parece, a la vista de sus medidas,¿Es arte mágica del presidente del Gobierno? ¿Es que se considera a la economía española un portaaviones imposible de echar a pique?

La emisión española solo fue el remate triunfal de una semana en que Bélgica recibía demanda por valor de 75.000 millones de euros para una emisión suya, también con vencimiento dentro de 10 años, e Italia, de 91.000 millones para una emisión de deuda pública a 30 años.

En este caso está claro que se juntan el hambre (exceso de liquidez con la que no se sabe qué hacer) con las ganas de comer de la expectativa de que hay que aprovechar para invertir ahora que todavía los tipos de interés están altos. Pero no hay que olvidar que los mercados eufóricos son capaces de cualquier desatino: hace no mucho compraban deuda pública argentina con vencimiento a 100 años

 

Deja un comentario