La sostenibilidad de las pensiones está en el alero.
La reforma de Escrivá alimenta dudas, en lugar de despejarlas
La creciente impopularidad del ministro Escrivá va a más, puesto que todos los estudios independientes que se han publicado en las últimas semanas ponen de manifiesto que los cambios introducidos recientemente por el ministro van a disparar las cotizaciones sociales de forma insoportable, encareciendo aún más la contratación, pese a lo cual no se van a reducir los graves desequilibrios que presenta el sistema de pensiones.
Su periplo como ministro se salda, de momento, con:
1.-Una gestión nefasta de la Seguridad Social cara al ciudadano, la Seguridad Social tiene cuatro millones de llamadas sin atender y una situación de total y absoluto colapso de la atención al ciudadano, como ejemplo dejó sin resolver la mitad de los expedientes del IMV abiertos en 2022, por no hablar de las interpelaciones en el Congreso y las “recomendaciones” del Defensor del Pueblo.
2.-Una trayectoria llena de contradicciones, lo dicho como presidente de la AIReF es contrario a lo defendido ahora como ministro.
3.- Ocultamiento de la memoria económica de su reforma de las pensiones, limitándose a exponer un la Comisión del Pacto de Toledo un powerpoint y unos “números” que aunque tenían fecha de 2023 eran los mismos que se publicaron en 2021.
4.- Gestión económica. El déficit estructural de la SS se dispara hasta los 37.500 millones de euros. Solo las transferencias presupuestarias maquillan la situación, pese a lo cual la deuda de la Seguridad Social ha aumentado de forma drástica: rondaba los 30.000 millones cuando Escrivá llegó al ministerio, pero ya supera los 100.000 millones. El gasto en pensiones subirá este ejercicio un 10,4%, por encima de lo que se incrementarán los ingresos, que mejorarán un 7,3%.
5.-Incapacidad de asumir y digerir las críticas sin revolverse de manera frontal y altiva contra quienes no están de acuerdo con él. Ha atacado públicamente los informes que han hecho de su gestión instituciones y organizaciones como el Banco de España, la AIReF, el Instituto de Actuarios Españoles, Fedea o BBVA Research, hablando incluso del “desprecio” y la soberbia” de las entidades que cuestionan su gestión con números encima de la mesa.
Este último punto es esencial pues es sensato solicitar a esos expertos que expliciten los costes y beneficios de su alternativa a la reforma de pensiones aprobada. Bien es cierto que esa solicitud debería ir acompañada de otra al Gobierno para que, además de difundir extensamente los beneficios que atribuye a su reforma, esclarezca al menos algunos de sus posibles costes, en lugar de negar su existencia.
Los expertos que han puesto en cuestión la reforma de las pensiones proceden de diversas instituciones; unos, de departamentos universitarios; otros, de organismos de investigación no académicos, pero financiados en gran medida con recursos públicos, y otros, de servicios de estudios de entidades financieras y aseguradoras privadas. Son, sobre todo, economistas y actuarios con largas trayectorias profesionales a los que no se hace justicia con categorizaciones simplistas como la de “ortodoxos” o “neoliberales”, y entre quienes, por cierto, figuran algunos de los 100 expertos que en 2020 fueron elegidos por el Presidente del Gobierno para diseñar la etapa post-Covid.
Podría afirmarse que, por encima de preferencias particulares sobre la reforma ideal, los expertos nacionales comparten el siguiente argumento general: si no se modera el crecimiento del gasto en pensiones que resulta del continuado aumento de la población mayor y del importe medio de las prestaciones, se producirá un déficit creciente de la Seguridad Social. A partir de este razonamiento general, las propuestas de los expertos se orientan hacia la contención del gasto en pensiones, pero no de una manera arbitraria, sino en virtud de la equidad intergeneracional, evitando que la racionalidad político-electoral (la búsqueda del voto de los mayores) se imponga a la racionalidad demográfica y económica.
Resumiendo mucho, cabe identificar dos vectores de estas propuestas:
1.- reforzar la contributividad del sistema de pensiones (como, por cierto, defiende el Pacto de Toledo desde su formulación inicial en 1995), mejorando la correspondencia entre las prestaciones contributivas y las cotizaciones que se efectúan durante la vida laboral, y
2.- incorporar la evolución de la esperanza de vida a la gestión de las pensiones, de manera que algunos parámetros del sistema (como la edad de jubilación, los periodos de cotización o el cálculo de la pensión inicial) puedan modificarse “automáticamente” en función de cambios en la supervivencia esperada de las cohortes que se jubilan. Las propuestas de actuación concretas que pueden encontrarse en las publicaciones de los expertos son variadas, pero coinciden mayoritariamente en mantener el sistema de financiación de reparto y las condiciones de las pensiones ya causadas.
La reforma de las pensiones que se acaba de aprobar va exactamente en la dirección contraria a la indicada por los expertos, en la medida en que debilita el vínculo contributivo entre cotizaciones y prestaciones y omite cualquier consideración sobre la evolución de la esperanza de vida como factor determinante de la carga financiera del sistema de pensiones. Aumentando el gasto dedicado a los pensionistas e incrementando las aportaciones al sistema de empresarios y (en menor medida) trabajadores, la reforma consigue, de momento, preservar la paz social, un bien público indudable. Pero esa consecución se ha hecho al precio de ocultar a la sociedad la realidad demográfica, con su vertiente más satisfactoria (España es líder mundial en esperanza de vida) y más problemática (el sostenimiento de una sociedad envejecida es muy costoso para jóvenes y adultos). La conciencia de esa realidad es un antídoto contra proclamas huecas, y aun así imprudentes, como la de que la reforma “elimina la incertidumbre de los pensionistas presentes y futuros”.
Como colofón representativo de su estilo, indicamos dos “detalles” anecdóticos:
- Desde que se anunció la nuevareforma de las pensiones Escrivá ha mantenido que cuenta con el aval de la Comisión Europea, pero ahora toda desdecirse de esa “mentirijilla” y ha aclarado posteriormente que lo cierto es que aún no se ha recibido el visto bueno formal aunque está «convencido al 100 %» de que Bruselas dará su aprobación Lo cierto es que hasta que España no pida el cuarto pago de los fondos del plan de recuperación, no se activará formalmente el protocolo de evaluación por parte de Bruselas.
- Escrivá vuelve a rechazar la indemnización de 45 días por despido improcedente que en 2012 se rebajó a 33 días. Una de las mayores estafas a la clase obrera en la historia de este país que PSOE, PP y Ciudadanos han decidido perpetuar tras votar en contra de recuperar ese derecho, tal como pedían Podemos y Esquerra. Cuando le han preguntado al ministro si está dispuesto a abrir ese melón, ha sido rotundo y tajante: “No”.
Lo cierto es que para disponer de un sistema de pensiones justo y sostenible se requiere un aporte suficiente y constante de cotizaciones al sistema. Para maximizar el aporte de cotizaciones se requiere pleno empleo y sueldos altos. Para tener poco paro y sueldos altos se requieren incentivos para crear empleos de alto valor añadido. Para crear puestos de trabajo de alto valor añadido se requiere una educación de calidad, exigente, que premie el esfuerzo y reconozca el mérito, y también se requiere reconocer y premiar a los emprendedores que arriesgan su patrimonio para crear empresas y empleo.
¡¡¡ VAMOS, JUSTO LO QUE HACE EL GOBIERNO ACTUAL !!!
