Escrivá se compromete a cambiar la ley para vincular la pensión mínima al SMI

El Gobierno se obliga a negociar en el diálogo social un nuevo criterio de determinación de las pensiones mínimas y a introducir algún cambio legal en 2022 para que éstas “tengan en cuenta la evolución del SMI”

El Gobierno ha conseguido esquivar la aplicación de la batería de enmiendas de sus socios que le exigían situar la pensión mínima del sistema público de pensiones en el mismo nivel que el Salario Mínimo Inteprofesional (965 euros mensuales) y que amenazaba con descuadrar para los restos las ya tensionadas cuentas de la Seguridad Social, pero a cambio ha tenido que plasmar negro sobre blanco su compromiso de revisar de aquí a un año el actual sistema de determinación de la pensión mínima y alumbrar con la ayuda de los agentes sociales un nuevo esquema “que tenga en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional”, según reza una de las enmiendas transaccionadas con ERC con las que el Gobierno ha tenido que transigir para seguir adelante con la tramitación parlamentaria de su reforma de pensiones.

La reforma de pensiones del Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido el respaldo parlamentario suficiente para que en los próximos meses se conviertan en realidad medidas como la revalorización automática de las pensiones con el IPC, los nuevos coeficientes reductores sobre la jubilación anticipada o la controvertida subida de cotizaciones de 0,6 puntos entre 2023 y 2032 con la que se pretende sufragar la factura de las jubilaciones de la generación del ‘baby boom’, pero también incluirá una serie de compromisos a futuro que sus socios le han forzado a aceptar para brindar su apoyo parlamentario. Uno de ellos es el de abordar la mejora de las pensiones mínimas del sistema, que buena parte de las formaciones del ‘bloque de la investidura’ han tildado este lunes de insuficientes y sobre las que han arrancado un compromiso al Gobierno.

Éste se plasmará en una nueva Disposición Final Quinta al proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas para garantizar la sostenibilidad económica y social del sistema que bajo el título de ‘Suficiencia de las pensiones mínimas’ obligará al Gobierno a llevar de forma inmediata a la mesa de diálogo social “una revisión de los criterios para la determinación de la cuantía de las pensiones mínimas” con el objetivo de garantizar su suficiencia y a impulsar en el plazo máximo de un año una reforma legal “para establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del SMI”.

La fórmula acordada entre Gobierno y Esquerra es más genérica que la planteada por la enmienda conjunta de ERC y Bildu que proponía la configuración de un sistema de revalorización automática de las pensiones mínimas orientado a lograr el objetivo de que éstas alcanzaran un nivel equiparable al 90% del Salario Mínimo. El equipo de José Luis Escrivá ha esquivado la concreción de una objetivo concreto a ese respecto, pero sí ha asumido el establecimiento del SMI como una referencia a la hora de determinar las pensiones mínimas del sistema.

Las estadísticas de la Seguridad Social revelan que hay seis millones de pensionistas reciben una prestación inferior a 965 euros, el Salario Mínimo fijado desde septiembre, y que el mayor porcentaje de éstos se concentra en el tramo entre 650 y 700, que engloba a más de 1,6 millones de beneficiarios de pensiones -viudedad, jubilación, incapacidad, orfandad y a favor de familiares-. Si la prestación media supera ligeramente los mil euros, hay hasta 2,2 millones de beneficiarios que tienen una prestación mínima que de media y dado que hay diferencias condicionadas por los familiares a cargo, es de 649 euros, casi 400 menos que la prestación global promedio.

Hora y cuarto de debate parlamentario…y reforma aprobada

No ha sido el único añadido que José Luis Escrivá ha tenido que aceptar a la reforma pactada con los sindicatos y los empresarios. La izquierda parlamentaria ha empujado a los partidos que sustentan al Gobierno a asumir que el texto de la reforma de las pensiones incluya una cláusula por el que se compromete a garantizar el actual nivel de prestaciones públicas del sistema, entendido como la tasa de sustitución sobre el último salario que hoy garanticen las prestaciones públicas. Además, Seguridad Social tendrá que impulsar de aquí a un año una auditoría pública de sus cuentas, que revele las cargas ajenas que ha tenido que asumir en los últimos años y los eventuales gastos impropios que ha soportado desde el año 1967 nada menos. Se trata de acreditar, según ERC, el expolio que ha sufrido la Seguridad Social en los últimos años y que en opinión del diputado republicano Joan Salvador está en el origen de la supuesta insuficiencia financiera del sistema público de pensiones, que rechaza.

La reforma de las pensiones, uno de los grandes proyectos de la legislatura, ha tenido un tránsito accidentado pero fulminante por el Congreso. Pese a dar lugar a 133 enmiendas, el debate de la ponencia se sustanció el pasado viernes en apenas una hora y cuarto con el rechazo frontal de las enmiendas presentadas por PP y Ciudadanos y la aceptación de un puñado de enmiendas de los grupos parlamentarios más cercanos al Gobierno, que exigieron una serie de guiños para dar su apoyo al proyecto gubernamental, como la ampliación del complemento económico a los prejubilados con largas carreras de cotización a pensionistas con 40 años cotizados siempre que su pensión sea inferior a 900 euros,

El canal exprés a través del que los partidos que apoyan al Gobierno han decidido sustanciar el debate parlamentario de la reforma de las pensiones ha vuelto a ser este lunes objeto de crítica tanto por parte de la oposición parlamentaria – el portavoz del Grupo Popular, Tomás Cabezón, ha afeado al Gobierno que no haya hecho ningún amago de buscar un consenso amplio a su reforma de pensiones- como por parte de los grupos que respaldan al Gobierno, que lo han considerado una falta de respeto a la Cámara. Con todo, el texto seguirá adelante en su andadura parlamentaria con destino al Senado con el apoyo del llamado ‘bloque de la investidura’.

Fuente; La Información

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