La cotización de los becarios se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno. Nadie quiere hacerse cargo de las cuotas a la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas, ya que costarían varios miles de millones de euros al año. El resultado es que las universidades y las empresas han iniciado una campaña de presión al Ejecutivo para que desista en su intención de que todos los becarios estén dados de alta. Y si tienen que estarlo, que sea el otro quien pague.
Según las estimaciones de Comisiones Obreras, cada curso escolar se producen más de 400.000 prácticas no laborales, esto es, de estudiantes que realizan una beca gracias a un convenio con su centro. En algunos casos estas prácticas forman parte del proceso formativo, las llamadas prácticas curriculares, que son obligatorias para los estudiantes. También hay prácticas extracurriculares que no forman parte de los estudios y que son voluntarias. Más del 80% de todas las prácticas no tienen remuneración y, por tanto, tampoco cotizan a la Seguridad Social.
En un primer momento, el Gobierno optó por repartir la carga de la cotización y abrir la puerta a la negociación entre universidades y empresas para ver quién asumía la carga. Sin embargo, las universidades protestaron por esta decisión y el Ejecutivo les comunicó que no tendrían que pagar y que la carga de cotización recaería únicamente sobre las empresas. Pero el viernes volvió a producirse otro giro de los acontecimientos y la decisión todavía está en el aire.
