¿Está habiendo una transformación productiva en España?
La legislación laboral por sí misma no es la que crea o destruye empleo. Sí es la que regula cómo se materializa la actividad económica en empleo, y sí contribuye de forma relevante a generar incentivos y desincentivos en la forma en que se rentabilizan las empresas, a cómo afrontan los distintos ciclos económicos, o a cómo se refuerza o no el consumo final de los hogares, variables todas ellas que sí afectan en segunda derivada a la creación de empleo.
En nuestro país se han creado 1,58 millones de empleos asalariados netos entre 2018 y 2023. Un aumento acumulado del 10%. Pero tan relevante como esto es que el empleo está creciendo más en sectores intensivos en conocimiento, a diferencia de otros ciclos de recuperación como el transcurrido entre 2013 y 2018. Si ahora el 37% del empleo neto creado se concentra bajo el epígrafe “Técnicos, profesionales científicos e intelectuales”, en el anterior ciclo el porcentaje solo fue de un 17%. En “Técnicos y profesionales de apoyo” los porcentajes son del 24% actual frente al 10% del anterior periodo. Hace diez años la recuperación fue distinta. Se dio de forma mayoritaria entre los “Trabajadores de servicios de restauración, vendedores, personales y otros”, un 21% del total, que contrasta con el actual 12%. Las ocupaciones elementales suponían el 13% del empleo neto creado entre 2013 y 2018, cuando en la actual fase solo son el 3%.
Las ocupaciones más cualificadas crecen por encima de la media y concentran el 67% del empleo neto creado. Además la mayor cualificación del empleo es transversal a la mayoría de ramas de actividad y se extiende a sectores donde las ocupaciones técnicas tenían un peso reducido. Las ocupaciones técnicas han pasado en cinco años del 29,4% al 32,4% del empleo asalariado, y las ocupaciones elementales han bajado del 15,2 al 14% del empleo total.
Tomando los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales —que utiliza fuentes tributarias para ofrecer una panorámica del sector privado no financiero—, entre 2018 y 2023 se produjo una mejora de la productividad real por asalariado del 16,4%. Esta evolución habría sido compatible con la mejora neta del empleo antes descrita, lo que sería inédito en nuestra historia económica reciente. Recordemos que en España los incrementos de productividad habitualmente se dan en las fases recesivas, producto de una pérdida de puestos de trabajo más acusada que la propia caída de la actividad económica, mejorando el cociente de la productividad, lo que suponía una “mejora” pasiva e indeseable de tal productividad.
El fracaso de los fijos discontinuos se convierte en un lastre para la calidad del empleo
Incluso desde antes de su aprobación, las principales críticas a la reforma laboral se centraron en el impulso que daba a la figura de los contratos fijos discontinuos como alternativa a los temporales. Algunos economistas lo consideraban solo un maquillaje estadístico para ‘inflar’ las ratios de empleo indefinido, pero para el Gobierno permitía el travase desde los puestos más precarios hacia trabajos de mayor calidad. Dos años después, esta modalidad ha convertido en una ‘oveja negra’ de la que el Ejecutivo reniega como un fracaso que mantiene a muchos trabajadores en la temporalidad.
Según los últimos datos actualizdos hasta febrero, los fijos discontinuos suponían el 5,04% de los asalariados afiliados al RGSS, lo que supone el doble que en diciembre de 2021, cuando vio la luz la reforma laboral. El propio Gobierno considera que el uso de esta figura ha tocado techo, pero este peso ‘residual’ tiene una lectura más negativa si consideramos que los eventuales siguen siendo más del doble, el 12,7% (excluyendo, eso sí, al sector público, no afectado por la reforma laboral).
A primera vista, el dato de temporalidad es excelente. Es el mínimo histórico, con una caída de 15,2 puntos porcentuales desde el 27,9% que anotaba cuando se aprobó la reforma laboral. En paralelo, los contratos indefinidos ordinarios (a tiempo completo o parcial) han elevado su peso en casi 12 puntos, pasando del 61,45% al 73,37%.Sin embargo, llama la atención que el 90% de esta mejoría se concentra en el primer año en vigor de la norma. En los últimos doce meses, la temporalidad solo se ha reducido en 1,5 puntos y el peso de los indefinidos ordinarios solo ha mejorado en 1,2 puntos.
Lo cierto es que los datos de afiliación al RGSS muestran que la desaceleración en la tendencia hacia una mayor estabilidad del empleo es un hecho también entre las empresas privadas y la apuesta por los fijos discontinuos como reemplazo a los temporales, a modo de “empleo de transición” hacia puestos de mayor calidad ha sido un fracaso desde el momento el que no pueden aspirar a reemplazar el peso de los temporales en el mercado laboral, que a día de hoy casi triplica el suyo.
Quizá lo más llamativo de estos datos sea que aunque los fijos discontinuos solo suponen el 5% de los afiliados, su pase a la inactividad acumula el 22% el total de las bajas de afiliación, por encima de otras causas como dimisiones, despidos o jubilación, y además a este porcentaje habría que sumarle los ceses de fijos discontinuos. Ello en un escenario en el que el 54% de los contratos que se firman en España siguen siendo eventual. El Gobierno se da por satisfecho poque antes de la reforma eran el 90%
El debate sobre la calidad de los empleos fijos discontinuos se ha visto eclipsado por la polémica sobre la situación de los fijos discontinuos inactivos. Estas personas no trabajan, pero pueden inscribirse en los servicios públicos de empleo y cobrar una prestación. Eso sí, no se consideran parados registrados, como demandantes con relación laboral. Esto ha llevado a investigadores a hablar de un “paro efectivo” que contaría a los parados y a estos demandantes, aunque no deja de ser una cifra orientativa. El problema es la opacidad de los datos: no se sabe a ciencia cierta cuántos exactamente de estos demandantes son fijos discontinuos y cuántos están inactivos, ya que un demandante con relación laboral mantiene en alta su inscripción, aunque estén trabajando. Yolanda Díaz se comprometió a publicar la información incompleta, pero tras más de un año de aplazamientos, idas y venidas, pocos son los que confían en que la vicepresidenta segunda del Gobierno cumpla su promesa.
Tampoco los trabajadores se sienten especialmente atraídos por una figura que asocian cada vez más con la precariedad de los temporales. Lo que más reprochan es el hecho de que, a diferencia de la finalización de un contrato temporal, el pase a la inactividad no conlleva indemnización por cese. Pese a que tengan garantizado el llamamiento.
Son precisos más cambios regulatorios
En cualquier caso es el momento de mejorar el marco regulatorio en el que se vayan a crear los puestos de trabajo del presente y del futuro. Las futuras mejoras de la productividad que se prevé tenga la economía española, deben repartirse equitativamente y las personas trabajadoras deben apropiárselas en la negociación en los convenios colectivos, pero también a través de un marco legal más favorable. Es necesario abordar una mejor regulación de los procesos de externalización productiva y del riesgo digital de la economía de plataforma
La inversión pública a través de los distintos presupuestos de las Administraciones y los fondos Next Generation tienen que movilizar la inversión privada necesaria para aprovechar las posibilidades de convertir a nuestro país en una potencia de energía barata y renovable que sirva para localizar actividad productiva y no especulativa.
En cierto modo, las cartas en la economía-mundo se están repartiendo de nuevo, como siempre ocurre en las transiciones energéticas por sus enormes afectaciones e intereses en juego. Las pugnas geoestratégicas entre las grandes potencias son ajenas a la profundidad de las transformaciones en marcha, y a todos los recursos que se movilizan en estos interregnos que transcurren entre lo que no acaba de morir y lo que no acaba de nacer.