EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO (SMO), «LA MILI», Y LA JUBILACIÓN

Sentimos decepcionar a algunos ciudadanos, pero el Servicio Militar Obligatorio al ser una prestación personal y no tener una relación profesional con las Fuerzas Armadas, no cotiza para la Jubilación a excepción del cumplimiento de las «carencias especiales» en las Jubilaciones Anticipadas

 

INTRODUCCIÓN

En la JUBILACIÓN ANTICIPADA el servicio militar obligatorio computa como tiempo cotizado ficticio, con el máximo de un año (artículo 207.1.c y 208.1.b de la LGSS) pero a efectos. EXCLUSIVAMENTE de acreditar el requisito de tiempo cotizado (carencia especial de 30 años en la Ley Vija y en la Ley nueva de 33 años en la JAI y 35 años en la JAV), y nunca a efectos de incrementar el periodo de cotización a otros efectos (coeficientes reductores,…).

Hasta 2013 en la JUBILACIÓN ORDINARIA el tiempo del SMO que excedía del servicio obligatorio computaba como periodo cotizado para la pensión de jubilación. Durante unos años, se consideró como base de la duración obligatoria nueve meses, de ahí que quienes hicieron más meses, tenían un excedente. Pero a partir de 2013 esto cambió y ya no hay períodos que excedan de la duración legal del servicio militar obligatorio que certificar.

COMO SOLICITAR EL CERTIFICADO

Para acreditar el tiempo computable como servicios al Estado hay que dirigir una instancia a la Dirección General de Personal Militar (Área de Pensiones) de la Delegación del Ministerio de Defensa de la provincia dónde se residía en el momento de incorporarse al servicio militar, solicitando un certificado para el cómputo recíproco de cotizaciones (el Ministerio de Defensa dispone de un modelo estándar de instancia). A esta instancia hay que adjuntarle fotocopias compulsadas del DNI y de la cartilla del servicio militar (de aquellas páginas que tengan algo escrito). Esta instancia se puede presentar directamente en la Delegación de Defensa de la provincia donde, además, compulsarán las fotocopias. También se puede presentar a través del correo certificado oficial desde cualquiera oficina de correos. Aproximadamente un mes después, la Delegación de Defensa entrega el certificado solicitado, en el cual se reconoce como tiempo cotizado el periodo de Servicio Militar que sobrepasó los 9 meses. Si se hubiera extraviado la Cartilla del Servicio Militar, hay que solicitarla de forma escrita al Acuartelamiento donde se prestó el mismo, no donde se hizo el período de Instrucción. Si hubiera desaparecido la Unidad, no hay problema, porque se dirige a la Capitanía General a la que correspondía la misma.

ALGO DE «HISTORIA».

Durante el gobierno de Zapatero, el PP y CIU propusieron que el periodo de mili computara íntegro para los años cotizados a la Seguridad Social pero el PSOE en el poder rechazó la propuesta.
Un año más y van siete ha quedado aparcado la resolución del tema de la prestación del Servicio Militar Obligatorio (SMO) como tiempo cotizado a los efectos de alcanzar una prestación de la Seguridad Social. Una nueva ocasión perdida, para reparar una gran injusticia y un enorme agravio comparativo a los miles de hombres que interrumpieron su carrera laboral por servir a la Patria y que ahora el Gobierno, les vuelve a demostrar un desprecio inmerecido y frustrante, que entiendo discriminatorio y contrario al principio de igualdad que pregona la Constitución los tratados y el sentido común.

La Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la SS, establece en su disposición adicional 28ª lo siguiente:
«El Gobierno presentará, EN EL PLAZO DE UN AÑO, un proyecto de ley que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social para que por ésta pueda reconocerse, a favor de las personas interesadas, un periodo de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria que compense la interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias…»

Según la ley de 1940, todos los «mozos», o lo que es igual todos los hombres jóvenes, constituían el contingente anual de cada remplazo, así de manera forzada (los voluntarios no eran tales, pues lo que hacían era voluntariamente prestar el servicio forzado para elegir tiempo y lugar de prestación), todo aquel que se encontraba en edad moza (20-23 años), tenía la obligación de realizar un tiempo de servicio a la Patria de manera gratuita en emplazamientos militares.
De esta prestación forzosa, se beneficiaba el Estado que gestionaba un contingente de hombres para todo tipo de trabajos militares (o no), de manera gratuita (cocineros, sastres, conductores, pintores, albañiles, especialistas en distintas materias, militares o no, camareros, además de las tareas militares propiamente dichas).

A todos los perjuicios señalados (y más habrían si escucháramos las historias personales), hay que añadir uno de futuro: el tiempo que se pasaba en el SMO, no se consideraba como tiempo cotizado, por lo que algunos miles de personas, vieron disminuidos sus derechos de pensión de jubilación y algunos tuvieron la desgracia de no conseguirla por falta de cotizaciones suficientes. ¿He dicho que no se consideraba tiempo cotizado a efectos de conseguir prestaciones?. Bueno no es del todo cierto, los funcionarios, no tuvieron ni tienen ese perjuicio y eso estuvo bien, pero solo fue un beneficio para unos pocos: Si al entrar en el SMO, o al salir, alcanzabas esa posición social de funcionario, al llegar a la jubilación, te consideran el SMO o una parte del mismo, como tiempo cotizado, de lo contrario, el Estado se quedaba con el beneficio de tu servicio.
Así pues nos encontramos con una discriminación directa, respecto de los funcionarios, y respecto de aquellos soldados o marineros, que a partir de 2001 en que dejó de existir el SMO, y se instauró el servicio militar profesional, suscribieron un contrato con el Estado para prestar voluntariamente, servicios militares para el país, lógicamente a cambio de un salario y con la obligación de cotizar a la Seguridad Social durante la vigencia del contrato. Por tanto los funcionarios y los contratados, acceden a cotización por su periodo militar, y no los que lo hicieron contra su voluntad, forzados y con perjuicio personal y material.

Cualquier persona que lea el artículo 14 de la Constitución Española y aquello de que todos somos iguales ante la ley, o alguna sentencia del Tribunal Constitucional en la que se afirma “es discriminación aquella acción que carece de racionalidad, y venga simplemente determinada por una condición personal o social”, convendrá en la injusticia que sufren aquellos que habiendo soportado una situación forzosa esta, le continua perjudicando y discriminando gravemente a la hora de alcanzar sus derechos, única y exclusivamente por que el Gobierno, se niega a reparar esa discriminación y agravio comparativo que supone conceder derechos a unos por el simple hecho de pertenecer a un grupo profesional, encontrarse en un tiempo determinado, en una situación personal o pertenecer a un sexo diferente.

Además durante el SMO, el Estado no tenía obligación de cotizar por aquellos soldados o marineros que le prestaron servicios (tampoco dice lo contrario la ley), pero es sensato y razonable considerar que el hecho que el propio Estado convirtiéndose en juez y parte, se auto elimine de pagarse a sí mismo una cotización, no debería de repercutir en el derecho de sus subordinados, tanto más cuanto se encontraban prestando un servicio forzoso. Las distintas leyes que se fueron promulgando, establecieron normas de salvaguarda para los derechos de aquellos que prestaban servicio para otros, así: Los empresarios son los obligados a la cotización del personal que se encuentra a su disposición. Cuando un empresario no cotiza a un trabajador a su servicio, el es el responsable de ello, el trabajador no pierde sus derechos ¿por que al Estado no le ocurre los mismo?. El Estado puede hacer lo que desee con sus obligaciones, pero es totalmente injusto que esta acción influya en los derechos de sus subordinados.

Desde 1944 todas las medidas laborales y de Seguridad Social instauran normas que equilibran las relaciones entre quienes prestan servicios y quienes los reciben. Así la Ley de Contrato de Trabajo ya establecía que: “el contrato se supone siempre existente entre todo aquel que … utiliza un servicio y el que lo presta, …el Estado o bien las entidades oficiales representativas de estas instituciones, quedan equiparados a los empresarios respecto de los servicios públicos que se ejecuten directamente …. “ y ciertamente el servicio militar o los servicios prestados al Estado tienen un carácter eminentemente público.

En 1958, se promulgó una Ley que decía así: «el personal de toda clase que, sin tener la condición de funcionario público, presta servicios al Estado, … en régimen de dependencia, tendrá derecho, en las mismas condiciones que los trabajadores al servicio de empresas privadas a los beneficios de los Seguros Sociales obligatorios (subsidio familiar, Seguro de Vejez e Invalidez y Seguro de Enfermedad) actualmente existentes o que puedan establecerse”. Más claro, agua

La antigua Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963, establecía “Tendrán derecho a los beneficios de la Seguridad social todos los españoles……”, …”los regímenes y sistemas especiales a los que les será de aplicación los beneficios de la seguridad social (son)…
…h) al “personal civil no funcionario dependiente de establecimientos militares “

En la década de los 80, se promulgó una norma que establecía que el SMO, se correspondían con 9 meses y el resto de tiempo, para aquellos que lo superaron, sería considerado tiempo de “servicios prestados al Estado”.
Cuando se publicó la Ley de las Clases Pasivas del Estado (Ley 670/1987), en su artículo 32, establece que no se considerara servicios al estado, el SMO, pero si todo aquel tiempo que lo sobrepase.
Finalmente la actual LGSS establece que “será nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador renuncie a los derechos que le confiere la ley de Seguridad Social, y los obligados al alta y cotización son las entidades ante las que se prestan servicios”.

Dicho todo lo anterior, aquellos que tuvieron la obligación de servir a la patria, esta les ha pagado con el menosprecio, discriminándolos de manera persistente hasta nuestros días negándoles derechos y parece ser que también en el futuro, pues, el hecho de que en 6 años no se haya desarrollado lo preceptuados en la Ley 27/2011 de 1 de agosto, y la decisión de reparar la enorme discriminación y agravio de aquellos que de manera forzada y gratuita dieron años de su vida al servicio de LA PATRIA, es un insulto mas a sus derechos, proferido, para su vergüenza por quienes están o estarán obligados a protegerlos

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y sin marcas de agua

 

 

 

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jose antonio

sera que los politicos disfrutan negando lo que seria justo para los que hicimos la mili » gratuitamente».