El Gobierno estudia la posibilidad de relajar los niveles de renta y patrimonio para acceder a la prestación, ante la elevada cantidad de personas a las que se les ha denegado por incumplir los requisitos.
La incorporación de más de un millar de interinos sigue siendo insuficiente para desatascar el cuello de botella que se ha generado en la Seguridad Social con la avalancha de peticiones del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida aprobada por el Gobierno el pasado mes de mayo para paliar el golpe de la crisis sanitaria sobre los colectivos más vulnerables, pero cuyo despliegue se está demorando más de lo previsto. Prueba de ello es que el departamento que dirige el ministro José Luis Escrivá ha decidido prorrogar el encargo a Tragsatec, filial del holding público Tragsa, para el desarrollo de la asistencia técnica necesaria para la gestión electrónica de las solicitudes. En total, con esta última ampliación, la factura asumida por el Ministerio por este servicio subcontratado desde junio supera ya los 12 millones de euros.
El Grupo Tragsa, a través de su filial tecnológica Tragsatec, presta apoyo al Instituto Nacional de la Seguridad Social en la gestión electrónica de las prestaciones del IMV. Sus trabajadores, por tanto, no tramitan solicitudes, sino que ayudan al trámite con la captura de la petición y comprobación y reclamación de la documentación que pudiera faltar aportar por parte del ciudadano. De este modo, el acto de tramitar el expediente (aprobando o denegando la solicitud tras el análisis de los requisitos y realizando los trámites administrativos pertinentes) está siempre en manos de los funcionarios del INSS, según aclaran desde la compañía.
En cualquier caso, Escrivá decidió externalizar la gestión de parte de la tramitación del IMV desde su puesta en marcha, ante la insuficiencia de medios propios para abordar el aluvión de solicitudes que, en estos momentos, supera ya los 1,2 millones, según los últimos datos facilitados por la Seguridad Social. El primer encargo, de junio, ascendió a más de 6,13 millones de euros por un servicio de cuatro meses. Finalizado en octubre, se decidió prorrogar la encomienda de gestión (así se denominan los contratos con medios propios de la Administración) por otros dos meses, hasta el 9 de diciembre, por casi 2,95 millones. Y ahora se ha vuelto a prorrogar, con vigencia hasta el día 9 de enero, por más de 1,24 millones de euros.
A esta concatenación de contratos habría que sumar otros dos encargos. El primero, que se firmó el mismo mes de junio, consistía en la “asistencia técnica de apoyo a la atención e información telefónica para la nueva prestación del Ingreso Mínimo Vital”, por un importe total de más de 1,47 millones de euros y una duración de 4 meses. El segundo, según consta en la web de Tragsa, se formalizó en octubre, para prorrogar el anterior por otros dos meses, es decir hasta diciembre, y un monto de más de 461.202 euros. Así, en total, la Seguridad Social, a través del INSS, lleva gastados más de 12 millones de euros (cerca de 12,26 millones) en la externalización de parte de la tramitación de esta prestación que ha dejado en manos de Tragsatec.
Escasez de personal
En paralelo al colapso que se vivió en el Servicio Público de Empleo Estatal en el punto álgido de la crisis con las prestaciones por paro para afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la Seguridad Social está sufriendo su propio caos a cuenta del Ingreso Mínimo. Por un lado, la avalancha de solicitudes (1,2 millones hasta la fecha) y la escasez de personal han provocado un importante retraso en las resoluciones, sobre todo por el tiempo que implica cada expediente para los funcionarios. Los sindicatos demandaron refuerzos, pero no han llegado hasta el último trimestre, con la incorporación de 1.050 interinos. Por otro lado, la complejidad técnica de la propia prestación ha llevado al Ministerio a retocar la normativa a posteriori para eliminar trabas y se ha comprometido a seguir agilizando los trámites.
Este mismo lunes, durante un evento online de Nueva Economía Forum, el ministro Escrivá reconocía que el nivel de rechazos de la prestación por incumplimiento de los requisitos que se está registrando es superior al que su equipo había previsto y, por ello, se está realizando “una evaluación muy exigente”, con seguimientos de “los microdatos de las personas a tiempo real” y con el objetivo de “corregir lo que se va fallando”. En este sentido, el titular de la Seguridad Social y máximo responsable del IMV dentro del Gobierno adelantaba que su departamento ya está evaluando la posibilidad de relajar los niveles mínimos de renta y patrimonio exigidos para conceder la prestación. No sin matizar que el objetivo del Ejecutivo sigue siendo alcanzar los 850.000 beneficiarios, pero no hay plazo fijado para esa meta.
Respecto a la incorporación del millar de interinos, fuentes sindicales indican a La Información que los 1.000 previstos para el INSS ya están incorporados prácticamente en su totalidad, mientras faltan por contratar otros 50 para la Tesorería General. En cualquier caso, insisten en que estos refuerzos son un “parche” que no resuelve los problemas estructurales de falta de personal. Según cálculos de CSIF, en esos 36 meses que, como máximo, durarán los contratos de los interinos, se van a jubilar hasta 5.000 efectivos. Además, hay que tener en cuenta que solo tres cuartos de los efectivos del INSS son gestores con competencias para tramitar prestaciones. Y no hay que olvidar, asimismo, que en paralelo al IMV los gestores tienen que seguir dando salida a otros expedientes, incluidas altas de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidades, etc.
Falta de formación
Ante este panorama, el Ministerio ha decidido seguir externalizando parte de la gestión a través de Tragsatec. Y ello a pesar de que la falta de formación en los complejos procesos de tramitación del personal de la filial de Tragsa está colaborando al retraso en el cobro de las prestaciones, tal y como esgrimió el propio Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a una pregunta por escrito del senador de Vox José Manuel Marín. En ella se argumenta que “como es natural, el personal contratado necesitaba contar con un periodo de rodaje, transcurrido el cual se espera un ritmo de gestión ágil que facilite la labor de las direcciones provinciales del INSS” y se añade que “en ningún caso se están produciendo demoras injustificadas” y que “lo que se ha podido describir como retrasos responde a la existencia de una fase de control de calidad que en los momentos iniciales introduce Tragsatec antes de que los expedientes sean trasladados a los funcionarios para su trámite”.
El Grupo Tragsa tuvo que sacar una nota aclaratoria en verano para responder a las críticas que apuntaban a la existencia de una norma interna dictada desde Tragsatec con el fin de retrasar los plazos de tramitación de los expedientes, negando cualquier ralentización intencionada, como había denunciado de manera anónima un extrabajador de la empresa. En la misma se explica, en relación a la formación impartida al personal contratado para la tramitación de las solicitudes del IMV, que “todos los profesionales recibieron durante un periodo de dos semanas en jornadas diarias de ocho horas la formación adecuada y requerida para llevar a cabo este trabajo”. Hay que insistir en que estos empleados ayudan al trámite, pero la aprobación o denegación de una solicitud está siempre en manos de los funcionarios.
Fuente: La Información