El plan Escrivá amenaza con reactivar en 2020 las jubilaciones anticipadas

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Los expertos advierten de que los anuncios de desincentivos al retiro temprano provocarán una oleada de salidas del mercado del colectivo afectado.

“Los anuncios de cambios en el sistema de las pensiones públicas generan incertidumbre y si suenan tambores de medidas destinadas a endurecer el acceso a la jubilación tienden a generar un efecto pánico entre los que están a las puertas de abandonar el mercado laboral”. Partiendo de esta reflexión, una fuente con experiencia en la gestión interna de la Seguridad Social en los últimos años advierte de que los planes expuestos por el ministro José Luis Escrivá, que supondrán un duro golpe para trabajadores con rentas elevadas como los altos funcionarios y el personal de las grandes corporaciones, vaticinan una nueva oleada de jubilaciones anticipadas en 2020. 

Para encontrar el ejemplo más claro hay que remontarse a 2018. Aquel año se produjo un ‘boom’ de salidas del mercado laboral, con un récord histórico de 328.159 retiradas de trabajadores en activo debido a un importante incremento de las jubilaciones antes de los 65 años. Para encontrar la cantidad más cercana hay que remontarse a 2013, en plena crisis, cuando se incorporaron al Sistema 314.204 jubilados. El economista Javier Santacruz recuerda que en esas jubilaciones masivas, sobre todo en las anticipadas (más del 40% del total), tuvo mucho que ver el miedo a la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad, que estaba prevista para el 1 de enero de 2019. Este factor, incluido en la reforma de las pensiones de 2013, se diseñó para ajustar a la baja el cálculo de la pensión y adaptar la cuantía a la esperanza de vida creciente.

Para esquivar ese impacto, muchos trabajadores optaron por adelantar su jubilación para garantizarse un mejor cálculo de la paga. Y ello porque les compensaba a pesar de asumir una penalización, pues la cuantía de la pensión que cobra un jubilado se reduce sensiblemente por cada año que se anticipe la edad de jubilación respecto a la edad legal en ese momento. Pero finalmente no entró en vigor. La Ley de Presupuestos de 2018 dispuso que “la aplicación del Factor de Sostenibilidad (…) se llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante, y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023”.

Esa prórroga instaló cierta calma entre los trabajadores próximos a la edad de jubilación, tal y como constatan las estadísticas de la Seguridad Social, que reflejan un desplome de las nuevas altas de jubilación del 7,5% en 2019. Se trata del primer retroceso desde 2015 y el mayor de los últimos 13 años, pues hay que remontarse a 2006 para observar un descenso mayor en términos proporcionales. Además, las jubilaciones antes de los 65 años cayeron el doble, con un retroceso de hasta el 15%, desde 141.093 en 2018 hasta 120.011 en 2019. En consecuencia, las salidas anticipadas pasaron de suponer el 43% del total al 39%. 

Pero esas cifras podrían darse la vuelta con los anuncios de Escrivá. “Va a haber una oleada de EREs, prejubilaciones y jubilaciones anticipadas”, advierte Santacruz, que recuerda que el ministro ha avisado de que iba a ir a por los retiros tempranos desde el minuto uno. A juicio de este economista con experiencia en análisis del sector público las jubilaciones antes de los 65 son “el cáncer del sistema” porque son las que provocan que la edad efectiva de jubilación siga reduciéndose sin parar. Según los últimos datos oficiales, del pasado mes de enero, los trabajadores se jubilan de media a los 64,4 años, frente a los 65 años y 10 meses en los que se sitúa la edad legal con carácter general para este año 2020.

Ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Escrivá anunció la semana pasada  que se van a revisar las fórmulas de jubilación anticipada voluntaria para “desincentivarlas”. Según reveló el ministro, este tipo de retiros supusieron el año pasado el 16% de las altas anteriores a los 65 años (el resto fueron jubilaciones anticipadas forzosas –por causa de despido individual o colectivo–, por trabajo penoso –mineros, personal de vuelo, taurinos…–, por discapacidad, mutualistas y de otros tipos) y se han disparado un 66% desde 2014.

Desde el ministerio explican que la intención es revisar los elementos sobre los que se calculan las penalizaciones que se aplican en la cuantía de la pensión cuando alguien decide optar por jubilarse de forma anticipada. En teoría, la penalización monetaria es del 8% por cada año que se adelante la jubilación, pero Escrivá ha estado echando cuentas y ha observado que el recorte real es inferior, sobre todo en el caso de las bases de cotización más elevadas, es decir, de las rentas altas que cobran la pensión máxima del Sistema. Por eso su equipo se ha puesto manos a la obra para rediseñar y endurecer este desincentivo, una modificación que podría estar preparada antes de que acabe este año.

Incentivos a la jubilación tardía

Junto a esto, y enmarcado en el mismo objetivo de acercar la edad real de jubilación a la legal, el Gobierno quiere mejorar los incentivos para prorrogar la edad de retiro, así como darles más difusión. Por cada año que la edad de jubilación aumenta se resuelve un 25% del problema entre el gasto actual y el futuro, según cálculos del Ministerio. Un desembolso que, de acuerdo con los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), rondarán el 13,5% del PIB en 2048. “Es un gasto manejable con los instrumentos adecuados”, defendió el ministro, que insiste en reiterar la solvencia de la Seguridad Social.

Como presidente de la AIReF, Escrivá defendió que el déficit de 18.000 millones de la Seguridad Social es manejable, si bien apostaba por trasladar parte de los gastos no contributivos que asume en la actualidad el sistema al Estado, así como alcanzar una edad efectiva de jubilación de 67 años y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. En el último  informe sobre pensiones de la Autoridad Fiscal, precisamente, se recomendaba modificar los requisitos de acceso a la pensión no solo anticipada, sino también a la ordinaria, para fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación, y elevar la carrera de cómputo para el cálculo de la pensión más allá de los 25 años, entre otras indicaciones.

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