EL PACTO DE TOLEDO. LA ESTRATEGIA DE LA CONFUSIÓN

El pacto de Toledo no es fruto específico de nuestro país; forma parte de un contexto más amplio. Fue el Banco Mundial quién, en 1994, marcaba en sus análisis las directrices. El documento base se tituló: “Averting The Old Age Crisis” (Envejecimiento sin crisis). Los organismos internacionales de la Gobernanza mundial lo replicaron.

Los gobiernos europeos asumieron los dictados del BM y adoptaron en 1997 el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Este documento se ha convertido en un instrumento clave que los diferentes Estados aplican a sus sistemas públicos de pensiones. Posteriormente el Tratado de Lisboa (2007) profundizó en esos criterios y marcó como objetivo (en el objetivo nº 2“Remover los obstáculos a la movilidad de los trabajadores que puedan derivar de las regulaciones internas de los sistemas de pensiones, incluidos los planes complementarios de pensiones”.

El debate sobre las pensiones está enormemente sesgado no sólo en nuestro país. Los “sesudos estudios” sobre las diversas crisis recurrentes del del BM y la OCDE han pronosticado la quiebra de las pensiones 10 veces en los últimos 14 años. El importe de lo que estamos hablando es de más de 2,1 billones de euros a nivel europeo y en nuestro país equivale a más de 140.000 millones anuales.

Aunque formalmente las pensiones dependen de cada país (“Las pensiones son una competencia nacional de los Estados miembros”, se dice en el Tratado de la Unión), la UE delimita el marco legal y hace “recomendaciones”. Es por ello que el FMI llegó a decir sobre la Comisión del Pacto de Toledo: la Comisión del Pacto de Toledo es un foro muy adecuado para consensuar las reformas que deben irse adoptando en orden a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones”.

En los PGE de 2021 ya se ha introducido algunas de las “recomendaciones” últimas del Pacto de Toledo y entre otros puntos ya figura la creación de Planes privados de empresa. En 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez envió a la Comisión Europea la propuesta de “mochila austríaca” pero la falta de acuerdo parlamentario en España obligó al actual presidente a realizar una finta política descartándola y proponiendo el denominado “modelo inglés” en el que de algún modo se basa lo incorporado en los PGE 2021.

La Comisión Europea reconoce que, con las reformas impuestas por el Pacto de Estabilidad, se va a reducir la “generosidad” con los pensionistas, pero advierten que se debe: “asegurar que estas reformas no se enfrenten a una resistencia política y social con el riesgo consiguiente de ser derogadas en el momento mismo en el que deberían comenzar a ser plenamente aplicadas, es probable que sean necesarias otras medidas políticas de acompañamiento”, y en el mismo documento plantean: “Las reformas deben prepararse e implementarse cuidadosamente, esforzándose por lograr una amplia aceptación política y social del fundamento de la reforma”.

Han pasado 25 años desde que en 1995 se establecieran las primeras 15 recomendaciones sobre las pensiones en la primera comisión del Pacto de Toledo. Desde entonces se han actualizado en 2003 y 2011; esta será la tercera.

Las recomendaciones son aplicadas a voluntad de las fuerzas políticas. Por ejemplo, en 1995 se propuso aumentar los años para calcular la base reguladora que pasó de 8 a 15, lo que implicaba endurecer el acceso a las pensiones y en pocos meses se tramitó y se aplicó esa recomendación. Se pretende que estas nuevas propuestas sean vistas por la ciudadanía como una mera cuestión técnica e incluso el ministro Escrivá presume de su independencia. Pero las recomendaciones son en realidad el resultado del posicionamiento político de cada partido y de la correlación de fuerzas existentes, como por otra parte no podría ser de otra forma: son fruto de la ideología y de la confrontación política.

En los debates parlamentarios en los que se deberán confirmar, modificar o incluso rechazar los acuerdos previos del Gobierno con los Agentes Sociales (empresarios y “algunos” sindicaros) basados en las recomendaciones del Pacto de Toledo que, como ya se está viendo anticipadamente, tienen muchas lecturas e interpretaciones diferentes incluso entre los propios miembros del actual Gobierno.

En definitiva, parece que las alabadas “recomendaciones” del Pacto de Toledo han sido simplemente un canto al sol sin la posibilidad de concitar ni un consenso sobre su interpretación ni, mucho menos, sobre su cumplimiento ni en la letra ni en el espíritu (si es que en realidad tienen alguno)

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