La subida del SMI y los incrementos de las pensiones y sueldos públicos conforme a la inflación pueden generar un efecto imitación en el resto de trabajadores
El Banco de España prevé que la inflación alcance su pico en España el mes de noviembre de este año y vaya moderándose en los próximos años, pero avisa de que esta senda podría truncarse si los trabajadores del sector privado piden subidas de sueldos semejantes a las que se van a producir en pensiones y sueldos públicos. Según el último Informe Trimestral de la economía española, publicado este martes, el IPC cerrará el año 2021 con un avance del 2,1% en promedio, bajará en 2022 al entorno del 1,7% y en 2023 se situará en el 1,3%. Se mantendrá, por tanto, por debajo del límite del 2% que marca el Banco Central Europeo.
INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Uno de los elementos clave que determinará la mayor o menor persistencia de la inflación será el comportamiento del mercado laboral. “Cabe esperar que este fenómeno inflacionista tenga un carácter transitorio. Pero no puede descartarse una mayor persistencia en función del grado de traslación, por parte de las empresas, de los aumentos de costes a sus precios finales, y, por parte de los trabajadores, de estos incrementos de precios a sus demandas salariales“, avisa el supervisor.
El sector público: un mal precedente
Los trabajadores podrían estar tentados de reivindicar subidas de sueldos a imagen y semejanza de los incrementos que se van a producir en las pensiones y los sueldos de los empleados públicos, que aumentarán conforme al IPC.
En lo que va de año, los sueldos han subido un 1,5% hasta el mes de agosto según lo pactado en convenios, que dan cobertura a 5,3 millones de trabajadores, tal y como recoge el Ministerio de Trabajo en su última estadística. Esto supone que los salarios están subiendo menos de lo que lo hacen los precios -que en el acumulado del año lleva una subida promedio del 2%-, sin contar con la evolución de los sueldos no regulados por convenio que se desconoce cómo evolucionan.
La subida del SMI: efecto arrastre
El Gobierno, por su parte, aprobará la próxima semana la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con efecto retroactivo desde el 1 de septiembre en 15 euros, de los 950 euros a los 965 euros en catorce pagas, lo que a su vez podría generar un efecto arrastre en el resto de salarios. Se aprobará, además, el compromiso de seguir subiéndolo en los próximos años.
Este círculo vicioso es lo que los economistas denominan “efectos de segunda ronda” o de “segunda vuelta”, más peligrosos para la economía porque suponen que la inflación es difícil de contener y para ello hacen faltan medidas más drásticas como las subidas de los tipos de interés.
El Gobierno planea incluir un alza de las pensiones del 1,9% en los PGE de 2022
El ‘Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones’ establece una nueva fórmula de revalorización de las prestaciones al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior.
Tras la aprobación del techo de gasto el pasado mes de julio y la actualización de las proyecciones macroeconómicas el Gobierno está planeando incluir una subida de las pensiones del 1,9% en el proyecto de PGE de 2022. para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de nueve millones de pensionistas.
RESPUESTA PARLAMENTARIA
Aunque esta referencia está por debajo de la media anual del 2,1% que dibuja el Banco de España para el IPC en 2021, es el porcentaje que estima el Gobierno para la evolución de los doce meses previos a diciembre de 2021 (es decir, desde diciembre de 2020 hasta noviembre de este año). Hay que tener en cuenta que en ambos casos se trata de estimaciones que pueden ser revisadas en función de cómo evolucionen los precios en el último cuatrimestre.
Así, el gasto en pensiones se incrementará en más de 4.000 millones de euros solo por la revalorización de las prestaciones con la inflación pues por cada punto de IPC el desembolso en pensiones aumenta en aproximadamente 1.400 millones, y a esta cuantía habría que sumar otros 1.400 millones para compensar a los pensionistas por el exceso de inflación en 2021 (la famosa ‘paguilla’, que se abonará a principios del año que viene por la diferencia entre el 0,9% que subieron las pensiones este año y el 1,9% de inflación prevista), de modo que la factura total -siempre en base a esas previsiones- superaría los 4.000 millones.
Además hay que añadir el incremento de la nómina propio del aumento del número de pensiones y del encarecimiento de las nuevas prestaciones. En concreto, el Gobierno prevé que el gasto solo en pensiones contributivas (las que dependen de las aportaciones de los trabajadores) crecerá en 5.600 millones extra en 2022, hasta 150.000 millones. Y esto sin tener en cuenta la factura de las pensiones de las clases pasivas (17.000 millones anuales) y las no contributivas (unos 2.600 millones).
Está por ver si el Ejecutivo apuesta por un incremento superior para las pensiones mínimas y las no contributivas, lo que supondría un incremento mayor del gasto, pues pese a que el sistema garantiza pensiones contributivas a nueve millones de personas, con una cuantía media de 1.035 euros al mes (1.192 euros en el caso de jubilación), una de cada cinco necesitan del complemento a mínimos (el 22,8%).
