EL GOBIERNO SIGUE A VUELTAS CON LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS

Alto coste de la jubilación anticipada

Cada año se retiran 120.000 trabajadores antes de tiempo lo que supone una factura para el sistema de 4.000 millones

 

La primera parte de la reforma de pensiones aprobada en 2021 introdujo medidas encaminadas a reducir la brecha que existe entre la edad real y la legal de jubilación. De hecho, el sistema recorta un 20% las prestaciones que reciben estos pensionistas si se retiran 24 meses antes de la edad oficial. Los efectos de ambas medidas ya se aprecian en la jubilación anticipada que cae hasta el 22,5% mientras que antes de la implementación de las medidas era del 27,5%. Pese a este descenso cada año se acogen a los retiros prematuros unas 120.000 personas. Y su acceso se produce a los 63,1 años, prácticamente dos años antes de la edad ordinaria que marca la ley, 65 años con al menos 38 cotizados. Esto tiene un alto coste para el sistema de pensiones.

 

En concreto, la Seguridad Social deja de ingresar cada año unos 4.000 millones en concepto de las cotizaciones sociales que dejan de abonar el trabajador y la empresa. Un elevado impacto que encuentra su explicación en que las personas que se jubilan antes de tiempo son aquellas que más cobran, por lo que pueden asumir el recorte en las pagas. Urge por ello seguir actuando en el futuro para reducir la elevada factura que para el sistema supone el retiro anticipado. Con ese objetivo, el Gobierno negociará este mes con los agentes sociales incentivos para reducir los llamados retiros involuntarios (aquellos en los que predominan desempleados de largo duración, que enlazan el paro con la pensión), que suponen 20.000 cada año, y que suponen casi el 17% del total de personas que se acogen a la jubilación anticipada.

 

Las pensiones de los prejubilados ‘forzosos’ son 530 euros más altas y se cobran cuatro años antes

Se jubilan de media a los 62,7 años, frente al 66 de los que lo hacen a una edad ordinaria

Las compañías aprovechan los subsidios y jubilaciones anticipadas para sus ajustes de plantilla

 

Los parados de muy larga duración que acceden a la jubilación anticipada ‘no voluntaria’ tras haber sufrido un despido perciben una nómina de 1.820,46 euros media, frente a los 1.294,50 que perciben los que lo hacen a la edad media ordinaria (66 años y seis meses en 2024). Ello a pesar de hacerlo casi cuatro años antes y bajo fuertes coeficientes reductores. Unos datos sorprendentes que se explican por las ‘prejubilaciones’ forzosas realizadas por grandes empresas desde la crisis financiera y que ahora compañías como Telefónica vuelven a recuperar.

 

Las condiciones de las jubilaciones anticipadas no “voluntarias”, es decir, por despido o cese del trabajador, se diseñaron para beneficiar a los parados de mayor edad y que más dificultades tienen para volver al mercado laboral. Pero esto también fue aprovechado por muchas empresas para hacer ajustes de plantilla empezando por sus trabajadores más veteranos, que cobraban los sueldos más elevados

Muchas empresas optaban por prescindir primero de los trabajadores de mayor edad en una tendencia que tuvo su clímax en la Gran Recesión. Aunque con el tiempo quedaron menos trabajadores de más de 50 años cuyo despido fuera ‘rentable’ y los cambios en la jubilación anticipada hicieron que esta fórmula perdiera atractivo, salvo en los casos de mayores salarios.

 

Con la recuperación económica, muchas empresas empezaron a volver a mirar a esta fórmula. A esto ayuda que el PSOE recuperó en 2019 del subsidio para mayores de 52 años en las condiciones previas a la modificación que el PP realizó en 2012. Incluyendo una ‘sobrecotización’ por parte del SEPE del 125% de la base mínima para sus beneficiarios.

 

Esto medida supone una mejora para sus futuras pensiones que se trasladó inmediatamente a las nóminas. De hecho, la mayor subida de las nuevas pensiones de jubilación se da a partir de 2019, superando a las de las jubilaciones que se adelantan voluntariamente por iniciativa del trabajador. Aunque en esto influye que, a diferencia de las forzosas a estas jubilaciones voluntarias también pueden acogerse los autónomos, cuya cotización suele ser menor.

 

Pero esto también incentiva las prácticas de ‘ingeniería retributiva’ que se producen en los despidos colectivos, que muchas veces incluyen convenios especiales para no mermar la pensión de los trabajadores. La ‘sobrecotización’ por parte del SEPE supone un ahorro para esos acuerdos que pueden afectar a miles de trabajadores.

 

Sin embargo este incremento de las nóminas no supuso un incremento del gasto total en pensiones porque coincidió con un descenso de los nuevos jubilados de este tipo . Así, las altas han bajado de las 59.523 de 2014 a las 19.610 de 2022 y las 12.683 en los once primeros meses de 2023.

 

 

La explicación está en el hecho de que en la última década se han reducido las ‘prejubilaciones’ en el marco de despidos colectivos, que fueron la tónica general en sectores como el financiero durante los primeros años de la Gran Recesión. Muchas empresas optaban por prescindir primero de los trabajadores de mayor edad, aunque con el tiempo quedaron menos trabajadores de más de 50 años cuyo despido fuera ‘rentable’ bajo una fórmula a la que, en paralelo, también desincentivaron los cambios en la jubilación anticipada.

 

El proceso ha sido inverso al de las jubilaciones voluntarias, aunque en ese caso hay que tener en cuenta que muchas grandes empresas han recurrido a la fórmula de las ‘bajas incentivadas’ para reducir su plantilla de mayores de 50 años. Se trata de dimisiones pactadas, que no conllevan derecho a prestación de paro ni subsidio, y que en su mayoría conducen a una jubilación anticipada, pero voluntaria.

 

Pero esta evolución provoca también un cierto ‘efecto composición’ en las estadísticas y suben más porque, aunque haya menos ‘prejubilados’ por sus empresas, los que se suman los que quedan tienen sueldos mucho más altos que el resto de los parados. Aunque también distorsionan el peso de los desempleados que se jubilan anticipadamente no por ser ‘prejubilados’, sino por no poder encontrar un empleo.

 

En este contexto, los últimos movimientos de empresas como Telefónica han resucitado el temor a un retorno de las grandes prejubilaciones via despido colectivo, motivadas por la excusa de la modernización y digitalización de las empresas, en especial ante el temido impacto de la inteligencia artificial. Pero a corto plazo hay un problema mucho más acuciante: a cierre de 2023, el SEPE registra a 592.789 perceptores de prestaciones contributivas o subsidios que tienen 55 o más años que podrían jubilarse anticipadamente por causas ‘no voluntarias’, Y el 65% percibe el subsidio de 52 años.

 

En un momento en el que los mayores de 50 años suponen un peso creciente en el desempleo español, el Ejecutivo es consciente de lo que puede suponer esta potencial ‘avalancha’ de parados de larga duración y que pueden acogerse a la jubilación anticipada a los 62 años y seis meses (o incluso antes si han cotizado 38 años). Aunque no tiene claro cuáles son ‘prejubilados’ y cuáles son parados de larga duración al margen de estos procesos. Ante esta incertidumbre, ha optado por una doble estrategia.

 

Por un lado, están las negociaciones sobre la jubilación no voluntaria que mantienen la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, y los interlocutores sociales, aunque su eficacia parece dudas. En lugar de revisar las condiciones (para que las empresas no se aprovechen de ella) ponen el foco en “desincentivarlas” facilitando la vuelta al mercado laboral de estos parados gracias a las políticas activas (competencia del Ministerio de Trabajo) para que estos desempleados vuelvan al mercado laboral,

Sin embargo, el Gobierno ha explorado otra vía mucho más directa y polémica para para frenar estas jubilaciones: recortar la cotización que abona SEPE sobre los subsidios para mayores de 52 años del 125% al 100% entre 2024 y 2028. Esta medida supone reducir las pensiones de estas personas y encarecer el coste para las empresas, pero también castigaría a aquellos parados que no se han visto inmersos en estos procesos y se jubilan anticipadamente con una pensión mucho más baja.

 

Esta es la razón por la que se vio frustrada la reforma de los subsidios por desempleo. Podemos ‘tumbó’ la norma en el Congreso por el castigo a los parados ‘convencionales’. Los morados calculan que un trabajador de 52 años que hubiera percibido el salario medio español durante su carrera profesional tuviera 22 años cotizados y cobrara el subsidio hasta su jubilación, la decisión del Gobierno implica reducir su pensión en 162 euros al mes, es decir, en 2.268 euros al año.

 

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, no supo que responder a esto, Eludió hablar de ‘prejubilaciones’ y argumentó que el recorte de la cotización por parte del SEPE se debía a la subida del SMI acumulada desde 2018. Trabajo aún no ha abierto negociaciones formales con lso interlocutores sociales, aunque está por ver si patronales y sindicatos obliguen a revisar el plan para mantener la situación actual, ventajosa también para los acuerdos como los que han alcanzado en caso de Telefónica y también en el marco de despidos colectivos por venir en otras empresas.

 

Gobierno y agentes sociales buscan incentivos para reducir la jubilación anticipada involuntaria

Cada año salen 20.000 trabajadores del mercado laboral de manera forzosa

Afectan a los trabajadores de mayor edad, que enlazan el paro con la pensión

El Gobierno y los agentes sociales pondrán sobre la mesa negociadora de pensiones fórmulas para incentivar una reducción de los retiros anticipados involuntarios, es decir, aquellos en los que predominan los desempleados de mayor edad y parados de larga duración que enlazan el paro con la pensión. Además de dejar de aprovechar mano de obra, estas personas sufren una penalización en su prestación al acceder a la jubilación de forma anticipada. El objetivo es mejorar la empleabilidad de este colectivo para evitar que se queden descolgados del mercado laboral y esto derive en un acceso prematuro a la jubilación, tal y como apuntan desde la mesa negociadora.

 

Actualmente se jubilan de forma involuntaria antes de los 65 años que marca la edad ordinaria de jubilación unos 20.000 trabajadores sénior. El colectivo de mayores de 50 años es el que concentra el paro en España y el que sufre en mayor medida el desempleo de larga duración, más de dos años en búsqueda activa de empleo sin encontrarlo. “Es una gran contradicción que no actuemos sobre la expulsión de los trabajadores mayores de 55 años. Si alguien está sin trabajo, accederá cuanto antes a la jubilación”, explica Carlos Bravo, secretario general de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.

 

Los agentes sociales observan un cambio de paradigma en este mal endémico que ahora quieren eliminar por completo con el Gobierno. En anteriores crisis, la destrucción masiva de empleo arrastró a unas 60.000 personas (año 2008) o 75.000 efectivos (año 2012) a jubilarse de manera forzosa antes de lo indicado por ley. Ahora es una tercera parte menos que en la Gran Recesión, argumentan desde CEOE, UGT y CCOO, debido al afloramiento de la economía sumergida, que mejora el acceso a prestaciones por desempleo, y al uso generalizado de los Erte como mecanismo de protección.

 

Por ello, desde la mesa de diálogo social deslizan que los incentivos irán por la vía de hacer más efectivas las políticas activas de empleo y, a la vez, aumentar el control de los efectos de estas medidas. En comparativa con Europa, España es una excepción que conlleva una menor eficiencia: menor inversión en políticas de empleo, repartida a su vez entre más personas. En España hay 10.000 millones en políticas de empleo sin evaluar.

 

“Es absurdo e insostenible concentrar las tasas de empleo de la población activa entre los 30 y los 55 años”, explicaba Bravo en la presentación de un estudio elaborado por Oxford Economics, en colaboración con la Universidad de Salamanca y el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE). El representante sindical criticó que “no se quiere contratar a las personas mayores porque no se observa proyección en ellas”. “La idea de incentivar su permanencia en el mercado laboral es razonable”, reflexionó.

 

Previamente ya se ha trabajado en los incentivos para atrasar de forma voluntaria la jubilación. Más allá de los 65, la Seguridad Social ofrece un cheque al contado de 4.000 euros o una bonificación del 4% en la prestación por año demorado. “Hemos mejorado la jubilación demorada, trabajamos en la jubilación activa en la compatibilidad de trabajo y pensión. Es clave fomentar que las personas trabajen”, apuntaba Cristina Estévez, secretaria general de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT.

 

Esto forma parte del trabajo que tiene por delante el equipo negociador del Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales, que pasa por suavizar el paso del trabajo a la jubilación con la modalidad parcial. Además, en el tintero está la mejora de los coeficientes reductores que permiten acceder anticipadamente al retiro a ciertas profesiones penosas.

 

Las dos partes del diálogo social, empresarios y sindicatos, coinciden en que las desvinculaciones a través de EREs no representan la realidad de las jubilaciones en España. “Muchos EREs propuestos pasan por la voluntariedad”, dijo Olimpia del Águila, responsable del área de Seguridad Social e Igualdad en CEOE; “Los EREs se producen en empresas grandes, con fuerza sindical, y por tanto se realizan acuerdos. Pero eso son las minorías”, remarca en esta misma línea Carlos Bravo.

 

Las desvinculaciones voluntarias se formalizan esencialmente en empresas multinacionales, según se desprende un estudio de la consultora Mercer. Son acuerdos para el 6% de los trabajadores que componen las plantillas, por valor del 75-80% de su salario, pero están lejos de representar la imagen de las jubilaciones anticipadas en España.

 

Fuentes: El Economista

Alto coste de la jubilación anticipada (eleconomista.es)

Las pensiones de los prejubilados ‘forzosos’ son 530 euros más altas y se cobran cuatro años antes (eleconomista.es)

Gobierno y agentes sociales buscan incentivos para reducir la jubilación anticipada involuntaria (eleconomista.es)

 

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