Bruselas pone un límite de 15.000 millones al gasto de las Administraciones en 2023 y solo revalorizar las pensiones al IPC elevará la partida al menos 14.000 millones de euros
La deuda pública ha registrado su máximo histórico en plena debacle económica con Bruselas avisando: la subida de las pensiones y los fondos europeos, en duda
Con motivo de la pandemia y de las consecuencias económicas derivadas, en marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros se ponían de acuerdo en activar la cláusula general de salvaguarda del marco presupuestario de la UE, alejándose de los requisitos presupuestarios que se aplicarían normalmente.
Meses más tarde, el 6 de octubre de 2020, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobaba la suspensión de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas y cada uno de los subsectores.
En todo caso, y sin ser obligatorio, el Ejecutivo trasladaba unos niveles de referencia del déficit público; niveles plasmados en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas, en el que se determina un compromiso de déficit del 5% para 2022, del 3,9% para 2023, del 3,3% para 2024, dejando la tasa por debajo del 3% -como exige la cláusula- para el año 2025.
Activada todavía la cláusula de salvaguarda, al menos hasta 2023, países como Alemania ya han anticipado su disposición a acometer las reglas fiscales el próximo año.
Entretanto, la Comisión ha solicitado a España que preste especial atención a la composición de sus finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, y a la calidad de las medidas presupuestarias a fin de garantizar una recuperación sostenible e integradora.
La revalorización de las pensiones, el sueldo de los funcionarios, los compromisos de Pedro Sánchez con la OTAN y, los intereses derivados del pago de la deuda, entre otras partidas, abocarán al gobierno a un aumento del gasto público, de cara al ejercicio presupuestario de 2023, de casi 17.000 millones de euros, concretamente de 16.585 millones.
Un gasto que se extralimita por lo marcado en las últimas recomendaciones del Consejo Europeo -del 18 de junio-, donde se establece no sobrepasar el crecimiento potencial de la producción a medio plazo (media de 10 años), en el 2,5 %; es decir, 15.000 millones.
En el caso de España, la revalorización de las pensiones al IPC explica este elevado gasto. En nuestro país, dicha prestación está indexada a la inflación, y por tanto -según cálculos de la AIReF-, con una media de un 8,2% para este año, la partida se eleva entre 13.000 y 14.000 millones de euros, teniendo en cuenta el incremento de las pensiones de las clases pasivas.
A la subida de las pensiones hay que sumar el sueldo de los funcionarios. En este sentido, y antes del repunte de la inflación y de futuros pactos de renta, ya quedó estipulado que para el próximo ejercicio la subida sería del 3%, lo que eleva el gasto no financiero en 775 millones de euros.
La partida de Defensa será otro de los motivos del aumento del techo de gasto -que un año más seguirá sin incluir las reglas fiscales. En este caso, y tras el compromiso adquirido por Pedro Sánchez con la Organización Atlántica de subir hasta un 2% del PIB, el desembolso de más de las Cuentas Públicas será de 1.200 millones (repartiendo en los 7 años que quedan el llegar al 2% del PIB, a razón de 2 décimas por año)
A estas tres partidas, pensiones, funcionarios y Defensa, hay que añadir dentro del techo de gasto, los intereses, que llegan a 605 millones de euros. En suma, 16.580 millones de euros, en un momento en el que la deuda de España alcanza el 117,7% del PIB, según los últimos datos del Banco de España.
Lo preocupante de esta elevada cuantía está endosar 1,37 puntos de PIB adicionales de gasto, casi todo él estructural y si bien es cierto que los ingresos serán mayores para el Estado -en estos momentos sobrepasa en 15.000 millones las previsiones-, también hay que recordar, que los gastos también serán mayores.
Después de unos meses catastróficos para la economía, con la inflación superando las dos cifras, Pedro Sánchez sigue estancado en la inacción, contemplando cómo los organismo internacionales recortan las previsiones de crecimiento y auguran un futuro terrible para los bolsillos de los españoles.
También se ve reflejada esa inacción en la deuda, que sigue disparada hasta registrar máximos históricos, como esta misma semana, donde la deuda del conjunto de las administraciones públicas ha registrado un aumento del 0,85% respecto a marzo, hasta alcanzar el máximo histórico de 1,453 billones de euros, con lo que se sitúa en el 117,7% del PIB, según los datos avanzados por el Banco de España.
En el último año, la deuda pública ha crecido un 4,4%, con 60.875 millones de euros más, como consecuencia de los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia y más recientemente por la guerra en Ucrania. El alza mensual de la deuda en marzo se debe casi exclusivamente incremento del endeudamiento del Estado, ya que la deuda de las comunidades, los ayuntamientos y la Seguridad Social se ha mantenido más o menos estable en el tercer mes del año.
Unos datos que se suman a lo ya anunciado por el comisario europeo de economía, Paolo Gentiloni: “Tenemos una segunda solicitud de pago por parte del Gobierno español del fondo de recuperación y vamos a analizar esta solicitud para asegurarnos de que el sistema de pensiones es fiscalmente sostenible”.
Es decir, Bruselas pone ya en duda que España pueda hacer frente a las ayudas europeas tras la pandemia. Y es que lo que quiere prevenir la unión es que nuestro sistema de pensiones colapse y, sobre todo, conocer si esas condiciones económicas en las que se ofrecieron las ayudas a España (cuando el ritmo de crecimiento era alto y sostenible) ahora mismo se pueden cumplir o hay que rebajar las expectativas y replantear las ayudas (aunque Sánchez ya haya anunciado miles de millones a gastar por el Estado).
Y es que uno de los grandes problemas de la economía española en cuanto a la financiación de las pensiones, es que éstas están ligadas al IPC, lo que significa que si los precios siguen subiendo como está previsto, el año que viene el coste del Estado ase dispararía, algo que desajustaría las condiciones presentadas a Bruselas y, por tanto, modificando sustancialmente las condiciones de las ayudas europeas para el desarrollo.
Por otro lado, según ha informado la propia Comisión Europea, el organismo calcula que la economía española crecerá un 4% en 2022, lo que supone un recorte de un 1,6% en comparación con la estimación que hizo en febrero y duplica su previsión de repunte de la inflación hasta el 6,3% para el presente ejercicio, frente al 2,8% estimado a principios de año, en las que son las primeras previsiones económicas del ejecutivo comunitario desde el estallido de la guerra.
