EL GOBIERNO IGNORA LOS JUBILADOS ANTICIPADAMENTE CON LARGAS CARRERAS DE COTIZACIÓN

 

1.-EL PACTO DE TOLEDO Y LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS INVOLUNTARIAS CON LARGAS CARRERAS DE COTIZACIÓN

2.- EL INFORME DEL MINISTERIO

3.- EL CONTRAINFORME DE LOS JUBILADOS

4.- LA LIMOSNA DEL GOBIERNO

 

1.-EL PACTO DE TOLEDO Y LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS INVOLUNTARIAS CON LARGAS CARRERAS DE COTIZACIÓN

En las recomendaciones aprobadas a finales del 2020 por la Comisión no legislativa del Pacto de Toledo y aprobadas posteriormente por el Pleno del Congreso se incluye una referente a la jubilación anticipada con largas carreras de cotización, concretamente la recomendación 12 dice textualmente:

 

… la Comisión considera esencial, previa identificación del colectivo, analizar los costes financieros y la equidad actuarial de los coeficientes reductores que se aplican en los casos de jubilación anticipada, poniendo especial atención en la forma de acceso a la misma -voluntaria o forzada por las circunstancias-, los supuestos de carreras de cotización prolongadas y el sector de actividad en que se produzca la jubilación. A la vista de dicho análisis -una vez determinada la situación de aquellas jubilaciones anticipadas en las que la aplicación de coeficientes reductores pueda producir un efecto inequitativo- el Gobierno propondrá una respuesta, en el plazo máximo de tres meses, a la Comisión del Pacto de Toledo.

 

Pero la redacción previa indicaba:

 

… la Comisión considera que debe modificarse la Ley de la Seguridad Social para que se eliminen los coeficientes reductores a todas las personas jubiladas anticipadamente, voluntarias o forzosas, ya sean trabajadores por cuenta ajena cómo autónomos, que hayan cotizado 40 años o más a la Seguridad Social, independientemente del año en que comenzaron a trabajar. Dicha modificación deberá aplicarse de forma que, a aquellos jubilados anticipados, futuros o ya existentes, que hayan cotizado 40 años o más y que cuenten con 65 años o más de edad, se les deje de aplicar los coeficientes reductores desde el momento de alcanzar dicha edad, y se les fije su nueva pensión en función de su base contributiva y años cotizados hasta el momento de la jubilación anticipada anteriormente producida.

 

Las diferencias son notables entre ambos textos, en el inicial se pide directamente la modificación de la Ley de la Seguridad Social, y en el aprobado finalmente se pide un estudio y una respuesta al Gobierno en un plazo máximo de tres meses. Es decir, es un asunto que ha quedado pendiente de resolver hasta que se realice su estudio por el Gobierno para ver cuales son esas “situaciones inequitativas” producidas por la aplicación de los coeficientes reductores.

 

VER: EL PACTO DE TOLEDO Y LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS INVOLUNTARIAS CON LARGAS CARRERAS DE COTIZACIÓN

2.- EL INFORME DEL MINISTERIO

El pasado viernes 30 de julio el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entregó en el Congreso de los Diputados el estudio de la recomendación 12 del Pacto de Toledo sobre la despenalización de las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización que se comprometió a presentar en julio, una nueva fecha que el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, estableció tras exceder en cinco meses el plazo oficial inicial. El informe analiza el impacto económico de eliminar los coeficientes que reducen las pensiones de más de medio millón de trabajadores que se retiraron anticipadamente con más de 40 años cotizados.

El documento, titulado Informe sobre el acceso a la pensión de jubilación anticipada para trabajadores con carreras de cotización largas, ha quedado registrado en la Secretaría General del Congreso con fecha del viernes 30 de julio, a las 18:39 horas. Tras su registro en el Congreso de los Diputados, corresponde ahora a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo estudiar las cifras, consideraciones y conclusiones que plantea el departamento de Escrivá, con vistas a solucionar (total o parcialmente) una de las grandes reivindicaciones del colectivo afectado

Las conclusiones de este documento hacen realidad los peores presagios de los afectados: el Ministerio de Seguridad Social no recomienda ni quiere eliminar los coeficientes reductores a estas pensiones. El gasto y la estabilidad del sistema de pensiones es uno de los principales motivos sobre los que sustenta su postura.

 

La Seguridad Social calcula que «la eliminación de los coeficientes reductores a quienes hoy ostentan la condición de pensionista de jubilación anticipada supondría un incremento del gasto anual de 2.745 millones de euros en 2021. Y considerando la evolución de este colectivo en función de sus probabilidades de supervivencia, la medida implicaría aumentar el compromiso de gasto futuro (valor presente actuarial) en estas pensiones en 44.345 millones de euros». Precisamente, la merma de la pensión que ocasionan los coeficientes reductores atenúa este efecto, y el departamento dirigido por Escrivá prevé en el informe que una hipotética eliminación dispararía aún más el gasto ante un aluvión de prejubilaciones.

 

Otro de los motivos aportados por la Seguridad Social para no eliminar los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas con largas carreras es que un 55% de las carreras de cotización en el momento de acceso a la pensión de jubilación alcanza o supera los 40 años, por lo tanto «no son una excepción».

 

Para el Ministerio, el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación es vital para el equilibrio y la equidad del sistema de pensiones. «Con los coeficientes reductores se garantiza el objetivo de que el acceso anticipado a la pensión no suponga un coste excesivo» que tambalee un sistema que se enfrenta al «aumento de la esperanza de vida» y la «jubilación de la macrogeneración del Baby Boom».

Estos coeficientes reductores –añade el estudio– también se aplican en los sistemas de pensiones de reparto del entorno europeo de referencia. Por lo tanto, «no son una singularidad del modelo español». Sin perjuicio de lo anterior, recalca que el ordenamiento español ya ofrece una reducción de los coeficientes cuanto mayor es el periodo de cotización acumulado.

El estudio  sostiene que, además, si la pensión no sufriera merma alguna con el anticipo de la edad de jubilación, es previsible que estas cifras se vieran ampliamente superadas en años venideros, pues es lógico pensar que el número de trabajadores que se jubilarían antes de su edad ordinaria experimentaría un crecimiento considerable con el consiguiente aumento del gasto todos los años. En este sentido, ya en la actualidad el número de personas trabajadoras entre 55 y 63 años con 40 o más años cotizados asciende a más de 800.000, con la posibilidad cierta de que un número mayor de ellas alcancen ese umbral de cotización teniendo en cuenta su edad actual y que también hay que computar los periodos que por diversas circunstancias se consideran como cotizados en el momento de cálculo de la pensión.

En resumen, en su apartado de conclusiones, se ofrecen las siguientes razones para no despenalizar las jubilaciones anticipadas para trabajadores con largas carreras de cotización:

 

– La aplicación de coeficientes reductores de la pensión  de aquellos que adelantan el acceso a la jubilación respecto a la edad  ordinaria es una previsión común en los sistemas de pensiones de reparto del entorno  europeo de referencia. Su introducción responde a una triple lógica de equidad, adecuación y sostenibilidad  que se vería seriamente perjudicada si tales coeficientes se eliminaran. Los datos muestran que la aplicación de coeficientes  reductores mejora la equidad del sistema y que un adelanto de la edad de acceso a la jubilación tenga algún reflejo en la cuantía de la pensión, porque va a percibirse durante un periodo más prolongado, de igual forma que un retraso en la misma conlleva una mejora en la cuantía por inversa razón.

 

– Además el coste financiero “estático” de eliminar los coeficientes reductores incrementaría el gasto anual en pensiones en más de 2.700 millones de euros y el aumento del gasto futuro (valor presente actuarial) en  44.345 millones de euros. El coste en términos de sostenibilidad para el  sistema sería aún mayor pues la medida provocaría previsiblemente un crecimiento muy significativo de las jubilaciones anticipadas con las  evidentes implicaciones que ello tiene para la Seguridad Social

 

VER: LARGAS CARRERAS DE COTIZACIÓN Y JUBILACIONES ANTICIPADAS

3.- EL CONTRAINFORME DE LOS JUBILADOS

La asociación ASJUBI40 en su contrainforme que ha entregado en el Congreso de los Diputados para desmontar el que Escrivá indica que el informe Escrivá “Tergiversa el concepto de contributividad, hace comparaciones sin sentido entre pensiones medias y utiliza la brecha de género con una intención manipuladora para justificar lo injustificable”

El estudio de Escrivá, en primer lugar, plantea que la jubilación anticipada “reduce el tiempo de actividad laboral” y “deja de ingresar cotizaciones”. “¿Es que no consideran la variable años de cotización?”, se pregunta la asociación. En este aspecto, Asjubi40 critica que “el informe se ciñe a ‘edad ordinaria de jubilación’ y menosprecia a los ‘años de cotización’. Para ello tergiversa completamente el concepto de contributividad”.

 

El segundo punto que desmiente la asociación es la comparación que realiza el estudio de la pensión media de las personas jubiladas de forma anticipada con coeficientes reductores (1.638,72 euros) con la jubilación ordinaria (1.211,41 euros). “Esa comparación la hace para justificar la bondad de los coeficientes reductores”, recoge el contrainforme. La pregunta que plantea Asjubi40 es ¿qué tiene que ver el importe de la pensión con la bondad y razonabilidad de los coeficientes reductores? “La pensión de cada persona depende de la base de cotización y de los años cotizados. Así de claro. Así de simple. ¿Es que el informe pretende decir que las personas jubiladas de forma anticipada con coeficientes son ricas? ¿pretenden dividir y enfrentar a las personas jubiladas?, ¿es un delito haber cotizado más años?”, se cuestionan desde la asociación.

“Es un planteamiento claramente tendencioso, muy sesgado y que no se ajusta a la moralidad”, opina Asjubi40. Sobre todo teniendo en cuenta que el informe no compara la situación de estos jubilados penalizados con las pensiones medias de las clases pasivas del Estado y los 8 regímenes especiales existentes, que ascienden a 2.098 euros.

 

“EL GRÁFICO DE LA VERGÜENZA”

La tabla muestra, por ejemplo, que la jubilación anticipada forzosa a los 61 años, con 44 años cotizados, la pensión baja al 74% (al aplicarse un coeficiente reductor del 26%). La jubilación anticipada voluntaria a los 63 años, con 40 cotizados, baja al 85% (al aplicarse un coeficiente reductor del 15%) y con el nuevo Proyecto de Ley que se pretende llevar a cabo, se aprecia que la reducción pasaría al 81% (coeficiente reductor del 19%). En el supuesto de tener 44 años cotizados, la pensión pasaría del 86% al 83%, penalizando aún más este tipo de jubilación anticipada (del 14 al 17%).

Uso de la brecha de género en su favor

El texto presentado por Asjubi40 también sostiene que el informe elaborado por el ministerio de Escrivá “utiliza la brecha de género con una intención manipuladora para justificar lo injustificable”. “El problema de la brecha de género es un tema que, por supuesto, excede totalmente al objeto del informe. Es vergonzante y humillante utilizar a las mujeres para intentar justificar la existencia de los coeficientes reductores”, señalan desde la asociación.

 

En relación al número de años cotizados por las nuevas altas en jubilación, el documento presentado por Asjubi40 señala que el informe original muestra datos correspondientes únicamente a 2020, un año especialmente atípico. “Pone énfasis en que el 55% de nuevas altas se producen con más de 40 años cotizados simplemente para deformar y que la información sea malinterpretada”, recoge el contrainforme. Por ello, Asjubi40 reclama el ministro de Seguridad Social debería presentar un gráfico que muestre la evolución de esa variable en los últimos 15 años.

 

Otro cabo sin atar del informe de Escrivá es que no incorpora ningún estudio actuarial que justifique la razonabilidad y equidad de los coeficientes reductores existentes en la actualidad, ni en los propuestos en el Acuerdo de la Mesa de diálogo social. “Es de matrícula de honor cuando como justificación de la existencia de los coeficientes reductores se le ocurre escribir ‘hay que tener en cuenta el bienestar que reporta a la persona que se jubila anticipadamente el tiempo de ocio de que dispone’”, señala la asociación.

 

Por otro lado, el documento de Asjubi40 subraya que el informe de Escrivá incorpora ejemplos con casuísticas similares que no recogen la diversidad del colectivo. Asimismo, considera que aporta información sesgada cuando compara el sistema de pensiones español con los de otros países europeos, ya que muestra únicamente los años de cotización necesarios para poder acogerse a la jubilación anticipada, pero no facilita información detallada de los eventuales coeficientes reductores en esos países, que en muchos casos son inexistentes.

 

“Poner precio a la justicia”

El punto más grave del informe, según los afectados, es que la Seguridad Social intente “poner precio a la injusticia”. El documento original calculó que “la eliminación de los coeficientes reductores a quienes hoy ostentan la condición de pensionista de jubilación anticipada supondría un incremento del gasto anual de 2.745 millones de euros en 2021. Y considerando la evolución de este colectivo en función de sus probabilidades de supervivencia, la medida implicaría aumentar el compromiso de gasto futuro (valor presente actuarial) en estas pensiones en 44.345 millones de euros”. Es decir, el informe propone proseguir con una situación injusta, justificándolo en el presunto coste económico que supondría revertir esa injusticia e indignidad. “Y se queda tan ancho…

 

Cualquier economista de primer curso le diría, que esos ‘gastos’ tienen la bondad’ de producir ingresos”, argumentan los representantes del medio millón de jubilados penalizados.

 

En este sentido, la asociación defiende que jubilación anticipada para personas con largas carreras de cotización conlleva amplias ventajas como la disminución paro juvenil, la disminución paro en personas mayores, la disminución desempleo de larga duración, la disminución coste bajas laborales (asociadas a la edad), un aumento de la productividad, una mejora en la adaptación nuevas tecnologías y, claro está, “el mayor consumo, debido a mayor dinero a disposición de los jubilados, causaría creación de empleo, realimentando el ciclo económico”, recoge el contrainforme.

 

Informe “hecho a medida” para conseguir lo que pretendía

“Parcialidad” y “tergiversación”. Así considera Asjubi40 que han sido tratados los datos en el informe que la Seguridad Social presentó el pasado mes de julio y que han rebatido punto por punto. Es un documento que, entienden, parece haber sido “hecho a medida” para obtener los resultados que pretendía el ministro de Seguridad Social y “concebido para humillar y ajusticiar, de por vida, a la generación que más ha contribuido al bienestar social de este país, a las personas con más años trabajados y cotizados”, concluye.

 

ENLACE AL CONTRAINFORME

4.- LA LIMOSNA DEL GOBIERNO

Escrivá sostiene que no se pueden eliminar los coeficientes reductores porque se «perjudicaría seriamente la equidad, adecuación y sostenibilidad» del sistema público de pensiones español. Hasta el punto de que su supresión acarrearía un incremento del gasto anual en pensiones de más de 2.700 millones de euros, lo que aumentaría el gasto futuro en más de 44.000 millones.

 

Sin embargo, el proyecto de ley de reforma de las pensiones que fue aprobado en el primer Consejo de Ministros de este nuevo curso y que ya ha sido remitido al Congreso de los Diputados incluye una disposición adicional única que no se incluía en el acuerdo con los agentes sociales y que no ha sido pactado con estos, aunque sí se les ha informado. En concreto, el documento,  establece lo que el Ministerio ha denominado como ‘complemento de mejora de las pensiones de jubilación’ que se reconoce a los beneficiarios con al menos 44 años y seis meses de cotización y que hayan accedido a la jubilación de forma anticipada entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021.

 

Este ‘plus’ tiene como objetivo igualar el trato dispensado por el sistema público a todos los pensionistas con largas carreras de cotización que se jubilaron de forma anticipada en los últimos 20 años y que por ese motivo se vieron penalizados, a veces con recortes de hasta el 40% de la pensión, por el juego de los coeficientes reductores previstos en la ley. Tal y como consta en el documento, de los más de 237.000 prejubilados que, según los registros de la Seguridad Social están en esa situación, al menos 24.000 no tendrán derecho al plus por estar percibiendo la pensión máxima.

 

Los que más se podrían beneficiar serían alrededor de 20.000 pensionistas, con cotizaciones anteriores a 1967 y procedentes del mutualismo laboral, expulsados del mercado de trabajo entre 2002 y 2011. En ese momento, un trabajador con más de 44 años y medio cotizados podía perder el 40% de su pensión si decidía jubilarse a los 60 años, ya fuera por voluntad propia o por falta de expectativas laborales, ya que en aquellos años esa penalización sólo se suavizaba si el cese se producía por causa no imputable al trabajador.

 

El coste de esta medida, que no tendrá en ningún caso carácter retroactivo, supondrá un aumento del gasto en pensiones de 45,72 millones anuales, lo que supone un compromiso futuro en valor actual de 765,53 millones.

La nueva norma no discrimina entre aquellos que accedieron a la jubilación de manera voluntaria y los tuvieron que retirarse de manera forzada, por un despido individual o por un ajuste colectivo, pero sí establece un requisito: que la cuantía de su pensión hubiera sido más alta si se le hubieran aplicado los coeficientes reductores vigentes a 1 de enero de 2022.

 

El ministerio cifra este colectivo en 237.491 personas, aunque no serían todos, ya que, en primer lugar, habría que restar los más de 24.000 pensionistas que cobran la pensión máxima y, por tanto, quedarían excluidos. Además, el texto señala que «en muchos casos los coeficientes coinciden y, por tanto, la pensión no se verá alterada», por lo que -según estimaciones oficiales- lo recibirán finalmente unas 180.000 personas.

 

No todos tendrán la misma compensación, siendo los que mayor beneficio obtengan los que se jubilaron con condición de mutualista, con un complemento mensual de hasta 82,62 euros al mes, el máximo. El mínimo de 4,56 euros al mes para aquellos que se jubilaron anticipadamente de forma no voluntaria con la Ley 27/2011.