Los becarios que cobran cualquier remuneración por sus prácticas ya aparecen como afiliados en las estadísticas de la Seguridad Social.
La norma especifica que las prácticas no remuneradas que están cubiertas son las de:
- Estudiantes universitarios.
- Estudiantes de FP, siempre que no sean prácticas de formación profesional intensiva.
- Estudiantes de enseñanzas artísticas superiores y profesionales.
- Estudiantes de enseñanzas deportivas del sistema educativo.
Si el estudiante ya está dado de alta en la Seguridad Social —porque tiene otro trabajo mientras estudia—, o cobra una pensión de jubilación o de incapacidad permanente, no se le dará de alta para realizar las prácticas formativas, independientemente de que sean o no pagadas.
El arranque de 2024 ha traído el anuncio a bombo y platillo de la cotización a la Seguridad Social por parte de los becarios que realizan prácticas no remuneradas. Una noticia que no ha gustado a rectores y universidades, que llevan meses quejándose por la posibilidad de que se produzca un bloqueo a la hora de encontrar prácticas para sus alumnos.
Al año hacen prácticas una media de 3 millones de alumnos, de los que la mitad proceden de centros universitarios y la otra mitad, de FP. Las gestiones pasan desde conseguir un número de identificación para el alumno, avisar a la Seguridad Social cuando se inician y finalizan las prácticas o informar de la cotización cada trimestre.
La imposición del Gobierno desde el pasado 1 de enero de obligar a cotizar a los becarios que no cobran ha generado una lluvia de críticas entre las empresas y la comunidad educativa. La razón del descontento no es tanto la económica, sino la cantidad de trámites burocráticos que tienen que llevar a cabo para cumplir con los nuevos mandatos del Gobierno.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha esgrimido todo tipo de argumentos para defender su medida: que beneficiará a los estudiantes “a efectos de la futura pensión”, que los jóvenes “estarán más protegidos en caso de accidente” o que servirá para “concienciarles de la importancia que supone estar dentro del sistema de Seguridad Social
Como el Ejecutivo se ha propuesto batir su propio récord en ingresos por cotizaciones sociales en 2024, sería lógico pensar que incluir a más de 1 millón de becarios sin remunerar (el dato oficial) en el sistema de la Seguridad Social sería un lucrativo negocio para las arcas del Estado. Sin embargo, por ahora, el Ministerio que dirige Elma Saiz ha decidido bonificar las cuotas un 95% para los universitarios y un 100% para los estudiantes de Formación Profesional, es decir, que el Gobierno moverá a la hucha de las pensiones 2,85 euros por jornada trabajada, mientras que las empresas deberán abonar 13 céntimos Pero según las universidades, administraciones públicas y empresas no se están haciendo cargo, lo que obliga a los centros a asumir el coste
Sin la bonificación, la cotización de los becarios con prácticas no remuneradas sería más suculenta para el sistema: estaría fijada en una cuota empresarial, por cada día de prácticas, de 2,54 euros por contingencias comunes excluida la prestación de incapacidad temporal y de 0,31 euros por contingencias profesionales, sin que pueda superarse la cuota máxima mensual por contingencias comunes de 57,87 euros y por contingencias profesionales de 7,03 euros. Fue en el año 2011, cuando el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, obligó a los becarios con prácticas remuneradas a cotizar (sin bonificación).
¿Becarios cotizantes, pero ‘no afiliados’?
Por tanto, si el Gobierno tampoco va a disparar la recaudación con su nueva norma, cabría preguntarse si hay algún otro motivo detrás de su puesta en marcha. La intención de maquillar los datos de afiliación a la Seguridad Social sumando al dato de cotizantes una nueva multitud de becarios ha sido una de las hipótesis más comentadas desde que se conoció la entrada en vigor de la medida.
Teniendo en cuenta que los becarios que sí cobran por sus prácticas aparecen como afiliados en las estadísticas del departamento que dirige Elma Saiz, no era descabellado pensar que ese podría ser su destino. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Seguridad Social niegan a Libre Mercado esta posibilidad. “No se incluirán como afiliados en la Seguridad Social. Irán en una categoría aparte”. Por tanto, parece que el destino estadístico de estos nuevos estudiantes será el de pertenecer a la inédita categoría del cotizante, pero no afiliado.
Actualmente, los estudiantes que realizan prácticas remuneradas se engloban en la categoría de afiliados denominados “Otros”, que supera los 1,4 millones de cotizantes e incluye a afiliados sin contrato como funcionarios (el 80%), becarios que cobran (el 6%) o cuidadores no profesionales. Tal y como se observa en el siguiente gráfico, este tipo de afiliados lleva creciendo considerablemente desde 2019.
En concreto, y muy poco después de que Sánchez llegara al Gobierno, se ha producido un aumento de la afiliación de más de 300.000 personas en la categoría “Otros”. En el caso de los becarios con prácticas remuneradas, estaríamos ante unos 84.000 estudiantes que cuentan como afiliados a día de hoy y que contribuyen a inflar el dato de empleo oficial (son jóvenes que suelen hacer prácticas 4 horas al día por menos de 500 euros).
Por tanto, la de los becarios que sí cotizan sería la enésima fórmula incluida en las estadísticas oficiales que serviría al Gobierno para enmascarar la verdadera calidad del empleo en España. Cabe recordar que uno de los artificios estadísticos más polémicos del Ejecutivo de Sánchez ha sido el de los fijos discontinuos, donde empleos de naturaleza temporal han sido rebautizados como “fijos” que tampoco cuentan como parados oficiales aunque no estén trabajando. El aumento del empleo público con el Ejecutivo de Sánchez también ha sido otra alternativa más para dopar la estadística de afiliación.
Las Universidades se oponen y se quejan
El problema ahora es de las empresas y universidades. Las primeras tendrán ahora la tarea de dar de alta en la Seguridad Social a becarios no remunerados, un proceso burocrático que hasta ahora era innecesario y además las empresas remarcan que el coste de tener un becario no solo es su cotización: es la carga adicional de trabajo para un empleado que debe dejar sus funciones habituales para formar al alumno, lo cual produce un descenso de la productividad.
Por su parte, en un comunicado publicado este cinco de enero, la CRUE señala que a pesar de que atribuye la responsabilidad de gestionar y pagar estas cotizaciones a las entidades receptoras del estudiantado en prácticas, tanto las empresas como las administraciones públicas se han desentendido de esta obligación y han sido las universidades las que han tenido que asumir estas tareas. En el caso de las empresas, más de un 98% han eludido el pago de las cotizaciones y un 100% su gestión administrativa”. El comunicado continúa señalando que “los propios ministerios dependientes del Gobierno que ha generado esta regulación y muchos organismos autonómicos los que hayan eludido su responsabilidad en la gestión administrativa y pago de estas cotizaciones”. La CRUE señala a “Defensa, Justicia o, incluso, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”.
Debido a que las empresas y administraciones no se están haciendo cargo de los trámites y del 5% de las cotizaciones, las universidades han asumido el coste para que los alumnos sigan haciendo prácticas. La CRUE apunta que son las universidades, “a pesar de sus muchas dificultades financieras”, quienes están abonando los costes, cifrados en “unos 9 millones de euros anuales siempre que se mantenga la bonificación”. Además, los campus se han visto obligados a incrementar sus plantillas de personal de gestión y administración para realizar la gestión administrativa que supone tramitar 400.000 prácticas estimadas.
La CRUE insistió en ello: “Nos estamos encontrando que las pymes están poco motivadas a participar y la propia Administración pública tiene problemas”. Por ese motivo se solicitó una prórroga que finalmente fue aceptada para “hablar y planificar adecuadamente una decisión que no compartimos”.
Se trata del paso previo a la aprobación del Estatuto del Becario. Desde el Gobierno, tal y como señaló Yolanda Díaz, el objetivo es aprobarlo este 2024. Un plan que busca, entre otras cosas, que las empresas compensen los gastos del becario -transporte, comida- y limitar el horario de las personas en prácticas -un 20% de la plantilla-. Su inclusión en el BOE también apunta a ser polémico, ya que la CRUE también se ha opuesto.
Los dudosos argumentos del Gobierno
El Gobierno ha llegado a defender la medida para que “los jóvenes tomen de conciencia de la importancia que supone estar en la Seguridad Social”.
Hasta el pasado 31 de diciembre, solo existía la obligación de dar de alta a los alumnos que llevaban a cabo prácticas remuneradas. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha querido ir más allá, en teoría, por el bien de los estudiantes. La medida ha generado una oleada de críticas entre las empresas y la comunidad educativa no tanto por el coste económico que les puede suponer (la cotización va a estar bonificada al 95%), sino por la cantidad de trámites burocráticos que van a tener que llevar a cabo para cumplir con los mandatos del Gobierno.
Puede estarse a favor de que los becarios con prácticas no remuneradas coticen para tener un mayor control de los estudiantes y/o de cara a una inspección de trabajo, pero lo que no tiene sentido es que el Gobierno se justifique en que les va a ayudar en su jubilación cuando el periodo máximo de prácticas curriculares (las obligatorias) es de 150 horas, poco más de un mes, y el de las extracurriculares (las voluntarias) 900 horas, unos 6 meses.
El Gobierno argumenta que la obligación de cotizar por los becarios que no cobran es “una extensión de derechos que beneficia a los más jóvenes que, de este modo, podrán comenzar una carrera de cotización que les permitirá generar derechos a futuro, puesto que supondrá el reconocimiento de este tiempo como cotizado a efectos de la futura pensión”. Pero no tiene sentido esta argumentación pues el periodo de las prácticas es muy corto y la cuantía de cotización, mínima.
Además, el Ministerio de Seguridad Social añade que “estos jóvenes estarán más protegidos durante el desempeño de sus prácticas, por ejemplo, en caso de accidente”. Pero lo cierto es que los estudiantes de prácticas no remuneradas ya disponían de un seguro escolar que les cubre tanto los accidentes durante el traslado al lugar de prácticas como los que ocurran dentro del mismo.
Hay que tener en cuenta que con la introducción de la nueva obligación los becarios que no cobran no tendrán derecho a paro o a cobrar durante una baja por enfermedad. Es decir, quedarán excluidos de la protección por desempleo y, en el supuesto de las prácticas no remuneradas, se excluirá también la protección por la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes lo que viene a desmontar (otra vez) el argumento del supuesto “aumento de derechos” del alumno.
¿Maquillaje estadístico?
Además como existe una bonificación casi total el Gobierno tampoco pretende disparar la recaudación con esta modificación que afecta a más de un millón de alumnos. Parece que detrás pueden estar las intenciones del Ejecutivo de Sánchez de maquillar los datos de afiliación a la Seguridad Social sumando a estos becarios en el dato de afiliación. Para confirmar ese maquillaje deberemos de esperar a que finalice el mes de enero para ver dónde encaja la Seguridad Social a los becarios en sus estadísticas (los becarios que cobran por sus prácticas sí cuentan como afiliados). Según el Gobierno, estos alumnos en prácticas quedarán comprendidos como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social, excluidos los sistemas especiales del mismo
Otra de las argumentaciones que dio el Gobierno para defender la necesidad de obligar a cotizar a los becarios que no cobran es la de hacer que “los jóvenes tomen de conciencia de la importancia que supone estar dentro del sistema de Seguridad Social”.
Otro “ridículo” es que no tiene sentido que cambien el sistema el 1 de enero cuando los pilla a mitad de curso educativo.
El Gobierno retrasa a marzo la aplicación de la norma
El Ejecutivo ha introducido este cambio en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los efectos de los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo, publicado el 28 de diciembre en el BOE, con el objetivo de dar margen a las empresas o universidades a poder hacer dicha gestión.
“Se establece un plazo excepcional, que finalizará el día 31 de marzo de 2024, para comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social las altas y las bajas en la Seguridad Social correspondientes al inicio o finalización de las prácticas formativas no remuneradas a las que se refiere la referida disposición adicional quincuagésima segunda que tengan lugar en el período comprendido entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2024”, señala el texto.
Cabe recordar que el Real Decreto-Ley 2/2023, del 17 de marzo, para sostener la hucha de las pensiones estableció la nueva obligación para las empresas de cotizar por los becarios no remunerados a partir del 1 de enero de 2024.
