Según el informe “«El gasto público en España desde una perspectiva europea» de el Banco de España, España muestra un peso relativamente elevado, desde una perspectiva europea, en partidas como las prestaciones sociales (pensiones y desempleo) y los pagos por intereses de la deuda, pero un peso relativamente menor en partidas como la educación y la inversión pública. Es decir, el gasto público en España se concentra más en asistir y subvencionar que en realizar proyectos de futuro, educación incluida. Eso no significa que no se atienda a la educación, sino que el gasto en ese capítulo crece menos que en otros. Entre 2019 y 2020 el gasto en educación pasó de 45.000 a 52.000 millones, con un crecimiento del 14,6%. En ese mismo periodo, las cantidades dedicadas a protección social y salud crecieron un 30.9% y un 26,1%, que en el caso de la Sanidad los datos están influenciados por la pandemia.
España gasta más que otros países de su entorno en prestaciones sociales, lo que arrumba muchas teorías y demagogias políticas. En 2019, el gasto en prestaciones sociales alcanzó el 18,4% del PIB en España, frente al 17% de la media de los 28 países de la Unión Europea (UE-28) y el 19,5% de los 15 países del euro (UE-15). Y desde la crisis de 2008, la subida del gasto en ese capítulo –siempre en porcentaje del PIB– ha sido mayor y más duradera en España que en otros países, con un ascenso de más de 4 puntos porcentuales. En términos absolutos hay algunas diferencias, con un gasto de per cápita de 5.363 euros en España, frente a los 5.627 de la UE-28 o los 7.482 de la UE-15. El gasto en prestaciones se concentra, sobre todo, en las pensiones, pero también –un 14% del total–en bienes y servicios que se ofrecen a los hogares y en subsidios de desempleo. Por el contrario, España es uno de los países que menos gastaría en inversión, un 2,8% del PIB, muy por debajo de la media de la UE-15 y de la UE-28, con porcentajes del 3,8 y del 4,3%. A todo eso habría que añadir el gasto en intereses, un 2,3% del PIB, frente al 1,8 y 1,5 de los dos grupos de la UE.
La conclusión más significativa es que una composición del gasto público con un menor peso en inversión y educación suele estar asociada, a medio plazo, con tasas inferiores de crecimiento de la economía y con una menor capacidad para reducir la desigualdad. La duda que surge es qué prefiere el Gobierno, gastar en asistencia –que da réditos políticos inmediatos– o invertir a medio plazo. De eso depende que unos intenten vivir a costa de otros y que el Estado sea o no una gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todo el mundo.
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EL MANTRA DE LOS IMPUESTOS Y LA SANIDAD
Por otra parte, tanto el Gobierno como los partidos autodenominados como “progresistas” argumentan continuamente que el recaudar menos dinero para las arcas públicas a través de impuestos repercute en una «menor inversión en sanidad», gasto que está transferido a las CCAA: «Cuando alguien pide cita para el médico y le dan para dos meses… ¿qué está pasando? Esto es porque hablamos de gobiernos que benefician a los ricos«, destacó recientemente Bolaños.
Sin embargo, esta tajante afirmación populista se puede refutar con datos proporcionados por el propio ministerio y no parece cierto que cuanto menos dinero se recauda a través de impuestos peor calidad de la sanidad. Si se observan los datos públicos en el apartado de listas de espera por comunidades autónomas, no se observa relación alguna entre comunidades con menor recaudación de impuestos y mayores tiempos de espera para ser atendido.
Se constata que las comunidades con menos presión de impuestos, en muchos casos presididas por el Partido Popular, tienen, por lo general, un tiempo de espera para las consultas de especialidades menor que en otras comunidades. Tal es el caso de Galicia y Madrid. De hecho, ambas comunidades se encuentran prácticamente siempre en el Top5 de ‘mayor rapidez’ a la hora de atender a los pacientes . Por otro lado, las comunidades que por lo general suelen tener mayor tiempo de espera son Aragón y Cataluña.
Los datos reflejan que la rapidez a la hora de atender, punto fundamental, aunque no el único, para valorar la calidad sanitaria, no depende tanto de cuanto se recaude a través de impuestos, tal y como tratan de justificar en repetidas ocasiones el PSOE, sino de que el dinero se invierta de manera eficaz. Las listas de espera son consecuencia de la gestión, no del dinero dedicado a Sanidad. Y la gestión depende de los gestores. Más dinero con peores gestores lleva a peores servicios y mayor ineficiencia. Los peores gestores se encuentran allá donde se asignan por razones ideológicas o de partido.
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