EL FONDO DE PENSIONES DE PROMOCIÓN PÚBLICA (FPPP) DUDAS EXISTENCIALES

El Fondo de Pensiones de Promoción Pública (FPPP) en el que se integrarían los Planes de Pensiones de Empleo (PPE) y que extendería el ahorro privado de una amplia mayoría de trabajadores para la jubilación se convertirá, en palabras de Escrivá, “en una “fuente fundamental de financiación privada de las inversiones para la transición energética y digital“ tal como se recoge en la ficha enviada a Bruselas para el acceso al los Fondos de Recuperación de la UE.

La puesta en escena del macrofondo se inició con el recorte de los incentivos fiscales a los planes individuales de pensiones en beneficio de los planes de empleo y la SS estima que ese desplazamiento de las ventajas fiscales previstas en el IRPF permitirá en una década aumentar el número de trabajadores adscritos a estos planes de empleo para la jubilación desde los 2 millones actuales, con unos 35.000 millones de patrimonio, hasta los 13 millones en el año 2030 con un patrimonio de unos 100.000 millones

El objetivo es incluir en el FPPP (un Fondo Soberano) también a los planes de pensiones de empleo ya existentes, por la vía de ofrecer unos costes de gestión más reducidos, además de integrar en ellos a los trabajadores que ahora no disponen de un plan de pensiones de empleo en sus empresas y a los autónomos.

Expertos del sector sospechan que este macrofondo puede ser una maniobra para captar parte del ahorro, que hoy se gestiona desde el sector financiero, y garantizar (como ocurrió en el extinto Fondo de Reserva de la Seguridad Social -FRSS-) así la compra de parte de los cientos de miles de millones de euros de deuda pública que se van a tener que colocar en el mercado en los próximos años como consecuencia del incremento exponencial de deuda por la respuesta institucional a la pandemia.

Lo cierto es que el propio Gobierno viene a confirmar estas sospechas al asegurar que los recursos de los futuros planes de pensiones de empleo que se integrarán en ese Fondo Soberano van a servir para sufragar las inversiones para la transición ecológica y digital

En el corazón de este planteamiento se encuentra la causalidad neoclásica de que “el ahorro genera inversión”, frente al punto de vista postkeynesiano donde “es la inversión la que genera ahorro”.

¿Ahorro o Inversión?

Muchas veces se utiliza el ahorro y la inversión como sinónimos. Sin embargo, aunque están fuertemente relacionados, en realidad son muy diferentes. La diferencia entre los dos conceptos, fundamentalmente, es el destino del dinero. El punto común entre ambos es que no podemos disponer de nuestro dinero en ese instante.

Por un lado, llamamos ahorro a aquél dinero que guardamos para poder disponer de él en el futuro. Renunciamos a gastarlo en el presente, poniéndolo en un lugar seguro y sin riesgo, pero que (¡o solía!)  generar intereses. Estamos ahorrando cuando mantenemos nuestro dinero en efectivo, cuando lo mantenemos en una cuenta bancaria o cuando lo guardamos en un depósito, por ejemplo.

Por otro lado, llamamos inversión a aquél dinero que renunciamos a gastar en el presente para que en el futuro nos aporte un dinero extra. Asociamos la inversión con la compra de un activo financiero, con la esperanza de obtener una ganancia. Esta ganancia extra que nos aporta la inversión con respecto al ahorro se debe a que con la inversión estamos arriesgando nuestro dinero, y por ello recibimos una compensación. Podemos invertir nuestro dinero en un sinfín de cosas, desde algo inmaterial como la educación hasta activos financieros como las acciones, los bonos, los fondos de inversión o los planes de pensiones.

Por tanto, económicamente hablando, si tenemos una determinada cantidad de dinero y decidimos ahorrarlo en vez de invertirlo, estamos dejando de ganar dinero, pues estamos renunciando a un dinero extra que tendríamos si eligiéramos invertir. Sin embargo, la rentabilidad de la inversión es incierta y en algunos casos se corren riesgos de perderlo. Por otro lado, las inversiones a largo plazo suelen ser más rentables porque renunciamos más tiempo a tenerlo disponible para nosotros.

Pensiones Públicas de reparto

Cuando nos jubilamos, llega el momento de dejar de trabajar y comenzar a recibir la pensión pública de la Seguridad Social a la que tanto hemos contribuido en todos los años que hemos estado trabajando. Nuestras cotizaciones garantizan “en teoría” que podamos recibir una renta mensual que nos permita vivir de manera cómoda el resto de nuestra vida.

La Seguridad Social, al igual que cualquier otro organismo o institución pública, necesita financiarse de alguna forma. Aunque existen varios modelos de financiación, el más conocido por nosotros, es el sistema de reparto.

Se podría establecer una analogía entre el sistema de la Seguridad Social presente en países como España y cualquier otro instrumento de ahorro, como un plan de pensiones. En este sentido, ambos se comportan como huchas en las cuales los individuos van aportando una parte de su renta a un fondo para poder recibir una prestación en el futuro, cuando el beneficiario ya no tenga la misma capacidad para trabajar.

Sin embargo, el sistema de reparto no funciona exactamente así. En realidad, este modelo se financia no gracias a las aportaciones que un cotizante haya realizado a su fondo individual a lo largo de toda su vida laboral (como ocurre con cualquier plan de pensiones privado), sino a través de un fondo común del que cobran los pensionistas actuales.

Es decir, las cotizaciones de los trabajadores actuales sirven para pagar las pensiones de los jubilados actuales, sin que necesariamente exista una relación entre las cotizaciones satisfechas durante la vida activa y la prestación recibida en el momento de la jubilación. El monto de la pensión tiene que ver más bien con una serie de características que dan derecho a una pensión de jubilación, como la cantidad de años trabajados o los salarios de los últimos años de vida activa.

El sistema de reparto también es conocido con el nombre de solidaridad intergeneracional, ya que la generación activa actual es la encargada de financiar la pensión de la generación jubilada actual con la esperanza de que en el futuro, los trabajadores activos actuales reciban el mismo trato por parte de los cotizantes futuros.

Se trata, por tanto, de que sean las clases activas (los trabajadores) quienes financien las necesidades de las clases pasivas (los pensionistas), estableciéndose unos vínculos de solidaridad entre los cotizantes actuales y los receptores, que suelen ser las personas que tienen capacidad de trabajar de aquellos que la han perdido o que nunca la tuvieron.

El sistema de reparto de la Seguridad Social adolece de ciertos problemas, entre los que es importante destacar sus principales fuentes de financiación, pues dado que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende en gran medida del número de trabajadores en activo, es necesario que exista un gran número de cotizantes para mantener las pensiones actuales. En este sentido, cobra gran importancia un concepto muy de moda en la actualidad: la ratio trabajador/pensionista, que mide el número de trabajadores en activo por cada persona que recibe una pensión. En España, esta ratio ha pasado de cuatro trabajadores por pensionista en los años setenta a tan solo 2 en la actualidad, lo que viene determinado por razones demográficas: aumento de la esperanza de vida general y de los pensionista en particular y disminución de la tasa de natalidad (futuros cotizantes)

Algunas de las proyecciones de población hacen pensar que en el futuro esta ratio puede descender aún más. No en vano, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de nacimientos habrá descendido más de un 23% en 2.023 y un 35% para 2.050, mientras que el número de personas con 65 años aumentará un 12% para 2.023 y casi un 6% para 2.050. Si tenemos en cuenta ambos factores, nos daremos cuenta de que la inversión en la pirámide de población puede provocar que los pensionistas futuros no tengan garantizada su prestación en igualdad de condiciones a como lo hacen en la actualidad.

En definitiva, el sistema de reparto de la Seguridad Social es uno de los modelos más habituales en los países desarrollados, ya que garantiza una pensión a todas las personas con independencia de su capacidad para generar riqueza para la sociedad. Así, gracias a las contribuciones de la población activa, el Estado garantiza una renta mensual para vivir cómodamente el resto de nuestra vida.

Pensiones de capitalización (PPE)

Desde algunos ámbitos se plantean al menos tres “peros” conceptuales sobre estos planes de pensiones de empleo (PPE). En primer lugar, los sistemas de empleo son sistemas paralelos al régimen de la Seguridad Social y, por tanto, una vez convertidos en obligatorios puede suponer una retirada de la eficacia de la Seguridad Social en favor de ellos. Es decir, si las empresas compensan las pensiones públicas ya no será tan problemático recortar la cuantía de estas. En segundo lugar, supone trasvasar capital ahorro desde la gestión pública (la Seguridad Social) al futuro FPPP, esto es, de hecho, una privatización parcial del Sistema Público de Pensiones lo que puede ser el primer paso de un paulatino desmantelamiento del sistema público hacia un sistema mixto de gestión público-privada del ahorro. En tercer lugar, todo esto con deducciones fiscales para hacerlo más atractivo, es decir, financiando con dinero público un producto privado.

Defienden que los PPE y el FPPP pueden encerrar un Caballo de Troya muy peligroso y es un sendero deslizante donde se juega, en buena parte, el diseño del sistema futuro de pensiones públicas. París (“la sostenibilidad de las pensiones públicas”) bien vale una misa, pero que en esa misa no se debería desnudar un santo para vestir a otro. ¿Qué problema hay en aumentar simplemente la cotización pública para el beneficio del sistema de la Seguridad Social? y sin embargo ¿por qué no hay problema en aumentar la cotización (o como se quiera llamar) si es para entregárselo al mercado?

Las Pensiones Públicas están garantizadas por el Estado, pero no lo serán estos PPE integrados en el FPPP pues su rentabilidad dependerá en definitiva de los vaivenes del mercado de valores donde se invertirán. No se crea riqueza puesto que la riqueza tiene que ver con el destino del dinero, y el manejo de esos dineros será un colchón para emitir créditos sin que el Estado (“todos”) tenga beneficios sociales de todo ello, y en cambio los trabajadores asuman todo el riesgo.