El Gobierno presume, una y otra vez, del incremento de la contratación indefinida, como símbolo de la fortaleza del mercado de trabajo, aupado sobre los datos récord de la afiliación a la Seguridad Social. Sin embargo, ese mercado de trabajo tiene los pies de barro, porque está construido no sobre ninguna nueva reforma estructural que lo agilice y que potencie la contratación, sino sobre una que venía a acabar con los contratos temporales, obligando a convertirlos en indefinidos fijos-discontinuos o en contratos indefinidos a tiempo parcial.
De hecho, de todos los indefinidos del mes de septiembre, que es el último con datos disponibles (559.168), 196.330 son a tiempo parcial y 281.253 son fijos discontinuos que da una idea del artificio que supone la conversión de contratos temporales en fijos-discontinuos, no respondiendo a la evolución de la actividad económica real. Clarísimamente dicho incremento se debe exclusivamente al cambio en la legislación laboral, no a verdadera actividad económica generadora de empleo. Hay un artificio de alrededor de un millón y medio de este tipo de contratos acumulado en el año, a fecha de septiembre, último dato disponible.
En el siguiente cuadro se puede ver el fuerte incremento que se ha dado en los contratos indefinidos fijos discontinuos en el presente 2022.
Cuando dichos contratos, antes temporales, acababan, engrosaban las listas del paro. Al pasar a fijos discontinuos, cuando cesen actividad no serán considerados parados. Ahí puede haber, cuando se produzca ese momento, un maquillaje estadístico de casi un millón de parados. Si eso sucede, habrá una clara divergencia con la EPA, que sí que los considerará como parados. Ahora no aplica todavía, al estar la mayoría en activo, pero el efecto se verá cuando cesen su actividad habitual, es decir, cuando antes terminaba su contrato temporal.
Es claro que si no se genera actividad económica suficiente, dichos contratos, del tipo que sean, desgraciadamente se destruirán, que es el camino por el que nos lleva la equivocada política económica del Gobierno, basada en gasto desmedido, impuestos cuasi confiscatorios, déficit crónico, deuda exponencial e inseguridad jurídica.
Según los datos del propio Gobierno, en los nueve primeros meses de 2022 la afiliación de trabajadores con contrato indefinido sumó algo más de 2 millones de trabajadores, pero para ello hubo que firmar 5,2 millones de contratos, lo que supone que más de tres millones de ellos se ‘esfumaron’ sin crear empleo estable.
El peso del contrato fijo discontinuo, que crece mes a mes, tiene un impacto en la creación de empleo real mucho más modesto de lo que sus cifras deberían arrojar lo que se debe a que se destinan a empleos estacionales y suponen en definitiva un sustituto para los empleos temporales que tenían un carácter recurrente, aunque tiene sus ventajas para el trabajador como la indemnización por despido en caso de despido normal o si el “llamamiento” para volver a ocupar su puesto no se produce. Una contraprestación mucho mayor que la recibe un trabajador con contrato temporal al finalizar su empleo.
Por otro lado, las empresas no se sienten cómodas con la figura del fijo discontinuo pues se producen numerosas dudas legales sobre esta figura, y además se estable un porcentaje de fijos discontinuos sobre la plantilla estable, que no se producía con los contratos temporales
