Trabajo quiere reforzar el funcionamiento del registro horario para asegurar que se cumple la rebaja de jornada
La vicepresidenta ha subrayado que España debe reducir la jornada laboral, que lleva “40 años congelada” en España, y ha recordado ésta es una de las medidas comprometidas en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar. En concreto, este acuerdo contempla reducir la jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial. Entre medias, la idea es que en este 2024 la jornada se recorte hasta las 38,5 horas.
“Vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada 40 años en nuestro país, pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país”, dijo hace unos días la ministra. La última vez que en España se produjo una reducción de la jornada máxima de trabajo fue en 1984 y recortar las horas de trabajo era una reclamación y una exigencia de las organizaciones sindicales.
Fuentes del Ministerio de Trabajo han indicado que, como la jornada laboral media efectiva ya es de 38,5 horas a la semana, lo que se va a trabajar en la mesa de negociación es, sobre todo, cómo reforzar y mejorar el funcionamiento del registro horario al que están obligados las empresas para que se cumplan realmente esas 38,5 horas.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado “dispuesto a hablar” sobre el tema, pero “no porque venga una señora a imponernos su criterio porque es su hito y medida estrella”. Garamendi considera que la reducción de la jornada laboral es “otra subida implícita del salario mínimo interprofesional” y cree que “va a bloquear la negociación colectiva” y “generar una incertidumbre tan importante” que la patronal ya está avisando a sus asociados de que “tengan cuidado con lo que se pacta”.
Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha celebrado la apertura de la mesa de negociación para reducir la jornada laboral por ley, una cuestión “necesaria” que, a su juicio, debe abordarse “cuanto antes”. “Es el momento de abordar tanto la reducción de la jornada de trabajo como una mejor garantía en la distribución del tiempo de trabajo, que me parece que es un debate tan importante como el anterior”, opinó Sordo hace unos días.
No obstante, precisó que la intención sindical es que la jornada, el tiempo de trabajo y la distribución de la jornada de trabajo se siga dirimiendo en el ámbito de los convenios colectivos. “Ahora, si la ley nos acompaña en ese terreno, mejor”, agregó.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve positivo que el Gobierno se plantee reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero no oculta su deseo de “esta legislatura sea la de las 35 horas semanales”.
Mejorar el registro horario
Como vía para reducir la jornada laboral a las 38,5 horas semanales comprometidas en el acuerdo PSOE-Sumar, Trabajo quiere mejorar el funcionamiento del registro horario.
Todos las empresas, sin excepción, están obligadas desde el 12 de mayo de 2019 a registrar diariamente la jornada de sus trabajadores en virtud de un Real-Decreto ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de aquel año.
El objetivo de esta medida es medir la duración de las jornadas laborales y, por lo tanto, las horas extraordinarias, y también los descansos, que no pueden ser inferiores a doce horas entre final e inicio de jornada ni a 36 semanales, aunque con peculiaridades sobre su ubicación en el calendario según el sector de que se trate.
El registro obligatorio que las empresas debe incluir el inicio y finalización de la jornada del trabajador, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y se organiza y documenta mediante la negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores.
En caso de no existir representación legal de los trabajadores, es la empresa quien determina cómo se organiza y documenta el registro de jornada.
La empresa está obligada a conservar los registros de jornada de sus trabajadores durante cuatro años y éstos deben permanecer a disposición de trabajadores, sindicatos e Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En caso de incumplimiento, la cuantía de la sanción puede ir desde los 626 euros si es considerada leve o llegar a los 6.250 euros en caso de calificarse como grave.
La precariedad enquista la jornada real de los asalariados españoles por debajo de las 36 horas semanales
El déficit de productividad de la economía española respecto al resto de Europa ha llevado a muchos analistas a poner el foco en el débil comportamiento de las horas trabajadas tras la pandemia. Una cuestión que se extiende a frentes como el del absentismo laboral pero también la precariedad en un país que tiene la mayor tasa de subempleo (personas que quieren trabajar más horas, pero no lo consiguen) de la Unión Europea. En este escenario, el Gobierno se ha descolgado con una propuesta de máximos que ha sorprendido tanto a los empresarios como a los sindicatos: reducir de 40 a 37,5 horas semanales el tope máximo de jornada en 2025. Pese a que, según los últimos datos disponibles, las horas efectivas que los asalariados españoles trabajan cada semana se situaron en 35,5 en 2023, dos menos que antes de la Gran Recesión.
Curiosamente, la cuestión de la jornada se ha ‘colado’ en la agenda antes incluso que las necesarias correcciones para volver a llevar a la Cámara Baja el decreto sobre la protección a los parados de larga duración. Aunque aquí también el reloj corre, ya que el Ejecutivo se ha comprometido consigo mismo a un primer tramo de recorte del máximo legal, hasta las 38,5 horas, se produzca este mismo año.
La propuesta cuenta, en principio, con el aval de los representantes de los trabajadores, que lo ven como un primer paso para llegar en un futuro a las 32 horas, la famosa ‘jornada de 4 días’. Su justificación es que ello permitirá repartir el trabajo y con ello resolverá los problemas tanto de paro como de productividad, un argumento al que también se ha abonado la propia Díaz. La patronal, por su parte, rechaza un recorte de jornada que no tiene en cuenta la situación de las empresas ni los diferentes sectores y disparará los costes laborales con decisiones al margen de la negociación colectiva.
Los analistas económicos, por su parte, consideran que la reducción de jornada, tal y como se plantea, tendrá efectos en los costes laborales de las empresas, ya que supone pagar lo mismo a los trabajadores por menos horas de trabajo. Estudios sobre las reducciones de jornada aprobadas en otros países en la última década apuntan a que las empresas tienden a trasladar estos mayores costes laborales a los precios antes que contratar a nuevos trabajadores. Es decir, no hay un reparto del empleo como afirman la vicepresidenta y los sindicatos. En todo caso, los investigadores señalan que el impacto varía en función de la relación entre productividad y mercado de trabajo de cada país.
Y aquí entramos en el problema de España: baja productividad, por un lado, pero también una precariedad y rotación laboral excesivas que influyen en la jornada real de los trabajadores en España. Ni siquiera la reforma laboral ha corregido este problema, pues lo ha trasladado a los indefinidos fijos discontinuos. Según los datos de la EPA, uno de cada diez trabajadores españoles quiere trabajar más horas, el doble de los que quieren reducir su jornada (aunque aquí hay que matizar que el INE pregunta por un recorte de horas acompañado por uno proporcional del sueldo). Esto coincide con un peso creciente del absentismo, que en el caso del justificado por enfermedad o accidente, que en la media de 2022 y de 2023 ha superado por primera vez el umbral del 40%.
Todos estos factores se reflejan claramente en la evolución del número medio de horas efectivamente trabajadas cada semana por los asalariados españoles, que sigue muy lejos de recuperarse respecto a los niveles de la crisis financiera, pasando de un promedio anual de 37,28 horas en 2008 a 35,47 en 2023. Además, se aprecia una brecha ente este dato y el de las horas “habitualmente trabajadas”, que se sitúa en 36,7, muy por debajo de las 38,05 de 2008.
Esta diferencia refleja que las expectativas de horarios se ven afectadas por la realidad de la actividad económica, lo cual se traslada directamente a la productividad. En este escenario, la idea de reducir la jornada de trabajo tiene más de propuesta electoralista de un gobierno que necesita contar un ‘relato’ social de su gestión con medidas llamativas que un plan para resolver las ineficiencias del mercado laboral. Si se analiza desde esta óptica, más bien equivale a “matar moscas a cañonazos”.
Y es que el impacto de la reducción laboral será muy desigual tanto en sectores como en tipos de empleo. Los trabajadores a tiempo completo, evidentemente, serán los más afectados, no así los de jornada parcial. El INE no publica estimación de horas medias semanales para ninguno de los dos, solo las totales. Pero revela un dato sorprendente: a pesar del récord de asalariados, siguen trabajando menos horas que en 2008. En concreto siguen por debajo del umbral de los 500 millones de horas perdido desde 2009. Otro indicio que, más que a una mejora de las condiciones laborales, apunta a una pérdida relativa de productividad, no de los trabajadores, sino de sus empleos.
Además, hay un sector que sí fija jornada laboral de 37,5 horas semanales: el público. Tiene además unas de las tasas de empleos parciales más bajas de la Unión Europea. Sin embargo, compensa esta calidad del empleo funcionario con una tasa de temporalidad que duplica la del sector privado, ya que no está sujeto a la reforma laboral. Y es que, en esto, como en muchas otras cosas, el Ejecutivo aplica un doble rasero entre los asalariados de las administraciones y los de los demás que lleva a que este tipo de decisiones les salgan prácticamente gratis como empleadores.
