EL DIÁLOGO SOCIAL AGONIZA POR LA REDUCCIÓN DE JORNADA

 

El diálogo social agoniza. Una vez más el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, y los sindicatos «cocinarán» a su antojo una reforma en materia laboral o de salarios. En este caso, se trata de la reducción de jornada.

 

Así, en el siguiente gráfico elaborado con los datos del Registro de Convenios las horas semanales por convenio sectorial del año 2023 podemos ver que las actividades inmobiliarias, la restauración, el alojamiento y el comercio minorista son las que más horas semanales registran, 40 horas semanales, por lo que serán las más afectadas. En el otro lado están los sectores a los que no les afectará el plan de Díaz porque ya trabajan a la semana muy por debajo de lo que quiere la ministra: educación (33 horas), administración pública (36) y los servicios financieros (37 horas).

 

Jornada semanal por convenio sectorial. Horas semanales 2023

Además, no hay que olvidar que, en las grandes multinacionales (esas a las que tanto odia Díaz) es donde se trabajan menos horas, precisamente, porque son las más productivas. Eso sí, con la medida de la ministra, “las empresas que operan en mercados globales pueden afrontar desventajas competitivas si su coste laboral aumenta en comparación con aquellos en países con jornadas laborales más largas” apunta Fedea.

 

Como la última propuesta del Gobierno no contemplaba ninguna de las demandas de las patronales CEOE y Cepyme, ambas decidieron ignorar la amenaza del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien había dado de plazo a los empresarios hasta la reunión de ayer 1de marzo para presentar una contrapropuesta que nunca llegó.

 

Ante esta parálisis del diálogo social, el Gobierno avisó de que avanzará en la reducción de la jornada laboral para llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas para 2025 solo con los sindicatos, tras la posición «muy decepcionante» de la patronal, según dijo Pérez Rey.

 

No obstante, la CEOE sigue estando convocada sobre el papel a las próximas reuniones. «Hemos convocado y vamos a convocar también a la patronal a la mesa del próximo lunes. Que vengan o no vengan es una decisión que solo les corresponde a ellos; obviamente creo que deben estar en esa mesa y que deben de alguna manera reflexionar sobre cuál es esta actitud», dijo.

 

«Nuestro objetivo es ahora pulir un texto, pero insisto, con las organizaciones sindicales, que son las que han mostrado predisposición a hacerlo, pero si la patronal de aquí a la semana que viene recapacita, (…) pues bienvenidos serán», añadió muy poco convencido el secretario de Estado.

 

Aún más contundente se mostró la ministra de Trabajo. Yolanda Díaz acusó directamente a los empresarios de situarse en la extrema derecha por su negativa. La vicepresidenta segunda incidió en que «es la primera vez, desde enero que estamos negociando, que la patronal no solo no presenta un documento sino que anuncia lo que va a hacer a través de los medios de comunicación», dijo.

 

En este sentido, arremetió contra los empresarios, a los que acusó de alinearse con las tesis de la extrema derecha y dedicarse a «hacer política». Díaz advirtió de que, con esta actitud, la patronal «se sitúa con el extremo derecha, porque ni siquiera el PP está en esta tesis» y solo Vox lo está «diciendo».

 

Las dudas que asaltan a las empresas por la reducción de jornada

Todo apunta a un verano complejo por no decir caótico para la gran mayoría de departamentos de recursos humanos. En especial los de las pymes, las grandes afectadas por el cambio.

 

La ‘retirada’ de la CEOE y Cepyme de la mesa de negociación responde a algo que las patronales ya advirtieron desde que PSOE y Sumar anunciaron en noviembre del pasado año su acuerdo de composición de Gobierno, con este punto como uno de sus grandes hitos: se trata de una decisión política que no acepta flexibilidad alguna en su horizonte temporal para llegar a las 37 horas y media en 2025. En todo caso, como lleva ocurriendo con la mayoría de las medidas laborales y de pensiones de los últimos dos años, al Gobierno le basta con el respaldo de los sindicatos.

 

Ello a pesar de que inicialmente cedió el peso de la negociación al diálogo social bipartito, entre representantes de los trabajadores y los empresarios. Pero cuando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vio que la negociación bilateral se había desviado a cuestiones como la flexibilización de las horas extra e incluso se llegaba a hablar de retrasar los plazos, tomó las riendas de la negociación con una propuesta de máximos que vuelve a la casilla de salida, pero que deja muchos flecos pendientes

 

Los sindicatos respaldan esta versión y trabajan con el Ejecutivo en ‘pulir’ la norma, mientras la patronal se considera al margen de una negociación que no considera tal, sobre todo ante los ataques frontales de Díaz a sus dirigentes. Sin embargo, en las últimas horas, la ministra ha intentado rebajar el conflicto para no dar la impresión de que la reforma será una imposición unilateral. Así, ha avanzado que el próximo lunes presentará una nueva propuesta a CEOE y Cepyme para comprobar su “vocación negociadora”.

 

Aunque el acuerdo con la patronal no parece factible, sobre todo cuando la norma no tiene asegurado el poder de superar intacta el trámite parlamentario. Los últimos borradores hablan de un “anteproyecto de ley”, lo que implica que su entrada en vigor se retrasaría hasta otoño tras pasar por el Congreso y el Senado. Además, el texto podría encajar enmiendas ‘no deseadas’ de los grupos parlamentarios que pueden cambiar sustancialmente el plan inicial.

 

La opinión de los expertos

Los expertos  constatan la inquietud entre sus clientes, aunque por ahora elude hablar de “aluvión” de consultas, dado que ni siquiera existe “una norma aprobada y publicada en el BOE”. En ese sentido, las dudas se dirigen a la posible entrada en vigor de la norma que plantea un escalón inicial de 38 horas y media semanales para llegar a las 37 horas y media prevista para el 1 de enero del próximo año. Es decir, menos de cinco meses.

 

El mayor temor de las empresas es “no tener un período de tiempo suficiente para adaptarse al cambio”, ante la rigidez de las opciones para cubrir esa jornada que se va a dejar de trabajar. En este contexto, los empleadores analizan “con qué contratos se puede cubrir ese hueco, ya que ahora mismo no hay mucha flexibilidad en las tipologías”. También cuestionan el margen del que disponen para gestionar las horas extras y complementarias (que son la que realizan los trabajadores a tiempo parcial).

 

Las empresas siguen pendientes de un “posible aumento” del número máximo de horas extras anuales, aunque esta puerta parezca prácticamente cerrada por la negativa del Gobierno a elevar el tope por encima de las 80 horas anuales. Por ello, se exploran las alternativas de las que disponen en el momento actual. Los responsables de los bufetes del área laboral inciden en que las consultas que recibe su despacho “se centran en lo relativo a los turnos de trabajo” para poder cubrir “la totalidad de la horquilla horaria” que requiere cumplir sus compromisos con los clientes y proveedores.

 

Los expertos coinciden en que la norma supondrá, en cualquier caso, un aumento de los costes lo que siempre es más duro de soportar para la pequeña y mediana empresa” que, en nuestro país, son la mayoría. Apuntan a que una medida de este tipo solo la podrán adoptar con “agilidad y eficacia “las empresas grandes, “donde la plantilla esté muy bien estructurada y pueda rotar” para cubrir la totalidad de la jornada laboral que requieren sus “clientes y proveedores”.

 

Señalan que las empresas tienen que tener tiempo suficiente para adaptar su actividad a una reducción de jornada como la propuesta “y eso no se consigue en meses, hacen falta años”. Además, llama la atención sobre unos índices de absentismo cada vez más elevados, precisamente en los sectores más afectados por la reducción de jornada haya “escasez de mano de obra” que se agravará por la necesidad de cubrir los huecos dejadas por la reducción horaria

 

En este escenario, los departamentos de relaciones laborales tendrán que afrontar varios desafíos inmediatos una vez que la norma se apruebe definitivamente y necesitarán “definir muy bien el calendario laboral” y la necesidad de “adaptar plantilla y contrataciones”. Ello asegurándose del cumplimiento de la legislación en materia de registro horario, así “como ajustarse a costes y presupuestos” para hacer frente al aumento de los gastos en personal.

 

Los retos están en el control horario de la jornada, los turnos, la gestión de nuevas “altas necesarias” para cubrir la actividad de las empresas mientras se sostiene “la misma carga salarial con menos dedicación de trabajo efectivo” de aquellos empleados afectados por el recorte de jornada.

 

Apuntan a que, si finalmente hay una “imposición” en la norma solo con el aval sindical, el problema será qué hacer con los “convenios colectivos o acuerdos de empresa ya negociados” El tema de jornada es uno de los asuntos más habituales y uno de los más importantes en esos acuerdos, ya que toda la actividad de la empresa pivota sobre ese punto.

 

De hecho, el impacto en la negociación colectiva de una reforma “impuesta” desde el Gobierno, condiciona una de las claves para los trabajadores: el horario efectivo de trabajo. En esto coinciden los tres expertos consultados por elEconomista.es, que recuerdan que, según la ley, la empresa solo puede distribuir de manera irregular un 10% de la jornada, pero a la vez se faculta a la negociación colectiva, y especialmente en el ámbito sectorial, a modificar y ampliar este porcentaje.

 

Además, la norma endurece el control sobre el registro de jornada, una medida reclamada por los sindicatos para el control de las horas extra no pagadas, al tiempo que se elevan las sanciones asociadas a estas. Está por ver si el texto clarifica la cuestión de qué ocurre cuando en una empresa se producen horas extraordinarias, pero no existe un registro adecuado para contabilizarlas y reclamarlas. Como recuerdan esto ha sido respondido de manera diferente por los tribunales “sin que hasta la fecha exista jurisprudencia unificadora”.

 

Más allá de las sanciones, las empresas van a tener que reforzar el “control efectivo” que las empresas están obligadas a hacer del tiempo de trabajo, y esto afectará al cómputo de las horas extras. Por su parte, Fernández avisa de que va a ser necesario adaptar el proceso de registro de jornada a cada empresa y puesto. “No es lo mismo una persona con una jornada presencial con horario muy marcado que una posición donde trabaja con flexibilidad y se organiza su tiempo como considera o se trabaja por objetivos”. En este punto, incide en que cada empresa y posición es distinta y el sistema de registro de jornada debería ser capaz de reflejar las distintas realidades de las empresas y de las distintas posiciones que existan en la misma.

 

Algunas consecuencias de cambiar el horario a más de 14 millones de personas

Forzar a las empresas a reducir la jornada de su plantilla pagándoles el mismo sueldo es la medida estrella de Yolanda Díaz durante esta legislatura. Con el beneplácito de Pedro Sánchez, la fundadora de Sumar va a cambiar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para que ya este año (todavía no tiene fecha) la ley impida a los empleados trabajar más de 38,5 horas a la semana. En 2025, ese tope se reducirá a 37,5 horas en lugar de las 40 actuales.

 

En los últimos días, el enfrentamiento entre la ministra de Trabajo y CEOE y Cepyme por este asunto se ha recrudecido. Yolanda Díaz ha dado a las patronales varios ultimátums para presentar una propuesta que ella pueda aceptar y hacerse la tradicional foto de los “agentes sociales”. Como es lógico, los empresarios se niegan a aceptar este cambio laboral ya que es evidente que supondrá un aumento de sus costes.

 

Así, lo advierte también Fedea en otro informe publicado esta semana. No es la primera vez que este think tank carga contra la medida de Díaz. El nuevo documento avisa de que “una reducción forzosa de la jornada laboral manteniendo los salarios constantes, como propone el Gobierno, supone una subida de los costes salariales unitarios que podría tener efectos adversos sobre la competitividad de las empresas y la evolución del empleo y el PIB”.

 

Fedea espera, además, que los efectos adversos de esta medida sean “mayores en las empresas más pequeñas, donde las indivisibilidades son más importantes, y en determinados sectores (como el turismo, la hostelería y el comercio) en los que la relación presencial de los trabajadores con los clientes es imprescindible y los ritmos de producción son difíciles de alterar”. Esto podría ser “especialmente problemático para las pequeñas y medianas empresas que tienen márgenes de beneficio más ajustados” añaden.

 

Respecto al número de trabajadores a los que afectará el plan de Díaz, en base a los últimos datos de la EPA (primer trimestre 2024), hay 14.210.792 personas en España que trabajan más de 37,5 horas semanales, lo que supone cerca del 67% del total de ocupados. Eso si, es muy probable que las empresas que tengan que reducir el horario de los trabajadores a jornada completa también tengan que modificar las condiciones en el tiempo parcial, por lo que el número de afectados será mayor.

 

Es precisamente la cantidad de empleo a tiempo parcial lo que hace que la jornada laboral media en España esté en las 37,6 horas trabajadas actuales. Eso sí, en el caso de las horas efectivas de trabajo, que no incluyen “las vacaciones, días festivos, ausencias por enfermedad y otros motivos pagados”, España ronda las 30 horas de media, lo que desmontan el discurso de Yolanda Díaz sobre el exceso de trabajo en nuestro país.

 

Fedea insiste en que la idea de Díaz “supondría un incremento de costes desvinculado de la productividad y fruto de la intervención legal, pero también se generaría un efecto de negociación al alza de los salarios por arrastre con las reducciones de jornadas del resto de trabajadores con mantenimiento retributivo”. La medida, por tanto, “supone encarecer los costes laborales en muchos sectores y con mayor intensidad en sectores donde la productividad es, en sí misma, el tiempo de trabajo”.

 

Fedea recuerda que “el crecimiento de la productividad nos hace más ricos y nos lleva a demandar, entre otras cosas, más tiempo de ocio y, por tanto, una jornada laboral más corta”, pero considera un riesgo creer que eso funciona en la dirección contraria: que menos horas de trabajo mejore la productividad de un empleado de forma automática.

 

La reducción de la jornada afectará al 96% de los asalariados del turismo y el campo

La inminente reducción de la jornada laboral tendrá un impacto desigual entre sectores. La medida está impulsada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, junto con los sindicatos tras la negativa de CEOE a presentar una propuesta por escrito bajo las condiciones impuestas por la ministra de Trabajo. El esfuerzo será mayor en aquellos colectivos conformados por un mayor número de asalariados por encima de las 37,5 horas semanales en cómputo anual, el objetivo que persigue la exlíder de Sumar.

 

En concreto, la reforma afectará la práctica totalidad de trabajadores dedicados al turismo o el campo que trabajan por encima de esa cota: son los empleados del comercio (el 96,6% de trabajadores cubiertos con convenios trabajan más de 37,5 horas a la semana), de la agroganadería (el 96,8%) y la hostelería (el 99,5%), según datos de Cepyme a partir de la base de datos del Ministerio de Trabajo. Únicamente en estos tres sectores son 3,7 millones de trabajadores en vilo por la reforma. La maniobra de Díaz también ha despertado la inquietud de las empresas, que ya acuden a los abogados laboralistas a modo de previsión.

 

La patronal de las pequeñas y medianas empresas calcula que la reducción de la jornada afectará al 75% de los asalariados cubiertos por la negociación colectiva, más de 13 millones de trabajadores por cuenta del sector público o privado. Bajo el juicio de Cepyme, el impacto “negativo muy grave” se observará en el turismo, el campo, el transporte y en servicios como las actividades inmobiliarias, profesionales, técnicas o administrativas. Son las actividades donde existe una mayor proporción de asalariados con una jornada pactada superior a la cota que persigue alcanzar la ministra de Trabajo ya el año próximo.

 

Cómo afectará la reducción de la jornada a 37,5 horas por sectores

Estimación del tiempo de recorte (miles de horas)  y % del total

La negociación colectiva ha venido rebajando la duración máxima del tiempo de trabajo semanales durante las últimas décadas. Este efecto ha sido generalizado en toda la economía, si bien se ha producido en mayor o menor medida según los distintos sectores. De ello depende la capacidad organizativa, la productividad o el tamaño empresarial.

 

Entre las 21 ramas de actividad, solo hay cinco en las que más del 15% de los asalariados tienen en convenio un tiempo de trabajo pactado de 39,5 horas por semana o más: menos de 3.000 trabajadores de la industria extractiva, uno de cada cinco trabajadores del sector de la información y las comunicaciones, en el transporte, comercio y hostelería. “No obstante, [los cinco sectores con más del 15% de asalariados trabajando 39,5 horas o más] es un porcentaje considerable que estaría afectado por la reducción de jornada”, reseñan en el informe. En total, solo el 7,9% de los asalariados cubiertos por un convenio colectivo tienen pactada una jornada máxima de al menos 39,5 horas. Son 925.000 personas.

 

La mayor parte de los trabajadores del sector público trabajan ya por debajo del límite que quiere legislar Trabajo. Así, apenas el 4,6% de los asalariados de la Administración Pública se verán afectados por el recorte. Por su parte, el impacto será “significativo” para el 25% de los asalariados de la Educación y, especialmente, para casi el 60% de los sanitarios que dedican un mayor número de horas al trabajo cada semana.

 

La vicepresidenta segunda cambiará de un plumazo las reglas del juego por la celeridad con la que quiere modificar el Estatuto de los Trabajadores. En este punto, varios despachos de abogados consultados por elEconomista.es confirman que ya están recibiendo las consultas de las empresas antes, incluso, de que entre vigor la ley.

 

“Nuestro despacho está recibiendo este tipo de consultas”, afirma Juan Antonio Linares, socio del área laboral de CECA MAGÁN Abogados en conversaciones con este medio. El impacto de la jornada que será heterogéneo y despierta el interés de determinados grupos de actividad. “Sectores que estamos viendo están más preocupados todos aquellos que facturan por horas a sus clientes, por el motivo de menos horas a facturar. Además de todos los sectores que requieren de personal físico para su actividad: hostelería, sanitario, logística, industria, agricultura, etc”, explica el abogado.

 

Además, el despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo considera que la reducción de la jornada afectará más a las empresas con actividades intensivas en mano de obra, las que la facturación suele basarse en el tiempo de trabajo y los costes salariales (dedicadas a la limpieza, la seguridad o los servicios) o aquellas que tienen una baja productividad.

 

Aunque es complejo calcular cuántas mesas deberán reabrirse y volver a negociar, Linares adelanta que “lo pactado en tiempo de trabajo en muchos convenios colectivos va a quedar alterado ya que ser reduce el número de horas a trabajar”. Esta situación “obligará en la negociación colectiva a replantearse la distribución del tiempo de trabajo actualmente pactada en cada convenio colectivo”, apuntan desde CECA MAGÁN.

 

En busca de vías alternativas

¿Cómo se solucionará? “Por ejemplo, en aquellos convenios que establecen sistemas de turnos de producción continua (24 horas al día y 365 días al año) se producirán desajustes para cuadrar los turnos y los relevos de los trabajadores. Hasta que se alcancen acuerdos en la negociación colectiva será necesario reducir la jornada semanal, sin que la retribución pueda verse afectada por la misma”.

 

“Las empresas afectadas están analizando posibles fórmulas que puedan mitigar el impacto de la posible reforma en la productividad, como la negociación de sistemas más eficaces de flexibilidad horaria y distribución irregular de la jornada de trabajo”, explica a este medio Eva Ceca, Counsel de Laboral de CMS Albiñana & Suárez de Lezo. “Es previsible que la reducción de la jornada de trabajo incremente asimismo medidas alternativas como el incremento de las horas extraordinarias o de la contratación temporal, que no es el objeto pretendido por la eventual reforma”, sentencia.

 

Los expertos consultados defienden que la medida más efectiva para abordar la eventual reducción de la jornada laboral sería la negociación colectiva. “Permitiría una mayor flexibilidad a los distintos sectores para la adaptación de la jornada a las necesidades de negocio y a las particularidades de los trabajadores, combinando la mera reducción con sistemas que permitan una mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo, la organización de turnos y la distribución irregular de la jornada de trabajo”, atiende Eva Ceca, en línea con su colega de profesión Linares.

 

El factor catalán

Para cumplir su compromiso de que la norma esté aprobada antes de las vacaciones, solo puede recurrir a la fórmula del Real decreto ley (aunque tendría que justificar su urgencia y necesidad), que adelantaría su entrada en vigor. Pero aquí existe el riesgo de que, como ya ocurrió con los subsidios, la norma sea derogada en su primera votación en el Congreso si alguno de los socios de investidura decide mandar un ‘mensaje’ a Pedro Sánchez y veta su convalidación. En este sentido, todas las miradas apuntan a Junts.

 

En la Carrera de San Jerónimo se teme que las complejas negociaciones para situar al socialista Salvador Illa en la Generalitat catalana, al tiempo del varapalo dado por el Supremo a la aplicación de la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont, puede llevar a su formación a tumbar una norma clave para el Gobierno pero que se hace al margen de las empresas. Tampoco, recuerdan fuentes parlamentarias, conviene ignorar el papel que están jugando entre bambalinas las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec.

 

En todo caso, al margen de esta derivada política, las empresas empiezan planificar cómo adaptarse a las exigencias de la nueva jornada legal y los consultas a los despachos empiezan a llegar.

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