El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles por unanimidad una ley que elevará de los 140 a más de 600 euros la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencia machista, con efecto retroactivo desde 2004. El texto modifica las pensiones de huérfanos por asesinatos de este tipo para que pasen de ser contributivas a no contributivas, es decir, para que no dependan de que la madre asesinada haya cotizado a la Seguridad Social, sino que su financiación llegue través de los presupuestos.
En el acuerdo se ha establecido una prestación mínima de unos 600 euros —ahora son 140— para los hijos de víctimas que no hubieran cotizado o no cumplieran los requisitos mínimos (500 días en los últimos cinco años).
Para los huérfanos que sí perciben esta prestación se les aumenta del 52% al 70% el cálculo de la base reguladora de las madres, con lo que se asegura que reciban ese mínimo de 600 euros mensuales. En este caso, se ha calculado que la media estará alrededor de los 800 euros.
A pesar de la unanimidad en la votación, ha habido críticas hacia el texto, en concreto, por parte de PP y Unidos Podemos. La portavoz de UP ha calificado la norma de “propuesta descafeinada” y ha apuntado que los beneficios que conlleva son “limitados” e “insensibles” para los menores. Los populares ha denunciado que solo cubre a una parte de los huérfanos y han pedido que se incluyan los casos de orfandad absoluta, aquellos menores que se quedan sin madre y sin padre, por ejemplo, en un accidente de tráfico.
