CUIDADO CON EL FRAUDE AL SEPE

¿CUÁNDO SE PRODUCE UN COBRO FRAUDULENTO DE AYUDAS POR DESEMPLEO?

Existe un cobro fraudulento de una ayuda por desempleo cuando se solicita sin cumplir los requisitos, pero se simula que se cumplen: ya sea mediante engaño, simulaciones de situaciones que dan derecho a cobrar el paro, documentos falsos, ocultación de datos… Igualmente se produce cuando se ha solicitado la ayuda cumpliendo los requisitos, pero posteriormente se dejan de cumplir y se simulan para continuar cobrando o alargando la ayuda.

 

Algunos ejemplos de este tipo de fraude pueden ser:

  • Ocultar ingresos, por no notificarlos o que sean en dinero “negro”, y que se superen los límites de carencia de rentas de los subsidios o ayudas extraordinarias.
  • No estar realmente desempleado, y trabajar en “negro”, sin estar dado de alta en la Seguridad Social, ya sea por cuenta ajena o como autónomo.
  • Estar cobrando otra prestación ocultando que se está cobrando una pensión u otra prestación incompatible.
  • Aportar datos falsos o documentación falsa en la solicitud para simular cumplir los requisitos.
  • Simulación de contratos para acceder a la situación legal de desempleo, sobre todo después de una baja voluntaria.
  • Simulación de cotizaciones a través de contratos falsos, para conseguir los días cotizados necesarios para pedir el paro o el subsidio por cotización insuficiente.
  • Pactar los despidos con el empresario, lo que suele llamarse “arreglar el paro”.
  • Simular cotizaciones superiores para aumentar la prestación por desempleo. Cotizar por un salario superior al que realmente se recibe, con la intención de tener unas prestaciones mayores.

Estos fraudes pueden implicar una INFRACCIÓN MUY GRAVE que implica la pérdida total de la ayuda, desde el inicio si nunca se tuvo derecho a la ayuda, o desde que no se cumplen los requisitos, con la necesidad de devolución de las cantidades que no se tenían que haber cobrado, y en algunos casos la imposibilidad de pedir futuras ayudas por desempleo durante un año (artículo 47 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social).

 

¿QUIÉN TIENE QUE PROBAR EL FRAUDE?

Debido a estas situaciones de fraude, El SEPE puede denegar las solicitudes de prestaciones o sancionar a quien ya las está recibiendo. Corresponde al SEPE demostrar que este fraude se ha dado, ya que la existencia de fraude no se presume. No es suficiente con que indique que existe fraude o que sospeche que existe, por lo que tendrán que existir pruebas o al menos indicios suficientes.

En muchas ocasiones el SEPE deniega las solicitudes de prestación después de una baja voluntaria en un trabajo indefinido cuando el posterior trabajo temporal dura menos de 3 meses. Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo, establecida que en la Sentencia 746/2003 de 6 de febrero de 2003 ha establecido que esta sucesión de contratos no implica necesariamente un fraude, por lo que se tiene que probar la existencia de este fraude. Se tiene que probar que este segundo contrato se firmó solo para poder acceder a las ayudas por desempleo, o por ejemplo, que el contrato solo se firmó formalmente pero no se llegó a prestar servicios.

El propio SEPE asume, en el caso de los contratos temporales tras una baja voluntaria que “se suele realizar un análisis concreto de cada caso para determinar si hay indicios que permitan establecer de manera fundada la presunción de fraude de ley en la última contratación, por si se pretende acceder a la prestación por desempleo de forma indebida.”

 

EL DELITO POR FRAUDE EN EL COBRO DE AYUDAS POR DESEMPLEO

Hace algunos años se modificó el Código Penal para sancionar aún más los fraudes en los cobros de las prestaciones, incluidas las de desempleo, pudiendo llegar a considerarse un delito. El trabajador, o el empresario, que cobre o facilite cobrar a otros, de forma fraudulenta una prestación de la Seguridad Social o del Servicio de Empleo estará cometiendo un delito, según el artículo 307 . Este fraude se podrá hacer tanto a través de simulaciones, tergiversación u ocultación de hechos. Igualmente está sancionado cuando lo que se persigue es alargar la duración de la prestación.

La pena puede ser de entre 6 meses y 3 años de cárcel, o una multa de seis veces la cantidad recibida, así como no poder pedir otras ayudas durante entre 3 y 6 años. En algunos casos especialmente graves, puede llegarse a 6 años de prisión, y no poder pedir ayudas en 8 años.
Estas penas por el delito son independientes de la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, y el procedimiento penal no paraliza generalmente este tipo de reclamaciones por parte del SEPE.

 

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y sin marcas de agua

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