Sugiere un impuesto a las ‘pensiones de oro’ de más de 90.000 euros brutos anuales
Actualmente la edad legal mínima de jubilación en Italia es de 67 años. Pero existe la posibilidad de jubilarse antes de esa edad mediante el sistema bautizado como “cuota 100”, por la suma que tienen que dar los años de contribución (un mínimo de 35) y la edad del solicitante. El sistema prevé adaptaciones para las generaciones que se encontraban inmediatamente antes del cambio de sistema, que contará con dos años de experimentación (2020-2021) para poder jubilarse al final con 62 años de edad y 38 de contribuciones. Esta “cuota 100” también impone que el titular de dicha pensión solo pueda seguir trabajando ocasionalmente y por un importe bruto no superior a 5.000 euros por año.
En 2020, Italia dispone de un ingreso “mínimo de subsistencia” establecido en 515,07 euros mensuales. Pero el Estado garantiza una pensión mínima de 660 euros, de manera que aquellos con una pensión de jubilación (pensione di vecchiaia) mensual inferior al ingreso mínimo vital ven complementada su pensión (“subsidio mínimo”) hasta llegar a los 660 euros (siempre que hayan comenzado a pagar sus contribuciones antes del 1 de enero de 1996 y que su ingreso personal o el ingreso de su hogar no exceda ciertos límites establecidos anualmente). El pago mensual de las pensiones, con una paga extra en diciembre (13 pagas) es abonado por el Instituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS @INPS_it).
El importe de las pensiones está estrechamente vinculado a la edad de jubilación, y no solo porque se calcula como el acumulado de las cotizaciones realizadas durante toda la vida laboral del trabajador, sino porque a ese montante se le aplica un coeficiente de capital acumulado a renta en función de la edad del solicitante (hasta un 6.378% a los 70 años o más). Para el cálculo de este coeficiente se estima la probabilidad de fallecimiento del solicitante (esperanza de vida de su generación), la probabilidad de dejar cónyuge viudo en caso de fallecimiento y la estimación del número de años que el “potencial” viudo cobraría prestación.
Los empleados bajo el antiguo régimen de pensiones italiano (anterior a 2012), reciben una pensión de entre el 70-80% del salario recibido en los últimos años de trabajo. (el salario medio de los trabajadores en Italia era de 31.600 euros en 2019).
En el caso de la pensión de jubilación anticipada, el subsidio solo se paga por 12 pagas en lugar de 13, y no puede exceder los 1.500 euros brutos por mes.
Para acceder a la jubilación anticipada legal es necesario haber cotizado, antes del 1 de enero de 2019:
- Al menos 42 años y 10 meses, en el caso de los hombres,
- Al menos 41 años y 10 meses, para las mujeres.
El primer pago de la pensión se recibe tres meses después de la adquisición de los derechos.
En el caso de haber estado asegurado por primera vez después de 1 de enero de 1996, si se ha acumulado una cotización profesional de al menos 20 años es posible retirarse a la edad de 64 años, siempre que el importe de la pensión a la que tendría derecho sea un mínimo de 2,8 veces el monto mensual de la asignación basada en la asistencia social (assegno sociale), o 457, 99 euros en 2019.
La OCDE ha sugerido a Italia este lunes, en su estudio económico sobre el país transalpino, que introduzca una “reforma fiscal” que pase por gravar las pensiones más altas y la propiedad. El organismo internacional insta al país a que ponga especial atención a su creciente deuda y la corrija: “Es la tercera más alta de la OCDE”, dicen. En concreto, ronda el 140% del PIB.
El envejecimiento de la población supondrá un gran coste para las arcas italianas y de ahí esta recomendación de volver a gravar las nóminas más altas porque la tendencia, según la OCDE, es que este fenómeno demográfico aúpe la deuda italiana 4,5 puntos porcentuales entre 2023 y 2040. De ahí la necesidad de “implementar reformas fiscales y de gasto para reconducir la deuda por la senda de la prudencia y se vaya reduciendo de manera duradera durante 2025”.
Los expertos de la OCDE insisten: “Italia debe tener como prioridad absoluta garantizar la consolidación de sus cuentas públicas con ajustes durante varios años. Al mismo tiempo, deben contener el gasto salvaguardando, al mismo tiempo, las inversiones públicas para minimizar los efectos negativos sobre el crecimiento económico”.
En líneas generales, la economía italiana tuvo un comportamiento bastante resiliente durante esta época de continuas crisis. “Pero se está desacelerando”, advierten. Las estimaciones definitivas de crecimiento del PIB para 2023, a la espera de revisión, están en el 0,7%. Misma estimación que hace el consenso de Bloomberg.
Para este año y el que viene las previsiones “son limitadas”. La OCDE estima que el PIB se estanque y vuelva a ser un 0,7%, mientras que en 2025 estiman un pequeño repunte hasta el 1,2%. Mantienen así la previsión de noviembre de 2023.
El principal factor por el cual la economía italiana se está estancando es “debido al endurecimiento de las condiciones financieras”. Al mismo tiempo, la ralentización de Alemania está contagiando también a Italia, dos economías muy interdependientes por la relación industrial que mantienen.
Se calcula que las pensiones ‘de oro’ italianas se llevan aproximadamente 17.000 millones al año según los datos oficiales. Pero, en general, las jubilaciones se llevan gran parte del gasto público total. Al mismo tiempo, a corto plazo podría solucionarse haciendo una supresión progresiva de los planes de jubilación anticipada.
En el largo plazo, hablan de ir suprimiendo la desindexación de las pensiones y sustituirlas por un impuesto sobre las pensiones más elevadas y que no esté relacionado con las cotizaciones anteriores de los pensionistas. “Esta contribución solidaria podría mantenerse hasta que los ingresos relativos de los pensionistas se alineen con la media de la OCDE”.
Esto ya lo intentó Berlusconi en su momento, creando, precisamente, la “contribución solidaria”. Esto era un gravamen sobre las pensiones que superaban los 90.000 euros anuales hasta el 31 de diciembre de 2014. El gravamen iba desde el 5% hasta los 150.000 euros y se incrementaba al 10% para pensiones entre 150.000 y 200.000 euros. Una vez superaban estas cantidades, el gravamen ascendía al 15%.
El objetivo era que lo recaudado con estos impuestos se viera reflejado en los pensionistas que cobraban menos. Pero la “contribución solidaria” fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de Italia en 2013 por considerarlo “injusto y discriminatorio”.
En 2014 se volvió a intentar con algunas modificaciones y en el año 2016 volvió a recibir la negativa del Constitucional.
Fuente: El Economista https://www.eleconomista.es/economia/amp/12635564/la-ocde-pide-a-italia-que-los-pensionistas-que-mas-cobran-paguen-las-pensiones-mas-bajas#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=17060028133409&csi=0&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
