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CONFLICTOS INTERNOS EN EL GOBIERNO: LAS PENSIONES Y OTROS “ASUNTILLOS”

La polémica con la reforma de pensiones (“el affaire Escrivá”) va a traer cola. Es, probablemente, la principal discusión que ha vivido el Gobierno en los últimos meses. Recortar las pensiones (vía aumentar en número de años para su cálculo) estaba en la “ficha” inicial que el Gobierno iba a remitir a Bruselas para poder tener acceso a los Fondos de Recuperación (el “maná” tan esperado y ya gastado en parte según los PGE 2021). Unidas Podemos se opuso y Escrivá tuvo que difuminar el primer documento enviado a Bruselas. El tono airado del ministro de Seguridad Social (que considera «una narrativa de confrontación» de los socios de Gobierno), no augura que las otras negociaciones en marcha vayan a ser un camino de rosas. Lo asumen tanto en el PSOE como en Unidas Podemos.

Los morados “parece” que han ganado en primera instancia al conseguir que la medida planteada por Escrivá desapareciera, pero desde el área económica del Gobierno ya advierten que queda camino por recorrer en la negociación con Bruselas. «El Plan de Inversiones y Reformas lo tiene que aprobar la Comisión Europea y sin aprobación no hay plan y no habrá fondos«, indican fuentes del Ejecutivo.

Bruselas ya ha advertido esta semana de que los gobiernos tienen que ser más precisos sobre cómo cumplirán con las recomendaciones económicas que les hizo los últimos años y sobre el calendario de las medidas que prevén implementar. Para España las directrices de los dos últimos años piden, además de combatir la pandemia, preservar la sostenibilidad del sistema de pensionesmejorar los sistemas de apoyo al empleo, de ayudas a las familias y los regímenes autonómicos de renta mínima, invertir en innovación y eficiencia energética, mejorar la coordinación entre administraciones o aplicar la ley de unidad de mercado, entre otras. Con el fondo de recuperación, Bruselas tiene por primera vez una herramienta, en forma de miles de millones de euros, para hacer cumplir unas recomendaciones que los países tienden a postergar.

De cumplir con lo pactado dependerá el desembolso de los 69.528 millones de euros en transferencias a fondo perdido que le corresponden a España, que también podrá solicitar cerca de 85.000 millones en préstamos. Aunque ahora hay consenso en gastar lo que haga falta y el control del déficit y la deuda están suspendidos, las recomendaciones llaman a la sostenibilidad fiscal a medio plazo y ahí la única duda real de solvencia en España tiene que ver con las pensiones. Mientras no se reactiven las normas fiscales, el «esfuerzo» que pedirá Bruselas será en materia laboral y de pensiones puesto que el resto sería relativamente fácil de cumplir.

En el ámbito interno del Gobierno de coalición hay varias leyes en cartera que son importantes y que producen tensiones internas:

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