Tras constatar que la recuperación va a ser lenta en muchos sectores, el Gobierno y los agentes sociales llevan ya semanas hablando sobre posibles soluciones para los ERTEs por fuerza mayor vinculados al estado de alarma una vez finalice éste. Desde el inicio de la aplicación de los ERTE se señaló la rigidez que preveía el Real Decreto-ley 8/2020 pues en su disposición adicional primera, se indica que los ERTE no podrán extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del Covid-19.
Trabajo se enroca en prohibir los despidos hasta diciembre
En principio el Ejecutivo no está dispuesto a prorrogar los ERTEs más allá del mes de junio, una fecha “precipitada” para los empresarios, que insisten en que muchas empresas tardarán meses en recuperarse, sobre todo las de los sectores más afectados como el turismo en todas sus vertientes (hostelería, restauración, comercio…). La patronal sostiene que para evitar quiebras resulta necesario que la Seguridad Social siga subvencionando los ERTE hasta finales de año.
La principal cuestión que preocupa al Gobierno es la millonaria factura que suponen estos expedientes para la Seguridad Social, que está asumiendo el 100% de las cotizaciones en el caso de las empresas de menos de 50 trabajadores que se han acogido a ERTE por fuerza mayor y el 75% en el de las más grandes, y ello sumado a las prestaciones de desempleo que conllevan los ERTEs, de mantenerse en el tiempo pondría en serio riesgo la sostenibilidad financiera del sistema.
El Gobierno quiere imponer la prohibición tácita de los despidos más allá de lo que dure el estado de alarma hasta el 31 de diciembre, y se niega a admitir la demanda de la CEOE de eliminar la cláusula de ‘salvaguarda del empleo‘, que obliga a las compañías que hagan ajustes temporales a mantener la plantilla durante los 6 meses posteriores a la finalización del ERTE, lo que les situaría en diciembre con ese planteamiento del Gobierno de mantener los ERTEs hasta junio
CEOE: Los ERTEs tienen fecha de caducidad.
Los empresarios están en pie de guerra y se niegan a firmar la propuesta del Ejecutivo, primero porque consideran insuficiente la prolongación de los ERTE por fuerza mayor en las condiciones actuales (incluida la exoneración de las cotizaciones sociales) solo hasta el mes de junio. Y después, porque creen que las estrictas imposiciones respecto al mantenimiento de las plantillas no harán más que asfixiar a las empresas y muchas se verán abocadas a la quiebra.
El Comité Ejecutivo de la CEOE ha rechazado la posibilidad de que se prohíban los despidos hasta diciembre y el mantenimiento del empleo durante seis meses para las empresas que hayan presentado un ERTE derivado de la crisis del Covid-19. Además, cree que dicha cláusula de salvaguarda tampoco servirá para poder superar de manera progresiva la actual situación de “parálisis” que se mantiene en muchos sectores y empresas hasta la plena recuperación de su actividad. El Comité Ejecutivo ha manifestado su voluntad de seguir negociando para alcanzar acuerdos, ya que los ERTEs se tratan, “junto con las líneas de liquidez”, de las principales medidas de acompañamiento a las empresas y las personas trabajadoras en la actual crisis del coronavirus.
El 30% de los afectados por un ERTE no recuperará su empleo
La AIReF calcula que un 30% de los afectados por ERTE no recuperará su puesto de trabajo. Si según las cifras del Gobierno en estos momentos hay 3,4 millones de trabajadores inmersos en un ERTE, ello significa que algo más de un millón de estas personas terminará perdiendo su empleo. Según la AIReF, hay un grupo de industrias para los que el impacto del estado de alarma se calcula entre un 80% y un 100% de su valor añadido bruto, como, por ejemplo, las actividades inmobiliarias, la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, la hostelería, las actividades de agencias de viajes, el transporte de aéreo, el almacenamiento y las actividades anexas al transporte o la construcción.
Una de las discrepancias que muestra la AIReF con el Gobierno reside en la dinámica del comportamiento del empleo, pues si bien ambos estiman en un 9,7% la destrucción prevista para 2020, discrepan en el ritmo de la recuperación en el año 2021, que el Gobierno calcula en 5,7% y que la AIReF limita a un 2,6%.
De todas maneras, la AIReF contempla que si se produce una segunda oleada de la enfermedad y se decreta otro mes de confinamiento, la destrucción de empleo medido en puestos de trabajo a tiempo completo sería de un 12,9% este año, para rebotar un 3,1% el ejercicio siguiente.
