CATALUÑA FUE LA REGIÓN CON MÁS DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MIENTRAS QUE MADRID LOGRÓ EL MAYOR SUPERÁVIT

La deuda de la Seguridad Social sigue moviéndose en niveles récord. Los pasivos del calamitoso sistema de pensiones cerraron el pasado mes de enero en los 116.172 millones de euros, un millón menos que los 116.173 millones del pasado mes de diciembre, la cifra más alta de la historia.

 

Si comparamos la cifra actual con los 55.024 millones de 2019, el primer ejercicio completo de Sánchez en el Gobierno, vemos que la deuda de la Seguridad Social se ha más que duplicado bajo su mandato. Estamos ante una herencia envenenada que tendrá graves consecuencias en el futuro. Y es que, los políticos tendrán que seguir subiendo impuestos o hacer recortes para poner mantener el sistema.

 

La publicación de la balanza fiscal por parte del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), think tank dependiente del ministerio de Hacienda, recoge el reparto de ingresos por cotizaciones y gasto en diferentes prestaciones de la Administración de la Seguridad Social. El balance negativo de la caja única que abona las pensiones y otras prestaciones superaba los 27.600 millones en 2021. Por autonomías, son tres los territorios que aglutinan una buena carga: Andalucía (4.145 millones de déficit), Cataluña (4.370 millones, también la región con más pensionistas, 1,55 millones) y País Vasco (3.568 millones). Juntas representan más del 40% de los ‘números rojos’ de la Seguridad Social. No obstante, este desajuste se reparte entre todos los territorios por la definición de caja única.

 

Así, Cataluña fue la comunidad autónoma que acumuló un mayor déficit en las pensiones de la Seguridad Social en el año 2021, con un saldo negativo de hasta 4.370,8 millones de euros, mientras que la Comunidad de Madrid tuvo un superávit de 1.535,8 millones y fue la región que más aportó a la ‘caja única’, según los primeros datos para elaborar las balanzas fiscales que ha publicado el Ministerio de Hacienda tras el acuerdo con Junts.

 

En concreto, el Ministerio de Hacienda ha dado a conocer los datos territorializados de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social, desglosados por el tipo de pensiones. Estas cifras arrojan que Cataluña gastó 27.085,6 millones de euros en pagar las pensiones, mientras que ingresó 22.714,7 euros por este concepto, acumulando un déficit de 4.370,8 millones de euros.

 

En el caso contrario se sitúa la Comunidad de Madrid, que ingresó un total de 22.543,2 millones de euros por este concepto y gastó 21.007,4 millones de euros en pagar las pensiones durante el año 2021, generando un superávit de 1.535,8 millones de euros, la comunidad que más aporta a esta ‘caja común’.

 

La Comunidad de Madrid y Baleares (165,4 millones) son las únicas regiones, junto a Ceuta (14,6 millones) y Melilla (22,9 millones), que tienen superávit en las pensiones de la Seguridad Social en el año 2021, según estos datos sobre las cantidades de ingresos y gastos en pensiones por comunidades autónomas.

 

Después de Cataluña va Andalucía

Cabe recordar que en la actualidad, el modelo de pensiones en España se trata de un reparto en el que los cotizantes pagan el subsidio de los jubilados a través de la caja única, independientemente de la región en la que vivan.

 

En este contexto, después de Cataluña, la segunda comunidad autónoma que acumula un mayor déficit en las pensiones de la Seguridad Social en el ejercicio 2021 es Andalucía, con un saldo negativo de 4.145,5 millones de euros entre los gastos y los ingresos por este concepto.

 

Reforma cosmética para el País Vasco, en mitad del debate sobre el traspaso

Y en tercer lugar se sitúa el País Vasco, ya que tuvo en 2021 un déficit de 3.568,5 millones de euros en las pensiones de la Seguridad Social. En concreto, ingresó un total de 7.103 millones, mientras que pagó hasta 10.671,6 millones de euros.

 

El acuerdo entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez se compromete a la transferencia de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco en un plazo máximo de dos años, lo que ha vuelto a sacar a la luz el debate sobre el déficit contributivo de las comunidades autónomas de la Seguridad Social.

 

Eso sí, este traspaso a Euskadi no comprometerá la caja única de la Seguridad Social y las pensiones de los ciudadanos vascos se seguirán pagando con este modelo de solidairdad entre las diferentes comunidades autónomas.

 

Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cree que el sistema de caja única favorece a los nacionalistas vascos dado el fuerte déficit que el subsistema contributivo de la Seguridad Social presenta en el País Vasco.

 

La sucesora de Escrivá, la socialista Elma Saiz, seguirá los pasos de su antecesor. Eso sí, uno de los retos de Saiz será la transferencia de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco en el plazo máximo de dos años. A condición de ser investido presidente del Gobierno de nuevo, Sánchez pactó con el PNV regalarle al País Vasco la gestión del régimen de la Seguridad Social.

 

Aunque la fórmula de este acuerdo está todavía por determinar, lo que está claro es que será el Estado el que va a seguir soportando las pensiones de los ciudadanos vascos gracias a los impuestos y a las cotizaciones de todos los trabajadores del país. Es decir, el cambio será meramente cosmético porque no se romperá la famosa “caja única”. La razón no puede ser más definitiva: el País Vasco no podría pagarlo.

 

Así lo confirmó la semana pasada el propio Ministerio de Hacienda con la publicación de “la primera fase de datos para calcular las cuentas territorializadas de las Comunidades Autónomas de régimen común” elaborada por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF). El resultado obtenido no beneficia, precisamente, a Cataluña ni al discurso independentista en esa región ni en el País Vasco.

 

El resto de comunidades

La cuarta comunidad con un mayor déficit en 2021 en las pensiones fue Castilla y León, hasta los 3.430,6 millones de euros. Y es que ingresó 5.298,2 millones de euros, mientras que gastó un total de 8.728,9 millones de euros.

 

Le sigue Galicia, con un déficit de 3.393,1 millones, ya que ingresó 5.937,9 millones y gastó 9.331 millones. Por su parte, la sexta comunidad con un mayor saldo negativo fue Asturias, de hasta 2.878,4 millones de euros –ingresó 2.333,3 millones y gastó 5.211,8 millones–.

La siguiente en la lista con mayor déficit es la Comunidad de Valenciana (-2.296,4 millones) y le siguen Aragón (-1.243,6 millones); Cantabria (-918,5 millones de euros); Castilla-La Mancha (-892,4 millones); Extremadura (-710,6 millones); Navarra (-419,5 millones); Canarias (-315,4 millones); La Rioja (-255,3 millones) y Murcia (-111,7 millones).

 

En definitiva, las pensiones son autosuficientes en la actualidad en contados puntos de la demografía española: Madrid (1.535 millones de superávit), las Islas Baleares (165 millones) y las ciudades autonómicas de Ceuta (23 millones) y Melilla (15 millones) registran un modesto superávit en su comparativa de ingresos y gastos totales, según los datos recogidos en la balanza fiscal.

 

A la vista de los datos, se observa como las pensiones no son autosuficientes en prácticamente ningún punto del territorio. No es una novedad, ya que la Seguridad Social arrastra un déficit permanente desde comienzos de la pasada década, en 2012.

 

El principio de ‘caja única’

Esto no significa que las CCAA afronten estos ‘números rojos’ con sus cuentas, ya que es la caja única de la Seguridad Social la que reparte este esfuerzo (y también los beneficios) a nivel estatal bajo el principio de solidaridad entre territorios en términos presupuestarios. Por ejemplo, la aspiración vasca de gestionar y abonar sus pensiones, con la transferencia de la Seguridad Social que reclaman desde hace décadas y ahora retoma fuerza, les saldría a deber.

 

En cambio, este déficit de la Seguridad Social recientemente se ha transformado contablemente. La legislación impuso un cálculo diferenciado de los gastos impropios y propios. Los impropios son aquellos que no debería asumir el sistema y que se pagan con transferencias del Estado a la Seguridad Social. Y los desembolsos contributivos, como los son aquellas pensiones de jubilación cuando se cumplen los requisitos mínimos, son las obligaciones que se abonan con los derechos reconocidos por cotizaciones sociales del trabajo (en concreto, el apartado de contingencias comunes).

 

Este principio de separación de fuentes de financiación, no obstante, deja claroscuros una vez aterrizado su análisis. El peso de las transferencias del Estado sobre los ingresos totales de la Seguridad Social es del 23%: esto significa que uno de cada cuatro euros de los ingresos de los que dispone la Seguridad Social ya viene de los impuestos y no de cotizaciones sociales.

 

Llegados a este punto, el saldo contributivo por cotizante, definido como el déficit repartido entre el número de afiliados, ronda actualmente los 1.272 euros, según El Pensiómetro del Instituto Santalucía. El mismo cálculo repartido entre los pensionistas es de 2.863 euros. Este dato se ha deteriorado desde que la caja de las pensiones pasara de gastar más de lo que ingresaba en el tercer trimestre de 2012.

 

Y por un sistema que gasta más de lo que ingresa se genera una bola de nieve de deuda: necesita financiarse para conseguir hacer frente a sus obligaciones. La Seguridad Social ha duplicado su deuda pública en los últimos cuatro ejercicios. Según apuntan los datos más recientes del Banco de España, esta Administración ha pasado de un pasivo de 55.000 millones en 2020 a superar los 116.000 millones a cierre del pasado 2023.

 

El problema de insostenibilidad es tal, que la Comunidad de Madrid y Baleares (165,4 millones) son las únicas regiones, junto a Ceuta (14,6 millones) y Melilla (22,9 millones), que tienen superávit en las pensiones. Esta clasificación coincide con  otros cálculos de otros servicios de estudios y pone de manifiesto, una vez más, el elevado nivel de solidaridad de Madrid con el sistema autonómico

 

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