(CASI) TODO SOBRE LA REBAJA DE LA JORNADA LABORAL: QUIENES LA NEGOCIARAN, CUÁNTO COSTARÁ, CÓMO SE APLICARÁ,…

  1. ¿Pero es verdad que trabajamos tanto en España?
  2. El debate para reducir la jornada y endurecer el control horario arranca con dos mesas paralelas de negociación
  3. Patronal y sindicatos dan portazo al Gobierno y negociarán la reducción de jornada por su cuenta
  4. Trabajo acepta que sindicatos y CEOE negocien la reducción de jornada en paralelo a la mesa tripartita
  5. La rebaja de la jornada laboral costará 28.400 millones a las empresas
  6. ¿Cómo poder reducir la jornada?: 5 fórmulas que ya se aplican
  7. Control horario de la jornada: la asignatura pendiente del gobierno. Un coladero para el fraude con consecuencias graves
  8. Yolanda Díaz elevará las multas a las empresas por encima de los 10.000 euros por incumplir el registro horario
  9. Sin aumentos de la productividad no es posible la reducción de la jornada laboral

 

 

1.- ¿PERO ES VERDAD QUE TRABAJAMOS TANTO EN ESPAÑA?

Podríamos decir que la medida estrella de Yolanda Díaz durante esta legislatura consiste en forzar a las empresas a reducir la jornada de su plantilla. Eso sí, pagándoles lo mismo. Al menos, es la idea a la que más publicidad está dando. Lo que pretende la fundadora de Sumar es cambiar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para que ya este año la ley impida trabajar más de 38,5 horas a la semana y que, en 2025, ese tope se reduzca a 37,5 horas en lugar de las 40 actuales. Así lo ha pactado con Pedro Sánchez.

Los empresarios ya han puesto el grito en el cielo porque la medida supondrá un aumento “encubierto” de sus costes. Mientras tanto, la ministra de Trabajo defiende que su idea mejorará “la compatibilidad del tiempo de trabajo” de los ciudadanos con “el resto de los usos del tiempo”. Díaz ha creado el concepto de “usos del tiempo” para referirse a cuestiones tan personales como “el reparto equilibrado de las tareas de cuidados, la formación, el ocio o la participación social”.

La responsable del departamento de Trabajo viene insistiendo en que “hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar”, por eso también ha pactado con el PSOE “seguir avanzando en la disminución de la jornada legal”. La intención última de Sumar es convertir la jornada laboral máxima en 32 horas semanales (esto sería la semana de 4 días). Según Díaz, reducir las horas de trabajo pagando el mismo sueldo al empleado “mejora su productividad”, un argumento que no ha podido sostener con ningún dato. De hecho, es precisamente el aumento de la productividad lo que consigue reducir las horas de trabajo en las empresas (y sin imposición estatal) .

Pero, tal y como afirma la ministra, ¿es verdad que los españoles trabajan tanto que no tienen tiempo libre para vivir?¿cuántos empleados en España trabajan realmente 40 horas o más? Son cuestiones que tienen respuestas con muchos matices.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, sólo en la Encuesta de Población Activa (EPA) hay numerosas variables para medir las horas trabajadas a la semana en el empleo principal: horas efectivas, horas habituales, horas extraordinarias, horas pactadas… Hasta ahora, el término “horas efectivas” de trabajo era el mas usado, sobre todo, teniendo en cuenta el largo periodo de tiempo que ha tardado España en recuperar las horas de trabajo perdidas tras la pandemia y el gran número de publicaciones que se han llevado a cabo al respecto.

Si tenemos en cuenta la EPA del último trimestre del año, que publicó el INE el pasado viernes, el resultado es revelador. El número medio de horas efectivas semanales trabajadas en el sector privado fue de 30,9 horas (en el cuarto trimestre de 2018 era de 32,9 horas y hace una década de 33,5 horas), una cifra que está muy lejos de las 40 horas que contempla el estatuto de los Trabajadores y de las que pretende salvar Díaz a los ciudadanos.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la categoría de horas efectivas incluye “los cortos períodos de descanso en el centro de trabajo, incluidas las pausas para el bocadillo inferiores a una hora”, pero no incluye “las vacaciones, días festivos, ausencias por enfermedad y otros motivos pagados”. Es decir, podríamos considerar que el término hora de trabajo efectiva es el que más se asemeja al significado de “trabajar”, aunque no incluya todos esos derechos o beneficios que obtiene cualquier empleado que firma un convenio de 40 horas semanales.

Otro resultado interesante son las horas efectivas trabajadas por los autónomos, que por supuesto, se quedarán fuera del plan de reducción de jornada de Yolanda Díaz. Los trabajadores por cuenta propia cerraron el año trabajando una media de 38,6 horas semanales, menos que las 41,4 horas semanales de hace 10 años. De nuevo, en estas 38,6 horas no están incluidos sus días de descanso o si se ponen enfermos.

¿Y es bueno que los autónomos trabajen más horas o es malo? Pues habría que compararlo con sus ingresos porque el resultado anterior podría tener dos explicaciones completamente diferentes: o bien trabajan menos porque son más productivos en su actividad o bien trabajan menos porque su negocio ha disminuido.

El caso de las horas que trabajan los empleadores también es muy significativo dentro de esta particular radiografía del mercado laboral. Como era de esperar, son los dueños de las empresas los que más horas dedican a trabajar y no sus (para algunos) “explotados” trabajadores. En este caso, 41,6 horas de media. De esta realidad no quiere oír ni hablar Yolanda Díaz.

La lacra del absentismo: Según datos estimados por el Ministerio de Trabajo “a partir de la estadística de convenios colectivos”, 12 millones de trabajadores se beneficiarán de la reducción forzosa de la jornada a 37,5 horas y media. Otros estudios, como el último de BBVA Research, reducen esta cuantía a 8 millones de personas, el 53,6% del total.

Para llegar a esa cifra, el servicio de estudios de BBVA ha cogido los datos de la EPA de los asalariados que “han trabajado en la semana de referencia y conocen tanto su jornada efectiva como pactada”. Es decir, no han tenido en cuenta, por ejemplo, las horas de trabajo que no se realizan por las vacaciones. Bien es cierto que si una persona está de vacaciones, la empresa le sigue pagando, por lo que desde el banco calculan que el plan de Díaz supondrá un aumento de los costes laborales para las empresas que “restaría en torno a 6 décimas al crecimiento medio anual del PIB durante el próximo bienio y 8 décimas al del empleo”.

Otro aspecto que podría estar relacionado con la caída de las horas efectivas de trabajo es el absentismo laboral, un fenómeno al alza en España y que lastra sobremanera la productividad. Según los últimos datos de Randstad Research, en el tercer trimestre del año, un total de 1,27 millones de personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario, de las cuales un total de 995.626 se encontraban de baja médica, el doble que hace 10 años. “La comparativa con los resultados obtenidos hace un año dibuja un escenario más preocupante al registrar crecimientos superiores al 10% tanto de la personas que se ausentaron de su puesto de trabajo en general como las que lo hicieron por baja médica” señala el documento. Con estos resultados cabe volver a preguntarse, ¿realmente trabajamos tanto?

2.- EL DEBATE PARA REDUCIR LA JORNADA Y ENDURECER EL CONTROL HORARIO ARRANCA CON DOS MESAS PARALELAS DE NEGOCIACIÓN

Los sindicatos y empresarios intentarán avanzar en cómo aplicar la reducción horaria por sectores; en Trabajo quieren aumentar las sanciones por incumplir el control diario de la jornada

Comienza la negociación de la medida estrella del Ministerio de Trabajo para esta legislatura: la reducción de la jornada de trabajo sin merma salarial. La mesa de diálogo social entre el equipo que dirige Yolanda Díaz con los sindicatos y las patronales mayoritarias se ha abierto este jueves, con una larga reunión de casi cuatro horas, de la que han salido dos mesas de negociación paralelas: una bipartita, solo de sindicatos y empresarios, y otra tripartida, con los agentes sociales y Trabajo.

Así lo han explicado al término del encuentro los representantes sindicales, Maricruz Vicente (CCOO) y Fernando Luján (UGT), que han afirmado que la iniciativa de esta mesa a dos bandas ha partido de los agentes sociales, sindicatos y empresarios, para intentar avanzar en “el cómo” de la reducción horaria. Es decir, en concretar, según sectores de actividad y tipos de empresas, cómo se va aplicar esta merma de las jornadas sin reducción del salario.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha agradecido la “voluntad” de los sindicatos y los empresarios de negociar y ha normalizado que los agentes sociales quieran discutir “en paralelo” en una mesa conjunta sin el Gobierno, como se hace de manera informal en muchas reformas. La meta sigue siendo la contemplada en el acuerdo de gobierno, “la jornada de 37 horas y media en 2025” que alcanzará a unos “12 millones de personas”, ha destacado el ‘número dos’ de Yolanda Díaz.

La opción de negociación bipartita, que los empresarios han defendido este jueves, puede resultar más cómoda para un acuerdo con las patronales, que en el inicio de este mandato han marcado un perfil más duro con el Gobierno y, en concreto, el Ministerio de Trabajo.

El acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar contempla reducir la jornada máxima de trabajo desde las 40 horas semanales actuales a las 37 horas y media en 2025 sin merma salarial. Pero, con un paso intermedio, que este jueves no ha resonado demasiado, que en este 2024 la jornada se recorte hasta las 38 horas y media.

Reforzar el control horario y endurecer las sanciones. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también pretende reforzar el control obligatorio de la jornada laboral diaria, que en Trabajo argumentan que debe mejorar su “eficacia” para evitar los incumplimientos en multitud de empresas.

El secretario de Estado de Trabajo ha mencionado dos aspectos sobre este cambio legal. Primero, se pretende hacer más “eficaz” el propio registro, reforzando su legislación para que realmente dé cuenta de las horas efectivas de trabajo diarias de las plantillas. Y, segundo, Trabajo también pretende aumentar las sanciones en caso de fraude, ya que Joaquín Pérez Rey ha sostenido que “no son suficientemente disuasorias” en la actualidad.

En este momento, los incumplimientos en materia de “jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo” son consideradas infracciones graves por la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). Estas conllevan sanciones de entre 751 a 7.500 euros, independientemente del número de trabajadores afectados o de los grande que sea la empresa.

El pacto de coalición incluye respecto al control horario el recuerdo de “los instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para asegurar el cumplimiento de las normas en todas las empresas”, con el foco en la inteligencia artificial y la tecnología algorítmica para garantizar “el control efectivo del tiempo de trabajo”.

Más allá del marco del pacto de gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado su voluntad de alcanzar un acuerdo tripartito en el diálogo social en esta materia y después político en el Congreso. Eso sí, si no es posible un acuerdo social a tres bandas, que incluya a los empresarios, la responsable de Trabajo ha advertido de que buscará un acuerdo bipartito (con CCOO y UGT), como ocurrió con el salario mínimo.

3.- PATRONAL Y SINDICATOS DAN PORTAZO AL GOBIERNO Y NEGOCIARÁN LA REDUCCIÓN DE JORNADA POR SU CUENTA

Deciden evaluar en el diálogo bipartito el impacto que podría tener por sectores y tipos de empresas y cómo se puede articular esa bajada

La patronal y los sindicatos han trasladado al Gobierno en la primera reunión convocada para abordar la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas que prefieren avanzar en la negociación por su cuenta, en un diálogo bipartito en el que no intervendrá el Ejecutivo.

Así lo ha confirmado el propio secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey, al término de la reunión, al admitir que los agentes sociales les habían “pedido analizar de forma bipartita el impacto que puede tener por sectores y el impacto que puede tener en las pequeñas y medianas empresas”, aunque ha asegurado que “el Gobierno va a caminar de manera paralela a la interlocución de los agentes sociales” y ha recalcado que “el objetivo del programa de coalición es nítido: llegar a 37,5 horas en 2025”.

“El Gobierno les va a ir convocando en unas semanas para ver cómo van avanzando”, ha asegurado, y ha querido defender su papel en la negociación: “Es un poco forzado decir que se intercambia el diálogo tripartito por el bipartito. Obviamente van a hablar entre ellos y nosotros también hablaremos con unos y otros de forma bipartita, pero será la mesa de diálogo social la que tome las decisiones definitivas porque, como ha dicho la vicepresidenta segunda, esta va a ser la legislatura de la reducción del tiempo de trabajo”.

Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT, ha explicado que “lo que se va a analizar en el diálogo bipartito es cómo se aplica, la efectiva reducción de la jornada. Eso es lo que vamos a intentar discutir en el ámbito bipartito, porque tenemos posibilidades de que esto, con el concierto de las patronales, se haga de forma más sencilla”. Ha dado a entender de esta manera que el acuerdo sería más probable si no interviene el Ejecutivo en la negociación, pero no ha querido que se interprete la decisión como un rechazo al Gobierno: “No es que hayamos suspendido la mesa que acabamos de empezar, simplemente en el ámbito bipartito veremos cómo podemos transitar de una legislación a otra de la mejor manera posible”.

“Estamos hablando de la reducción de la jornada de trabajo, es un tema que el propio Estatuto de los Trabajadores deriva al ámbito social bipartito, a la voluntad de las partes. No renunciamos en ningún caso al diálogo social tripartito, pero nos hemos dado un margen de tiempo para abrir un diálogo en el ámbito bipartito entre empresarios y sindicatos para ver si podemos acercar posturas cuanto antes en esta materia. El Gobierno de manera paralela nos irá citando para ver cómo avanza ese proceso de negociación y si encaja con su voluntad”, ha confirmado Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO.

Ha precisado, no obstante, que las conversaciones con la patronal no pueden prolongarse sine die porque es un asunto que requiere cierta celeridad y debe entrar en vigor cuanto antes.

La decisión de patronal y sindicatos de negociar al margen del Gobierno se produce después de que CEOE y Cepyme hayan criticado en numerosas ocasiones en el último año cierto “intervencionismo” por parte del Ejecutivo en materias que debían decidirse en el diálogo social, y después también de que Unai Sordo, secretario general de CCOO, denunciara hace unas semanas que el Gobierno estaba acostumbrándose a utilizar al diálogo social para consultarle sin darle opción a opinar sobre las propuestas, como ocurrió con la reforma del subsidio por desempleo que finalmente no vio la luz.

En la reunión de hoy han querido marcar distancias con el Ministerio de Yolanda Díaz y ser ellos los que negocien sobre un cambio normativo que, según el Ministerio, afectará a unos 12 millones de trabajadores y a multitud de empresas que verán incrementado sus costes laborales por el incremento del salario por hora trabajada.

El Gobierno ha dejado claro en la reunión que la reducción de la jornada, pactada en el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar, verá la luz y que irá acompañada de una reforma del sistema de registro horario, que quieren endurecer para asegurarse de que todos los trabajadores quedan blindados y de que las jornadas laborales se cumplen.

4.- TRABAJO ACEPTA QUE SINDICATOS Y CEOE NEGOCIEN LA REDUCCIÓN DE JORNADA EN PARALELO A LA MESA TRIPARTITA

El Gobierno quiere “endurecer” las sanciones de la LISOS para disuadir a las empresas de incumplir la legislación sobre tiempo de trabajo

El Ministerio de Trabajo ha aceptado la demanda que sindicatos y empresarios le han realizado en la primera reunión de la mesa de diálogo social que aborda la reducción de jornada laboral de trabajar de manera bipartita en esta materia, a la vez que se mantienen en paralelo las negociaciones de ambas partes con el Gobierno.

“El Gobierno acepta este diálogo bipartito y lo estimula. Vamos a solicitarles que avancen en este diálogo bipartito, pero, naturalmente, el Gobierno caminará de manera paralela a los interlocutores sociales, convocándoles en las próximas semanas para ver cuáles son los avances de ese diálogo bipartito y cómo vamos avanzando en esta línea de alcanzar en 2025 el objetivo del programa de coalición, que es alcanzar las 37,5 horas en 2025”, ha señalado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Tras concluir la reunión con los negociadores de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme que da inicio a los trabajos para la reducción de la jornada laboral en España, un hecho que Pérez Rey ha calificado de “histórico” tras cuatro décadas manteniendo la jornada semanal de 40 horas, el secretario de Estado ha subrayado que este primer encuentro se ha desarrollado en un clima “absolutamente constructivo”.

En este encuentro, ha subrayado, el Gobierno ha dejado claro cuáles son sus “objetivos finales” en esta negociación: mejorar la eficacia del registro horario y rebajar la jornada laboral semanal a las 37,5 horas semanales para 2025, tal y como está recogido en el programa de gobierno de PSOE y Sumar.

“Nuestros objetivos son que el registro horario sea un instrumento eficaz que permita a la Inspección de Trabajo actuar de manera contundente y práctica en aquellos sectores donde se producen incumplimientos y alcanzar esa reducción de la jornada a 37,5 horas en 2025. El camino que tenemos que recorrer conjuntamente para alcanzar esos objetivos es precisamente el trabajo que va a hacer la mesa de diálogo social y el que va a hacer también ese diálogo bipartito”, ha asegurado Pérez Rey.

En la misma línea, los negociadores de CCOO y UGT, Mari Cruz Vicente y Fernando Luján, respectivamente, han señalado tras la reunión que no renunciar al diálogo bipartito con las patronales no implica que la mesa de negociación con el Gobierno no vaya a seguir adelante, y siempre, en todo caso, con el objetivo “irrenunciable” de reducir la jornada laboral semanal.

Así, el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, ha señalado que, con los objetivos “claros e inamovibles” de ir primero, en 2024, a las 38,5 horas semanales de jornada y después, en 2025, hasta las 37,5 horas, los sindicatos quieren discutir en el ámbito bipartito, es decir, sólo con los empresarios, cómo se aplica y cómo se produce esa efectiva transición desde las 40 horas semanales a las 37,5 horas.

Los representantes sindicales han indicado que de esta manera, si se consigue el acuerdo con las patronales, será “más sencillo” aplicar la reducción de jornada. “Pero esto no significa que se vaya a suspender la mesa con el Gobierno. Simplemente vamos a ver en el ámbito bipartito cómo podemos transitar de una legislación a otra de la mejor manera posible. Si llegamos a acuerdos, perfecto, pero si no, la reducción del tiempo de trabajo no está en cuestión”, ha aclarado Luján.

En la misma línea, la secretaria de Empleo y Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha indicado que se han dado “un margen de tiempo” para abrir un diálogo en el ámbito bipartito entre empresarios y sindicatos con el objetivo de tratar de acercar posturas “cuanto antes” sobre esta materia y que el Gobierno, de forma paralela, vaya conociendo cómo va ese proceso de negociación en las reuniones tripartitas y si “encaja” con sus objetivos. “Esperamos que ese diálogo pueda dar sus frutos, pero no queremos que el diálogo bipartito sea sine die”, ha añadido Vicente.

Desde el Ministerio de Trabajo, Pérez Rey ha dejado claro que el resultado final de esta negociación será el que salga de la mesa tripartita, respetando “el compromiso” que el Gobierno de coalición asumió en su programa de rebajar la jornada laboral semanal a las 37,5 horas.

Esta reducción de la jornada, ha añadido el secretario de Estado, va a afectar a más de 12 millones de trabajadores y volverá a ponerse en marcha después de que la reducción del tiempo de trabajo que iniciaron los convenios colectivos “se acabara radicalmente en 2007, en la época de austeridad con el PP”. Desde entonces, ha dicho, “apenas se ha avanzado en la reducción de jornada” en una sociedad que ahora “valora más los cuidados, el tiempo libre, la productividad y la conciliación”.

Cumplimiento “escrupuloso” de la jornada y endurecimiento de sanciones

Pérez Rey ha señalado que ha encomendado a los agentes sociales que analicen de manera detallada, por sectores de actividad, cómo se puede avanzar en la reducción del tiempo de trabajo, una materia sobre la que entiende “que hay mucho de qué hablar”, algo en lo que también han coincidido los sindicatos, que quieren abordar también en esta negociación los descansos, los permisos retribuidos y las horas extras, entre otros temas.

“El debate se plantea en términos amplios. El objetivo es la reducción de jornada, pero se aborda el tiempo de trabajo y se abordan también los instrumentos necesarios para que esto no sea bisutería. (…) El Ministerio de Trabajo, desde luego, lo que no está dispuesto es a que nuestras normas, a que las normas que elaboramos con tanto esfuerzo, se conviertan luego en objetos de bisutería. Por lo tanto, hay que avanzar en la reducción de jornada y a la vez garantizar que esa reducción de jornada se cumple escrupulosamente, no sólo la que alcancemos en 2025, también la que tenemos hoy”.

De ahí que Trabajo haya incorporado a la mesa de diálogo social la modificación del registro horario para que sea más eficaz y para que esa reducción del tiempo de trabajo “la puedan disfrutar los trabajadores sin que haya ningún tipo de elemento o cortapisa o fraude”, ha abundado Pérez Rey.

En su opinión, las sanciones en materia de tiempo de trabajo contempladas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) “no son suficientemente disuasorias para evitar conductas incumplidoras”, por lo que endurecerlas “forma parte también de las perspectivas reformadoras” del Gobierno.

El secretario de Estado ha afirmado que las partes son conscientes de que no es lo mismo la jornada en unos sectores que en otros, de que hay sectores donde la jornada tiene particularidades y otros donde se ha avanzado mucho en materia de reducción de jornada y no se verían afectados por la rebaja a 37,5 horas.

 5.- LA REBAJA DE LA JORNADA LABORAL COSTARÁ 28.400 MILLONES A LAS EMPRESAS

Las líneas principales de la política de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, tienen un coste. Es el caso de la rebaja de la jornada laboral, sobre la que política gallega sostiene que no baja la productividad.

En el caso de aplicar una rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana, y considerando que afectaría a 12 millones de asalariados, como ella misma señaló en su comparencia en el Congreso de los Diputados de esta semana, el precio de la medida asciende, según los expertos consultados, a 28.400 millones de euros. Una cantidad que los empresarios pagarán de más por una prestación que dejarán de recibir al reducir las jornadas salariales 10 horas al mes.

En cualquier caso -explica el economista Diego Barceló Larrán -, es una merma que -como resultado hecho sobre un cálculo de una media de unos 2.000 euros al mes, con 14 pagas, más cotizaciones sociales incluidas- vendría a perjudicar fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas, que son prácticamente el 40% del total de este volumen de asalariados.

Un castigo más -señala Barcelón Larrán- que pesa sobre los empresarios y autónomos, que no solo tendrían que soportar esta nueva iniciativa de la dirigente de Sumar. Se añade además a la revalorización bilateral del SMI, con un 5% más que en 2023, gracias al acuerdo entre sindicatos y la dirigente de izquierdas.

Menos ingresos por la reducción de jornada En opinión del empresario y economista José Ramón Riera, «la reducción de la jornada va a traer muy serias y duras consecuencias, en primer lugar para las pymes con 10 menos trabajadores, que se pueden ver abocadas al cierre al tener que contratar a otra persona para poder hacer el mismo trabajo. Va a producir otra caída de la productividad inmediata, además de la que llevamos acumulada».

El conductor y responsable del canal de YouTube Si el Gobierno lo Permite añade que hay que tener en cuenta que «las medianas y grandes empresas que puedan, repercutirán los costes que supone esta reducción de jornada a sus precios para que sus márgenes no se vean deteriorados y eso implica otra subida generalizada de precios».

«Se mire por donde se mire -recalca Riera-, esta medida va a aumentar el paro por cierres patronales. No va a aumentar los ingresos fiscales del Estado y encima va a generar inflación».

Mientras crece la polémica por la deriva política de la cartera de Trabajo, la vicepresidenta segunda del Gobierno insiste en que la jornada de 37,5 horas semanales que quiere implantar para 2025 será el «suelo mínimo legal» para todos los trabajadores y beneficiará a 12 millones de asalariados que por ahora tienen una jornada superior a ésta.

Unos mínimos legales. En estos momentos, algo más de 1,6 millones de asalariados del sector privado y los tres millones de empleados públicos son los únicos que actualmente cuentan con una jornada semanal igual o inferior a las 37,5 horas a la semana, según detalló ayer la ministra.

Díaz admitió este miércoles en un acto que son pocos los convenios colectivos que hoy en día contemplan una jornada de 40 horas a la semana, situándose la jornada media pactada en convenio en 38,2 horas semanales para 2022.

Subrayando que el Ministerio «fomentará absolutamente la negociación colectiva», donde sindicatos y empresarios pactan las condiciones de los trabajadores, Díaz mantiene que «esto no obsta para que tenga que haber unos mínimos legales».

Se trataría, sostiene la dirigente de Sumar, de garantizar que el derecho a las 37,5 horas sea efectivo para los trabajadores que no están amparados por un convenio colectivo o que trabajan en sectores sin capacidad de negociación. Además, la reducción legal de la jornada a 37,5 horas garantizará ese «mínimo» en los procesos de negociación colectiva.

 El salario medio. Este miércoles, Icsa daba a conocer el Informe de Evolución salarial 2007-2023, donde el medio bruto de los empleados españoles se situó en 2023 en 26.406 euros (+8,8%), el de los cargos intermedios en 43.062 euros (-3,8%) y el de los directivos en 88.347 euros (+3,29%), según un estudio de Eada Business School e Icsa Grupo.

El estudio recoge 80.000 datos salariales validados estadísticamente de empleados por cuenta ajena en empresas privadas o públicas entre julio de 2022 y julio de 2023.

Según el análisis, el salario de los cargos directivos y de los empleados ha subido gracias a la consecución de los objetivos salariales -y su correspondiente bonus- y al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y a las mejoras de los convenios, respectivamente.

6.- ¿CÓMO PODER REDUCIR LA JORNADA?: 5 FÓRMULAS QUE YA SE APLICAN

El Gobierno empieza a negociar este jueves cómo cambiar una materia sobre la que desde 1983 que no interviene: la jornada laboral máxima. El Ministerio de Trabajo ha citado a patronal y sindicatos para abordar la manera mediante la cual pasar del actual tope de 40 horas semanales a 38,5 horas. Un camino que otros países europeos hace tiempo que han transitado y que tampoco es nuevo en España, ya que en algunos sectores de la economía hace tiempo que los agentes sociales han consensuado jornadas más reducidas.

Salir un poco antes cada día del trabajo, concentrar toda esa reducción en el último día de la semana, generar bolsas de horas para recortar cada cierto tiempo las semanas laborales, conceder más días de vacaciones en verano o permisos a lo largo del año son algunas de las fórmulas de las que ya gozan parte de los asalariados españoles.

La incidencia de un cambio de estas características no será menor. El 55% de los asalariados cubiertos hoy por un convenio colectivo operan bajo semanas laborales máximas que exceden las 38,5 horas, según los datos recopilados por el Ministerio de Trabajo. La dimensión coge todavía más magnitud cuando, en 2025, el objetivo sea llegar a las 37,5 horas semanales. Allí el 90% de los asalariados se verá afectado, según los mismos datos de Trabajo.

La amplia incidencia necesitará, según los distintos actores consultados para este reportaje, un amplio abanico de respuestas. “Debemos tener presente que cada sector, ocupación y profesión se organiza en muchos sentidos de manera diversa. Incluso dentro de la misma empresa, donde los horarios pueden ser y son, de hecho, distintos. No es lo mismo la atención al público, por ejemplo, que alguien que esté en servicios administrativos. No puede haber una formula impuesta”, apunta la profesora del departamento de dirección de personas y organización de Esade, Conxita Folguera.

 

Las recetas pueden ser diferentes, pero los beneficios de reducir la jornada, a tenor de otras experiencias en economías similares a la española, están claros, según explica la especialista en negociación colectiva y profesora de economía y empresa de la UB Patricia Elgoibar. “Trabajar menos horas mejora el rendimiento, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y reduce el estrés y el riesgo de ‘burnout’. Pero también es positivo para las empresas, ya que reduce el absentismo y mejora la capacidad de retener talento, lo que redunda en menos costes”, afirma.

Sobre lo segundo “falta algo de pedagogía”, reconoce, pero vale la pena, ya que los beneficios en países como Suecia, Reino Unido o Alemania, donde la negociación sectorial hace años que ha desplegados reducciones por debajo de las 40 horas, lo demuestra. “Más allá de la decisión política, hay evidencias científicas que nos demuestran que es posible y positivo”, concluye.

Salir cada día antes del trabajo

La fórmula más directa de aplicar una reducción de jornada es restar de cada uno de los días laborables unos minutos de jornada. Ya sea para salir antes o para entrar un poco más tarde. Algo que ya hacen algunas empresas y lo han conseguido sin grandes reestructuraciones, sino mediante la supresión de tradiciones que no siempre contribuyen a la productividad, como largas paradas para comer o descansos no pactados ni autorizados, como la clásica pausa del cigarrillo u organizar una tertulia entorno a la máquina del café, según apunta el director de relaciones laborales de Foment del Treball, Javier Ibars.

“No estamos en contra de una reducción de jornada, sino que esta sea de forma unilateral y generalizada”, apunta el dirigente patronal. El enfado de los representantes empresariales con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es notable y desde hace días que ella y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, intercambian dardos en público. “Si vas a una mesa donde ya está marcado el resultado ¿dónde está el diálogo social? Es como si vas al campo de fútbol y ya te dicen cuál es el final”, fue el último que le dedicó el vasco a la gallega.

Los expertos consultados apuntan, y los propios sindicatos lo reconocen, que la reducción de jornada será mucho más efectiva y fácil de aplicar si el acuerdo para ella es tripartito, en vez de contar con la oposición de las empresas.

 Salir los viernes antes

Los viernes a algunas oficinas, especialmente tras la pandemia, solo les falta una bola de heno cruzando entre los cubículos de lo vacías. En parte por el teletrabajo, en parte porque muchas empresas ya aplican horarios compactados que permiten a los empleados hacer alguna hora menos y salir a la hora de comer. Una fórmula que tiene mayor encaje en profesiones liberales, como despachos de arquitectos o de abogados, que no entre comerciantes que trabajan de cara al público o empleados de fábrica que operan a turnos y deben optimizar los ritmos de la maquinaria.

“La cuestión principal es que se acabe aplicando la reducción de jornada y que la gente la pueda disfrutar. Desgraciadamente en muchas empresas no se están cumpliendo las 40 horas semanales, aquí la normativa del registro de jornada es clave y disponer de más inspectores de Trabajo”, apunta  la secretaria de política sindical de la UGT de Cataluña, Núria Gilgado.

Hacer semanas más cortas cada cierto tiempo

Una opción más propia de trabajos en cadena y que ya aplican muchas fábricas son las bolsas de horas. En la industria muchas empresas trabajan según el ritmo de la maquinaria y la llegada de pedidos, además de teniendo en cuenta los costes de encender y apagar las líneas de montaje. Lo que provoca que, en ocasiones, salga más a cuenta trabajar nueve horas un mismo día, acumular una bolsa de horas y más adelante hacer semanas de cuatro días o menos.

Bajo esta fórmula es especialmente relevante la distribución a tiempo de los calendarios laborales, para así no enturbiar la conciliación laboral con semanas laborales muy diferentes y turnos rotatorios. También influye la prevención de riesgos, ya que jornadas diarias muy alargadas pueden ser peligrosas para la salud y hacer más probables los accidentes, por mucho que luego se descanse más tiempo. La secretaria de acción sindical de CCOO de Cataluña, Cristina Torre, recuerda que actualmente la jornada diaria máxima es de 9 horas, a menos que se pacte otra cosa por convenio, y que siempre se debe respetar las 12 horas de descanso entre una jornada y la siguiente.

Más días de vacaciones

Actualmente la mayoría de convenios colectivos estipula la jornada laboral ordinaria en un sector anualmente. Es decir, no se fija tanto si serán 40 horas a la semana o 38 horas, sino si serán 1.750 o 1.720 horas al año. Ello permite a las compañías redistribuir los tiempos de trabajo, especialmente en aquellas actividades más fluctuantes y con alto peso estacional. Por ejemplo, la construcción, que por temas climatológicos y de luz horaria no puede hacer las mismas horas en verano que en invierno.

Siguiendo con el ejemplo de la construcción, en la provincia de Barcelona la reducción a 38,5 horas semanales podría no tener incidencia, ya que el cómputo de horas al año ya es inferior a esa proporción. No obstante, seguro que la tendría cuando se baje a 37,5 horas, ya que ahí sí que anualmente la proporción actual estipulada en el convenio quedaría por encima. Una opción que actividades de este tipo dan a sus empleados para reducir la jornada son más días de vacaciones (pagadas), especialmente en aquellos periodos donde no se puede trabajar.

Más días de permiso retribuido

Otra opción en vez de dar más días de vacaciones a gastar en fechas señaladas puede ser dar días de permisos retribuidos a gastar cuando el empleado convenga. El sector del metal de Barcelona, por ejemplo, pactó en su último convenio introducir un permiso retribuido de libre disposición de 12 horas al año, a escoger por el beneficiario y sin necesidad de justificar.

Aunque no solo la mera jornada máxima influye en esa conciliación, sino también la distribución de la misma. Por ejemplo, en las grandes marcas del textil o de supermercados es habitual que muchos trabajadoras (ya que la mayoría son mujeres) hagan menos de 40 horas a la semana, pero trabajen seis de los siete días. Lo que supone un claro obstáculo a la conciliación.

Y es que la filosofía que viste la reducción de la jornada es mejorar el equilibrio entre la vida personal y profesional de los trabajadores. Ya que la literatura académica sobre el tema coincide en que a menor tiempo dedicado al trabajo, más tiempo le dedican los ocupados a sus familiares o sus aficiones, lo que redunda en más felicidad y mejor salud mental. Esta fue una de las conclusiones destacadas, por ejemplo, de los pilotos alrededor del mundo de la semana laboral de cuatro días.

7.- CONTROL HORARIO DE LA JORNADA: LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL GOBIERNO. UN COLADERO PARA EL FRAUDE CON CONSECUENCIAS GRAVES

Con el fin de intentar reducir el fraude en la contabilidad de las horas trabajadas y regularizar el pago de las horas extra, el Gobierno, a instancias de la UE, impuso cambios en el Estatuto de los Trabajadores obligando a las empresas a llevar un registro de horarios de cada empleado.

El problema es que la legislación no establece un mecanismo concreto para llevar a cabo este control horario, y dejaba en manos de las empresas la elección del sistema de registro que mejor se adaptara a sus necesidades sin control alguno sobre su fiabilidad. La modalidad más habitual ha sido el registro manual en papel fácilmente manipulable, pese a que existen sentencias de la Audiencia Nacional que invalida este sistema. La Inspección de Trabajo solo ha podido abrir diligencias con los casos más evidentes de falseamiento de control horario.

Esto ha dado a origen a manipulaciones y falseamientos en los registros del control horario, tanto por parte de los empleados, para justificar unas jornadas que en realidad no cumplían, como por parte de las empresas para ajustar unas jornadas laborales ficticias a lo pactado en el contrato laboral.

El control horario de nuevo sobre la mesa de negociación. El gobierno ha convocado a sindicatos y patronal para negociar la forma en la que se aplica la reducción de jornada. Uno de los puntos a tratar va a ser la mejora en los controles horarios para asegurar que se aplica la reducción de jornada. Entre las medidas que el ejecutivo pone sobre la mesa es la imposición de un control horario digitalizado al que tenga acceso telemático la Inspección de Trabajo.

Fraudes de los empleados. Algunas empresas han dejado en manos de los empleados el control de horario a través de plataformas online y aplicaciones instaladas en los móviles de los empleados.

 

El falseamiento del registro horario por parte del empleado supone un abuso de confianza en el desempeño del trabajo y una transgresión de la buena fe contractual. Esta vulneración habilita a la empresa a tomar medidas sancionadoras que se contemplan tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el convenio colectivo. En función de la gravedad del fraude, este podría ser motivo de despido procedente para el empleado.

Fraudes de las empresas. Dado que es responsabilidad de la empresa asegurar el registro de la jornada laboral para evitar superar los límites en el número anual de horas trabajadas, resulta especialmente grave la manipulación del control horario por parte de las empresas. En este supuesto, es el trabajador que detecte la irregularidad quien debe denunciarlo ante la Inspección de Trabajo.

Si el falseamiento se lleva a cabo después de haber firmado la jornada laboral, deben solicitarse las copias del registro de horario a la empresa y aportarla como prueba junto a una denuncia ante la Inspección. Por otro lado, si la manipulación se realiza antes de la firma del trabajador, este debe negarse a firmar el registro hasta que no se corresponda con la jornada real realizada.

Sanciones de entre 60 y 187.000 euros con blindaje contra despidos. Si la Inspección de Trabajo confirma que se ha manipulado el registro de la jornada, la empresa puede enfrentarse a sanciones que van desde los 60 euros para las faltas administrativas muy leves, hasta más de 187.000 euros para los casos más graves. En 2022 se cursaron más de 11.000 expedientes sancionadores por infracciones en el registro horario con un importe medio de 1.070 euros.

Para evitar represalias, la empresa no podrá despedir al empleado que denuncie una irregularidad ante la Inspección de Trabajo sin una causa procedente, y el despido será considerado como nulo, existiendo una sentencia en firme al respecto que sirve como jurisprudencia.

8.- YOLANDA DÍAZ ELEVARÁ LAS MULTAS A LAS EMPRESAS POR ENCIMA DE LOS 10.000 EUROS POR INCUMPLIR EL REGISTRO HORARIO

El Ministerio de Trabajo actualizará la tabla de sanciones «porque no son suficientemente disuasorias». Las multas podrían dispararse al aplicarse por cada trabajador gracias a la reforma laboral

Una de cal y otro de arena o la fábula de la zanahoria y el palo. Esa parece ser la nueva estrategia que desde ayer parece haber puesto en práctica la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A la concesión a CEOE y Cepyme de su petición de mantener una negociación bipartita con los sindicatos para negociar la reducción de jornada hasta las 37,5 horas –eso sí, bajo la lupa ministerial–, le siguió la advertencia por parte del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, de que elevarán las sanciones sobre las empresas que incumplan la nueva normativa que se apruebe.

Así, Pérez Rey ha dado manga ancha a los agentes sociales en la configuración de la reducción de jornada, pero les puso como condición incorporar a la mesa la modificación del registro horario «para que sea más eficaz» y para que esa reducción del tiempo de trabajo «la puedan disfrutar los trabajadores sin que haya ningún tipo de elemento o cortapisa o fraude». Y para garantizarlo avisó de que ya está preparando un nuevo baremo sancionador para las empresas que incumplan este registro. Según justificó, las sanciones en materia de tiempo de trabajo contempladas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) «no son suficientemente disuasorias para evitar conductas incumplidoras», por lo que endurecerlas «forma parte también de las perspectivas reformadoras» del Gobierno.

Desde el 12 de mayo de 2019 es obligatorio el registro diario de la jornada de los trabajadores, que debe incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. En caso de incumplimiento, la cuantía de la sanción puede ir desde los 751 euros, si es considerada leve, o llegar a los 7.500 euros, si llega a calificarse como grave. Esto en el caso de que se sancione directamente a la empresa. Pero el cambio de criterio efectuado en la reforma laboral de Yolanda Díaz habilitaría a que las multas pudieran efectuarse por cada trabajador de la empresa. En este caso, la horquilla sancionadora oscila actualmente entre los 1.000 y los 10.000 euros. Ese es el baremo que pretende actualizar al alza el Ministerio de Trabajo. Es decir, que cada incumplimiento del registro podría conllevar una multa por encima de los 10.000 euros por cada incumplimiento en el caso más grave, informaron a LA RAZÓN fuentes de la Inspección de Trabajo. Por tanto, si en una empresa se detectan 10 incumplimientos, el castigo superará los 100.000 euros.

Tal vez por ello, para no tensar demasiado la cuerda de nuevo, Trabajo decidió ayer aceptar el diálogo bipartito entre patronal y sindicatos para negociar la reducción de jornada, aunque, «naturalmente, el Gobierno caminará de manera paralela a los interlocutores sociales para ver cuáles son los avances de ese diálogo bipartito y cómo vamos avanzando en esta línea de alcanzar en 2025 el objetivo del programa de coalición, que es bajar a las 37,5 horas en 2025», avisó Pérez Rey, que también dejó subrayado durante la reunión cuáles son sus objetivos finales para controlar que las compañías cumplen con la normativa que se apruebe. «Queremos que el registro horario sea un instrumento eficaz que permita a la Inspección de Trabajo actuar de manera contundente y práctica en todos aquellos sectores donde se producen los incumplimientos».

Así, el Ministerio ya trabaja en un plan integral de aplicación de la nueva normativa, que incluye un programa especial de control del registro horario en las empresas. Sin embargo, fuentes de la Inspección de Trabajo confirmaron a LA RAZÓN que la aplicación de un plan especial de actuaciones en este sentido «será imposible con los recursos actuales. Llevamos años reclamando que se mejoren los efectivos de la Inspección y hemos sido ignorados. Solo hemos recibido más trabajo, pese a que está firmado por la propia ministra en el Plan Estratégico. Si ahora nos piden más actuaciones, no será posible llevarlas a cabo». El Departamento que dirige Díaz se ha limitado a asegurar que «ahora mismo, no se estima que se vaya a aprobar un refuerzo de plantilla para llevarlo a cabo. Todavía es pronto».

Desde la patronal se sigue demandando que «no aceptaremos que venga una señora a imponernos su criterio porque es su hito y medida estrella». También volvieron a recalcar el error de base de esta negociación «de que se plantee de manera generalizada. No decimos que no se puede reducir la jornada, sino que debe negociarse sector a sector».

9.- SIN AUMENTOS DE LA PRODUCTIVIDAD NO ES POSIBLE LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

Estos días asistimos a un nuevo mantra que, si fuera malpensado, sospecharía que busca endulzar los oídos de la sociedad, actuar como cortina de humo sobre otros problemas y todo ello sin preocuparse realmente por las consecuencias a largo plazo. Pero como no lo soy, lo trataré como una iniciativa motivada con un único interés, que es mejorar el bien común. Dante ya habló en su día de la relación entre la buena voluntad y el dolor, y cómo por sí sola la buena voluntad asfaltaba el camino hacia el infierno.

El lunes despertamos con los datos de una encuesta según la cual 2 de cada 3 trabajadores estarían de acuerdo con rebajar su jornada laboral a 37,5 horas manteniendo el salario actual. No sé en qué estaría pensando el tercio restante, o cómo debe molar su espacio laboral, o quizá simplemente no creen en los Reyes Magos. Al día siguiente, justo cuando se lanzaba un estudio según el cual la productividad de las pequeñas y medianas empresas cayó en el tercer trimestre de 2023 un 0,9%, la ministra del ramo impulsaba de nuevo la campaña sobre la necesidad de reducir la jornada laboral manteniendo el nivel salarial porque “hay que ganar tiempo para la vida”. No está de más recordar que el tiempo es dinero, y que su relación depende de un factor obviado: la productividad. La productividad es a la competencia empresarial lo que la cimentación a un edificio.

En España tenemos un enorme problema de productividad, que es como se genera más riqueza con un consumo menor de recursos como, por ejemplo, el tiempo. Pueden ser múltiples las razones de este problema, y de hecho lo son y muy profundas. Pero una de ellas está anclada en el tamaño medio de nuestras empresas.

Mientras no se incentive el crecimiento del tamaño medio de las compañías españolas, el tamaño lastra el factor de productividad. Lo vemos claramente en nuestro sector, el comercio profesional de productos para construcción, rehabilitación y la reforma, conformado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas. Pero, en general, en casi todos los sectores de la economía española conviven grandes compañías en un ecosistema de pequeñas y microempresas.

Y nuestro mayor problema es cómo apoyar el desarrollo competitivo cuando la productividad por empleado frente a grandes compañías es un -38,5% inferior. Y cuando estas grandes compañías multinacionales de distribución hacen uso de su poder de mercado incumpliendo de un modo sangrante por ejemplo los plazos de pago a proveedores. Así, las necesidades operativas de fondos se sitúan en -76,15 días mientras que la pyme española en 235. Es decir, unos se financian de los proveedores y conquistan mercado con buena gestión y malas artes, y otros están obligados a sobrevivir sin poder competir en condiciones únicamente de buena gestión. Todo ello, ajustado en el tiempo, deriva en procesos de concentración de mercado que perjudican a todos, empresarios, trabajadores y consumidores.

Más datos: al existir leyes comerciales que permiten la apertura de los establecimientos hasta 90 horas durante el conjunto de días laborables de la semana, una reducción de la jornada a 37,5 horas supondría en la práctica una subida salarial encubierta equivalente al 6,25%. En un contexto de pérdida de productividad, tensiones inflacionarias, subida de costes financieros y un muy enrarecido entorno económico, una medida así parece inasumible si no queremos pagar un alto precio social.

Por cierto, también la productividad tiene que ver -y muy especialmente en el segmento pyme-, con el creciente coste que las cargas administrativas y regulatorias imponen sobre las empresas. Recomiendo el trabajo reciente de Mora-Sanguinetti sobre el efecto pernicioso de los excesos regulatorios sobre las empresas. Desde 1995 y hasta 2020 se han aprobado más de 200.000 regulaciones en España. Cualquier persona necesitaría vivir 550 años para aprender cada día este inmenso laberinto normativo. Algo falla en nuestra construcción administrativa, y es cierto que a mayor complejidad del mundo que nos rodea mayor es la tentación a dejarnos guiar por el pensamiento mágico. Y este es el germen del populismo. Y este debate se basa en magia: no hay estudios rigurosos en España que lo refuercen o tracen una senda creíble sobre cómo alcanzar el objetivo.

En este contexto, en el que la falta de productividad de las pymes marca nuestra debilidad como economía competitiva, hablar sin análisis, sin evidencia, sin estudios objetivos comparados… en los términos en los que se está lanzando el debate es un insulto a empresarios y trabajadores. Y es, además, un golpe de gracia para muchas pequeñas empresas cuyo espacio en el mercado será absorbido por compañías muy grandes, generando crecientes tensiones de concentración. La gran debilidad de España es que el peso de las empresas medianas es apenas representativo. O muy grandes o muy pequeñas.

Lo primero que se requiere es generar un marco de incentivos que estimulen al emprendedor para apostar por vías que conduzcan a un crecimiento del tamaño medio empresarial. El contexto generacional en el que nos encontramos podría ser una ventana de oportunidad para ello, por cierto. La consolidación de empresas de tamaño medio es la palanca que permitirá generar incrementos del factor de productividad vía inversión en tecnología y procesos. Y esto además no va de hacer tabla rasa, hay un componente sectorial que requeriría definir el marco mínimo de productividad por empleado según sectores. Estamos sin duda en una fase de transformación, y la misión de las administraciones debe ser apoyar la adaptación. Esta medida así a las bravas está mucho más cerca del concepto de destrucción creativa. Sobre todo, destructiva para la pyme.

Un plan que incentive al empresario para ello, y también al trabajador. Ya que este objetivo requerirá la adaptación de todas las partes. A partir de ahí podría tener sentido valorar iniciativas como la planteada. Pero mientras la política vaya de lanzarnos flores, difícilmente avanzaremos. Y las flores al cabo de unos días marchitan.

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