Casandra y las pensiones

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El síndrome de Casandra es aquella situación en la que alguien predice un hecho certero pero sin que nadie le crea. Se habla de ese síndrome cuando no nos atrevemos a ser sinceros por las consecuencias que puede tener. Casandra era una sacerdotisa del templo del dios Apolo. Éste, para conseguir su amor, le ofrece el don de la profecía. En el momento que recibe la capacidad de adivinar el futuro, Casandra rechaza a Apolo, lo que lleva al dios a vengarse de su amada incluyendo en el don otra característica: nadie creerá sus pronósticos. Casandra vaticinó la caída de Troya, pero nadie le dio crédito; previó su propia desgracia, pero tampoco pudo evitarla. A los autores de este artículo el mito de Casandra se nos viene a la cabeza cada vez que explicamos el futuro de las pensiones en España.

El sistema de pensiones es uno de los grandes éxitos de nuestro Estado del Bienestar porque ha conseguido que la vejez no sea sinónimo de pobreza. Las sociedades avanzadas organizaron en los últimos años del siglo XIX sistemas para garantizar que cuando las personas dejaran de trabajar a causa de la edad dispusieran de, al menos, una renta básica mensual. Entre otros aspectos se fijaron los 65 años como la edad para dejar de trabajar. Pero hoy el problema en todos los países avanzados es de fondo y se resume en cómo adaptarse a las tendencias demográficas para seguir ofreciendo pensiones adecuadas.

A principios del siglo pasado apenas una persona de cada cien llegaba a los 65 años; hoy son nueve de cada diez. En España, en 2030 el 25% de la población tendrá derecho a una pensión porque superará los 65 años, de manera que la previsión es que en 2050 cada trabajador tendría que sostener a un pensionista. Exactamente un pensionista por cada 1,34 trabajadores.

En la Alemania de Bismarck –el primer país que puso en marcha el actual sistema de pensiones– se estimaba como mucho una supervivencia de una década. Hoy la esperanza de vida germana pasados los 65 años supera los veinte. En España, conforme a datos del INE, los años efectivos de percepción de la pensión superan los 23. De hecho, según BBVA, en España todas las aportaciones al sistema público de pensiones que ha hecho un trabajador que se jubile ahora mismo se agotan tras doce años de pensión, cuando le quedarían, conforme a su esperanza de vida, otros nueve de vida.

Como Casandra, los autores de este artículo queremos atrevernos a decir la verdad, aunque esperamos tener más predicamento que la joven helena. Las pensiones cada año serán más bajas y de una tasa de reposición menor. Es decir, en un par de décadas el porcentaje del último sueldo que cubrirá la pensión pasará del 80% actual a un 50% de éste.

Pero aún estamos a tiempo de revertir este proceso si aplicamos dos soluciones. Por una parte, incrementar la tasa de ahorro de los españoles y, por la otra, atender la necesidad de extender en parte el período de vida laboral.

Si asumimos que las pensiones públicas irremediablemente serán más bajas, la gran mayoría de la población tendrá un serio problema ya que sólo tiene esa fuente de renta en su retiro. Pero existe una medida para garantizar el nivel de vida de las personas tras su jubilación, y es diversificar las fuentes de renta de los futuros jubilados cuando tienen capacidad de ir acumulando. Es decir, mientras todavía trabajan.

En resumen, habrá que ahorrar más. En este sentido, la mayoría de los países de nuestro entorno ha ido creando mecanismos de ahorro, más o menos obligatorios, para que grandes capas de la población vayan constituyendo un patrimonio complementario a la pensión pública.

España es uno de los pocos que aún no lo ha hecho. Este retraso no es inocuo. A lo largo de toda la vida laboral cada mes un español está ahorrando cien euros menos que un sueco, alrededor de ochenta menos que un británico o un holandés y 44 menos que un ciudadano que viva en Francia.

No es una quimera conseguirlo. En nuestro país, en Gipuzkoa, la exitosa experiencia de Geroa, con los planes de pensiones de empleo, nos anima a defender estos pilares alternativos de ahorro. De hecho, hoy dos de cada tres trabajadores de ese territorio se benefician de una pensión complementaria a la pública que les iguala en ingresos para la vejez con sus vecinos franceses.

Trabajar más es la segunda medida que, como Casandra, nosotros nos atrevemos a reivindicar también en esta reflexión. No hablamos solamente del desplazamiento progresivo de la edad de retiro hasta los 67 años que la mayoría de los países europeos están implementando. Nos referimos también a la necesidad de parar el edadismo, o la discriminación que sufren los mayores en el mercado laboral. Si conseguimos revertir ese proceso y acercarnos a tasas de actividad de los trabajadores mayores de 55 años equivalentes a economías como Nueva Zelanda o Suecia, no solo conseguiremos mayores ingresos para afrontar el futuro, sino una economía más grande que soporte mejor nuestro sistema del bienestar.

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