La reforma de las pensiones aprobada por el actual Gobierno está pendiente de ser evaluada por la Comisión en el marco del cuarto pago de fondos UE, pero el Ejecutivo cuenta con su aval
“Volver a vincular las pensiones a la inflación plantea riesgos adicionales de sostenibilidad fiscal para el futuro, aunque en la legislación relativa a este ámbito se prevén 11 acciones específicas para compensar el impacto de posibles mayores gastos”. Los técnicos de Bruselas reflejan sus dudas sobre el impacto que tendrá la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno, que ha provocado que las pensiones se revaloricen con el IPC del año anterior durante los últimos tres años (desde 2022), coincidiendo con una inflación histórica.
Es justo ahora cuando la Comisión Europea tiene que evaluar la reforma de las pensiones, que se inició en 2021 con una primera parte y se completó en marzo de 2023, pues es una de las condiciones para recibir el cuarto pago de fondos europeos que ya ha solicitado España. El Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende desde su aprobación que cuenta con el aval de Bruselas, aunque este periódico ya informó de que éste es sólo político, ya que los técnicos han suspendido la reforma.
En el informe publicado este lunes sobre las vulnerabilidades macroeconómicas de España, la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea advierte de que España se enfrenta a un incremento de la deuda pública, que ya está en niveles elevados, y debe atajar la situación con medidas. En este sentido, por el lado del gasto, menciona las pensiones y el “riesgo adicional” que supone la vinculación de la revalorización anual de las nóminas con la inflación.
“Por el lado del gasto, España comenzó a implementar las recomendaciones esbozadas en las revisiones del gasto llevadas a cabo por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que tienen como objetivo mejorar la eficiencia del gasto público. La estrategia nacional para hacer la contratación pública más eficiente y sostenible se adoptó a finales de 2022. Por el contrario, volver a vincular las pensiones a la inflación plantea riesgos adicionales de sostenibilidad fiscal para el futuro, aunque en la legislación relativa a este ámbito se prevén 11 acciones específicas para compensar el impacto de posibles mayores gastos”, comentan.
La propia AIReF ya enmendó el pasado 24 de marzo de 2023 la reforma de pensiones impulsada por su expresidente, José Luis Escrivá, por disparar el déficit y no asegurar la sostenibilidad. Consideró que los gastos adicionales en los que incurrirá el sistema prácticamente duplicarán el incremento de ingresos previsto. Esto hará, según la autoridad fiscal, que se incremente el déficit público en 1,1 puntos del PIB en 2050 y en otro punto en 2070, disparando la deuda hasta el 186% del PIB.
Un sobrecoste de 25.000 millones
Las dos últimas subidas han generado un sobrecoste de 25.000 millones, elevando el gasto total hasta los 198.700 millones. En enero de 2023 se aprobó una subida del 8,5% para las 10 millones de pensiones contributivas que había en el país, lo mismo que subió la inflación el año anterior. Sólo esta medida acarreó un sobrecoste de 13.000 millones (hasta los 165.000 millones, una factura que luego se vio incrementada hasta los 168.000 millones por otros factores como el aumento en el número de beneficiarios y el hecho de que los que entran al sistema tienen derecho a pensiones más elevadas que los que causan baja).
A esto hay que sumar las casi 700.000 pensiones en clases pasivas, que también se revalorizaron un 8,5% y elevaron la factura en 1.600 millones (hasta los 20.500 millones anuales). Finalmente, las 450.000 pensiones no contributivas subieron un 15%, con un coste ‘extra’ de unos 500 millones (hasta los 3.200 millones). En conjunto, la revalorización de las pensiones en enero de 2023 ya supuso un gasto adicional superior a los 15.000 millones, elevando el gasto total en pensiones hasta los 190.000 millones de euros.
Este mes de enero el Gobierno también aprobó la subida de las pensiones contributivas y las de clases pasivas en un 3,8%, conforme a la inflación media del año anterior. Esto tendrá un coste anual de 6.600 millones (5.900 millones por las contributivas, que alcanzarán los 174.000 millones; y 720 millones por las pasivas, que alcanzarán los 21.300 millones). Las no contributivas, como en enero de 2023, han subido casi el doble, un 6,9%, lo que generará un gasto extraordinario de 200 millones, hasta los 3.400 millones.
La amenaza a futuro de las pensiones
Sin embargo, lo peor está aún por llegar. Los pronósticos de la AIReF parten de un escenario base en el que España alcanzará 50,3 millones de habitantes en 2050 y 52,1 millones en 2070, con el envejecimiento de las cohortes de población nacidas en los años 60 y mediados de los 70 del siglo pasado, las reducidas tasas de fecundidad de las últimas décadas y el aumento de la longevidad.
Ante este escenario, la AIReF calcula que el gasto en pensiones empezaría a acelerarse especialmente a partir de 2035, y alcanzaría su máximo en 2049, con el 14,8% del PIB para las pensiones del sistema de Seguridad Social y del 16,3% incluyendo pensiones no contributivas y de clases pasivas. De hecho, la presión de la generación baby boom, aquellos nacidos entre 1958 y 1977, empieza a notarse y ya se jubilan cada año alrededor de 150.000 personas. En total hay 7 millones de jubilados y se espera que alcancen los 15 millones al final del periodo.
Esta es la situación que tendría que hacer sostenible la reforma de las pensiones con medidas de ingresos que compensen el fuerte incremento del gasto. El Real Decreto-ley 2/2023 sitúa en el 15% (13,3% si se restan las medidas de ingresos) el umbral por encima del cual se activaría el mecanismo corrector para situaciones de desvío de la senda prefijada de sostenibilidad en forma de más subidas de cotizaciones sociales (u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o reducir el gasto en pensiones).
Sin embargo, el Ministerio de Inclusión hizo público el 10 de octubre el informe de proyecciones del gasto público en pensiones, la última exigencia del hito de la reforma. En él plantea que el crecimiento económico medio será del 2% y prevé que el gasto medio en pensiones sobre PIB en el periodo 2022-2050 se situaría por debajo del umbral del 15%: será del 14,2% (del 12,4% corregido por el incremento de ingresos).
Además, el Gobierno ha pedido a Bruselas que, a la hora de evaluar el gasto de las pensiones, tenga en cuenta la actualización del PIB llevada a cabo por el INE en septiembre de 2023. Según Inclusión, el nuevo PIB permitiría que la proyección de gasto en pensiones promedio entre 2022 y 2050 baje del 14,2% al 13,6% (11,9% con el reforzamiento de los ingresos), lo que se traduce en una media de 8.000 millones más al año y cerca de 224.000 millones de colchón en total.
Fuente: Vozpopuli Bruselas alerta: “La vinculación de las pensiones a la inflación plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal” (vozpopuli.com)
