El alza de cotizantes brinda un alivio temporal a la Seguridad Social
Es uno de los indicadores con menor repercusión mediática y, sin embargo, supone uno de los mejores termómetros para medir la sostenibilidad financiera del Sistema: la tasa de dependencia de las pensiones. Este índice relaciona el volumen de afiliados por cada pensionista, es decir, el porcentaje de personas inactivas respecto al porcentaje de población en edad de trabajar, o lo que es lo mismo, cuántos trabajadores hay en el mercado para sufragar la prestación de un pensionista. En este punto, llegan las buenas noticias para el Sistema, ya que esta proporción se ha incrementado en el presente ejercicio hasta niveles no alcanzados desde 2012, con una ratio de 2,3 afiliados por pensionista, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social correspondientes a la nómina de pensiones del mes de marzo de 2019, desde los 2,17 registrados a cierre del pasado año.
Esto quiere decir que solo en los cuatro meses que han transcurrido de año, la ratio se ha incrementado en 0,13 puntos gracias a un mayor avance de la afiliación que el incremento registrado por el saldo entre las personas que acceden y salen del sistema de protección de las clases pasivas. Esto, de entrada, supone una buena noticia toda vez que supone un indicador de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social en el largo plazo.
De hecho, la tasa de dependencia es un indicador crucial, más si cabe en un sistema de pensiones de reparto y de solidaridad intergeneracional en el que las aportaciones a la Seguridad Social a través de las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales sufragan la nómina de pensiones actual. Tal y como se aprecia en la infografía la conocida como tasa de dependencia de las pensiones tocó su pico en 2007 cuando había hasta 2,53 afiliados sosteniendo a cada pensionistas. Sin embargo, con la llegada de la crisis se aprecia como la relación languidece año tras año, hasta llegar al suelo en el año 2013 cuando solo 1,93 ocupados sufragaban con sus cotizaciones a cada beneficiario del sistema público de protección de las clases pasivas, como producto de la destrucción masiva de puestos de trabajo y el paralelo avance de la mas de pensionistas españoles. Un fenómeno que se vio agravado por el hecho de que al mismo tiempo esas personas que pasaban a ser beneficiarios de una pensión de jubilación o de otro tipo de prestación de carácter contributivo implicaban un mayor gasto para las arcas de la Seguridad Social, al recibir pagas de mayor cuantía.
En este sentido, según los expertos económicos, el equilibrio en los sistemas de reparto es difícil de sostener cuando la relación entre afiliados y pensionistas es menor a 2. Pero esta relación no depende solo del desempeño del mercado de trabajo en términos de oferta de empleo, sino que también atiende a cuestiones demográficas que condicionan de igual manera esta relación.
De este modo, el invierno demográfico en el que se adentra España es uno de los puntos más disruptivos a la hora de configurar las medidas para la reforma que garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) apunta en sus informes que actualmente el 20% del porcentaje de la población que actualmente tiene más de 65 años, un nivel que alcanzaría al 40% de la población, que tendrá más de 65 años en 2050 y que también pasará al 15% en el caso de mayores de 80 años, cuando estos hoy no superan el 6%. Es decir, que una tendencia en la que la sociedad es cada vez más mayor, con una esperanza de vida que es la segunda mayor del mundo por detrás de Japón y que va en aumento, se compromete la capacidad financiera de la Seguridad Social ya que al mismo tiempo merma la población más joven, en edad de trabajar, que son los que aportan dinero al Estado.
