AUTÓNOMO DEL COMERCIO: CERRAR “A LA ESPAÑOLA”: EL PERSIANAZO

Tras casi un año de azote pandémico se puede observar, cada vez con mayor nitidez, la existencia de multitud de negocios cerrados cuya cara al exterior es una fría persiana bajada.

Muchos empresarios han visto como única alternativa el cierre de sus establecimientos, ya sea de forma temporal o bien de forma definitiva, sin que las ayudas y medidas adoptadas por el Gobierno hayan sido suficiente para mantener activos estos negocios y, en definitiva, abiertos de cara al público.

 

 

En la mayoría de ocasiones, esta decisión del empresario viene acompañada de otra difícil disyuntiva, que es la de atender las obligaciones corrientes asumidas por el mismo, como son el pago de la renta del local regentado, así como el pago a los proveedores. Pues bien, no son pocas las ocasiones en las que se opta por, a la vez que se procede al cierre del establecimiento, proceder al incumplimiento de todas las obligaciones pendientes hasta la fecha. Este fenómeno, en el argot empresarial y jurídico, se denomina “dar el persianazo”.

 

Así pues, con la legislación actual, el empresario, como administrador de la sociedad que regentaba el negocio, podría ser responsable personalmente por una doble vía.

 

En primer lugar, una responsabilidad directa y objetiva, en caso de que, conforme a lo previsto en la legislación societaria, su sociedad se encontrara en causa de disolución, respondiendo solidariamente junto a la misma de las deudas contraídas desde el acaecimiento de dicha causa.

 

La segunda vía, menos directa y objetiva, es una posible responsabilidad del empresario por los daños causados directamente sobre los acreedores al no haberse procedido a la correcta y ordenada liquidación de la sociedad.

 

Esta segunda vía ha sido analizada por nuestro Tribunal Supremo (STS nº 472 de 16 de julio de 2016) que ha establecido una serie de requisitos para que sea imputada responsabilidad directa al empresario, requisitos que en suma pueden resumirse en la existencia de incumplimiento de las obligaciones de pago por parte del empresario, la existencia de un perjuicio causado a sus acreedores y nexo causal entre el incumplimiento y el perjuicio causado, es decir, acreditación de que, de haberse procedido a la liquidación ordenada del negocio, podrían haberse atendido todas o parte de las obligaciones.

 

Pese a la dificultad probatoria, no son pocos los casos que se resuelven a favor de los acreedores y en contra del empresario, imputándole responsabilidad personal y respondiendo con su patrimonio al quedar acreditado que la situación de insolvencia e impago se vio agravada por el cierre del negocio, siendo que, de haberse procedido con una liquidación ordenada, el acreedor en cuestión podría haber visto satisfecha su deuda.

 

Así pues no parece que el persianazo sea la mejor alternativa, por el riesgo que corre el empresario de ver afectado su patrimonio personal y lo oportuno, y prudente, es una ordenada liquidación del negocio, previa o simultáneamente al cierre del mismo, todo ello en aras de intentar atender el pago a la mayor parte de los acreedores y así quedar indemne en caso de que no pueda atenderse a parte o la totalidad de los mismos.

Fuente: Expansión

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