Aún hay margen para que el Congreso valide recomendaciones sobre pensiones

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La portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Mercè Perea, ha señalado a EFE que todavía “es factible llegar a un acuerdo” ya que las recomendaciones para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones están casi cerradas.

“Es la mejor noticia que podría tener este país”, ha afirmado en referencia a que el Pleno del Congreso avale la vuelta al IPC para revalorizar las pensiones después de que la recomendación número dos que garantizaba esta subida anual conforme a la inflación real fuera apoyada por todos los partidos políticos a excepción de ERC.

La recomendación segunda insta a subir las pensiones en base al IPC “real” (la media de la inflación anual) y deja claro que el vigente índice de revalorización ligado al 0,25 % aprobado por el PP “no goza de suficiente consenso político y social”.

No obstante, el Real Decreto que sube las pensiones generales el 1,6 % este año y establece el pago de una compensación por desvío según la inflación, no contempla la derogación expresa del índice del 0,25 % ni la del Factor de Sostenibilidad ligado a la esperanza de vida.

La portavoz socialista ha señalado que hasta el 5 de marzo hay tiempo para que la Comisión del Pacto de Toledo pueda cerrar sus recomendaciones y pasar a votarse en el Pleno del Congreso la última semana antes de la disolución de las Cortes Generales.

También habría margen para que el Ejecutivo pudiera aprobar en próximos Consejos de Ministros un Real Decreto que derogara el índice de revalorización del PP con el fin de volver al IPC real.

De hecho, si el Ejecutivo aprueba este Real Decreto, aunque las Cortes Generales estuvieran suspendidas, la Diputación Permanente está habilitada para resolverlo y votar su convalidación o derogación en el plazo de 30 días, tal como afirma el artículo 86.2 de la CE.

“Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario”, afirma el texto.

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